Las Provincias

Jorge Rodríguez le declara la guerra al Clan de Gandia

Rodríguez le declara la guerra al Clan de Gandía
  • El intento de situar al marido de la consellera de Sanidad al frente de la empresa provincial Egevasa fue el detonante de la ruptura

Los primos nos quieren matar». La afirmación no pertenece a ningún diálogo de El Padrino, aunque Francis Ford Coppola la podría haber incorporado sin ningún inconveniente. La frase pertenece a un estrecho colaborador de Jorge Rodríguez, el presidente de la Diputación de Valencia. Y los primos, que lo son en realidad, son el vicesecretario de Organización del PSPV, Alfred Boix, y José Manuel Orengo, durante mucho tiempo también dirigente de los socialistas valencianos. Boix y Orengo encabezan lo que, en el seno del PSPV, se conoce como 'el clan de Gandia'. Y ni que decir tiene que esa referencia a la muerte no es real. Nadie piensa en que al número dos del PSPV, y mano derecha de Ximo Puig, y al exalcalde de Gandia y actual contratado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) se les haya pasado ni remotamente por la cabeza algo así. Lo que pretende el comentario es definir el estado de las relaciones entre el máximo responsable de la institución provincial y, digámoslo aquí, el círculo más íntimo de Ximo Puig. La muerte, en todo caso, sería política. Y de eso sí que hay.

Las relaciones entre la corporación provincial y la sede de los socialistas valencianos -separadas físicamente por 200 metros escasos- se han deteriorado a la carrera. La luna de miel que José Manuel Orengo debió de vaticinar cuando el alcalde de Ontinyent fue designado candidato a presidir la Diputación, siempre con las debidas prevenciones a las que obliga el hecho de situar en una institución «con dinero» a un compañero de partido con aspiraciones, hace tiempo que pasó a ser historia.

Todo iba bien, más que bien, incluso. Ximo Puig pronto descubrió que la caótica situación financiera de la Generalitat, con una deuda inasumible, un Gobierno central apretando la llegada de oxígeno con el FLA, un gasto comprometido tremendo y una administración de un tamaño excesivo, requería de soporte financiero. Y la Diputación de Valencia, la institución vecina de la Generalitat, disponía de músculo económico.

Así que dicho y hecho. Las obras de conservación y mantenimiento de 247 centros de educación primaria a través de un Plan de Mantenimiento de Infraestructuras de la conselleria, con una inversión de unos 75 millones de euros de la Diputación para reforzar la acción de los municipios en la garantía de este servicio básico; el programa Xarxa Llibres, que también dispone de financiación provincial; subvenciones para excavar fosas comunes, al abrigo de la ley de memoria democrática del Consell; la colaboración entre Diputación y Generalitat para la realización de Planes de Acción Comercial en diversos municipios; la aportación de fondos económicos de la Diputación para la informatización de los ecoparques dependientes de los diferentes Consorcios de Residuos de las comarcas valencianas; el plan de empleo entre las instituciones provinciales y la administración autonómica; la colaboración en materia turística; o la decisión de la institución provincial de estar al lado del Consell y los municipios para poner en marcha el Fondo de Cooperación Municipal...

Son sólo algunos ejemplos. La Diputación no dudó a la hora de convertirse en algo así como el banco particular de la Generalitat. Y el presidente de la institución provincial, que no ha puesto nunca en cuestión su apuesta por la «coordinación» con el Consell como método de trabajo, no le puso mala cara. Y la llevó a cabo sin una palabra más alta que la otra, como quien agradece la designación para un puesto que no esperaba -para presidir la institución provincial habían sonado también el nombre de Diana Morant, alcaldesa de... Gandia-. O a quien se le reconoce haber jugado un papel determinante -sin ir más lejos, con su cambio de caballo sobre la marcha en el último congreso nacional del PSPV para derrotar a Jorge Alarte y convertir a Puig en secretario general socialista-.

Rodríguez ha venido jugando ese papel de chico bueno, que incluso aceptaba renunciar a sus planes iniciales -como el de dar portazo a la vieja Imelsa- con el objetivo de no molestar en Blanquerías. La empresa provincial, embarrada en el caso de corrupción al que da nombre, difícilmente podría ser recuperada para jugar un papel medianamente útil. El presidente, y también otros diputados provinciales, coincidían en el análisis. Pero se impuso el criterio de Blanquerías y de Compromís, y la empresa sigue en pie, ahora rebautizada como Divalterra y rodeada ya de un buen número de incidencias -contratos discutidos, dietas excesivas y pagos fraccionados, entre otros-. Por no protestar, ni lo hizo cuando se dio cuenta de que a su llegada a la institución provincial ya tenía nombrados a todos los asesores.

Lo que era un camino de rosas se torció de manera progresiva. El presidente de la Diputación ya debió comenzar a sospechar cuando Blanquerías decidió que Orengo, el exalcalde de Gandia y una de las personas de confianza de Ximo Puig, ocupara el puesto de jefe de gabinete. Una designación que apenas duró unos meses, puesto que las causas judiciales que salpicaron al exalcalde de Gandia -una de ellas, la de la propia Imelsa- terminaron obligándole a abandonar la primera línea política. Con la salida de Orengo, y la posterior defenestración de Josep Ramón Tiller como responsable de Imelsa, el presidente de la Diputación de Valencia pudo al menos situar a sus hombres de confianza en puestos clave.

Pero el factor clave que marca el comienzo del distanciamiento entre el Palau de Batlia y la sede de Blanquerías se había producido unas semanas antes y fue el intento de designación de Alberto Hernández Campa como gerente de Egevasa. Rodríguez se tropezó con la sorpresa de que, por obra y gracia del clan de Gandia, el marido de Carmen Montón iba a ser nombrado gerente de una de las empresas de la Diputación. El aluvión de críticas que recibió la propuesta terminó por paralizar la designación. Y Rodríguez no dudó en trasladar al Palau de la Generalitat su irritación con la maniobra.

Puig le debió de poner cara de no saber de qué le estaba hablando. Y Rodríguez concluyó que si el secretario general de los socialistas no era responsable de lo ocurrido, los autores de la maniobra no podían ser otros que Boix y Orengo. Fuera cierto o no, aquella respuesta le sirvió a Rodríguez de argumento para comenzar a tomar decisiones. La marcha de Orengo y Tiller, y los nombramientos de Ricard Gallego y Víctor Sahuquillo -estos sí, personas de la máxima confianza del alcalde de Ontinyent- fueron casi inmediatos. El clan de Gandia, encabezado por Boix y Orengo, comenzó a ver comprometido parte del desembarco de colaboradores que habían impulsado en la Diputación y en Imelsa.

La guerra declarada al aparato de Blanquerías puede haberse visto condicionada por la constatación de que Rodríguez, desde ese cómodo despacho que ocupa con vistas a la Plaza de Manises, había comenzado a disponer de un nivel de visibilidad y de protagonismo inversamente proporcional al de Ximo Puig.

Al secretario general del PSPV se le ha señalado, desde dentro de su propio partido, por los malos resultados electorales en la Comunitat -en las generales del 20-D y del 26-J- y por su indisimulada participación en el debate orgánico del PSOE. Y mientras tanto, la Diputación gobernada por Rodríguez ha permanecido razonablemente al margen de polémicas, al menos hasta las últimas semanas. El presidente de la institución provincial evitaba los conflictos con Puig, obviaba los debates orgánicos y ofrecía siempre el perfil más colaborador posible. Casualidad o no, alguna encuesta llegó a situarlo como uno de los dos dirigentes políticos valencianos mejor valorados, a escasa distancia de Mónica Oltra.

Rodríguez está ya decidido a poner punto y final con el poder del clan de Gandia en la Diputación. Apartar a José Luis Vera de la dirección del área Jurídica de Divalterra se ha entendido desde esa misma óptica. El argumento empleado -el contrato de la firma con una abogada que la propia empresa ha acabado dando como bueno- ya resulta más que discutible. Máxime si esa decisión de apartar al veterano abogado, que trabajó junto a Orengo en el Ayuntamiento de Gandia, no está recogida como tal en ningún tipo de procedimiento sancionador aplicable.

En el fondo de este pulso aparece la celebración del próximo congreso del PSPV -aún sin fecha- y la demanda que se le viene haciendo a Ximo Puig de que debe renovar la dirección del partido y dar mayor presencia a caras nuevas y a los alcaldes del partido. Rodríguez suena como una de las probables incorporaciones a la dirección. El futuro de Bopix, en cambio, no está claro.

La junta general de Imelsa aprobó el pasado 17 de mayo el cambio de nombre de la empresa de la Diputación de Valencia. Tras descartar el cierre de la firma, Imelsa dejó paso a Divalterra. La nueva firma tenía al frente desde febrero a Víctor Sahuquillo, hombre de la máxima confianza de Jorge Rodríguez, y a Agustina Brines, de Compromís. El cambio de nombre quería ser, además de un lavado de cara, una prueba de la determinación para acabar con los comportamientos clientelares atribuidos a la vieja Imelsa.

La intención quizá fue esa. Pero la realidad y los informes de auditoría parecen empeñarse en demostrar que la diferencia entre la vieja Imelsa y la nueva Divalterra es únicamente nominal.

El pasado 15 de noviembre el consejo de administración de la firma debía abordar el contenido de la auditoría interna de la empresa. El documento, desvelado por este diario, detalló toda una serie de incidencias en materia de contratación, fraccionamiento de contratos, pagos irregulares y gastos de dietas. Un informe que censuró la contratación por triplicado de una asesoría jurídica o la desconfianza existente entre los cogerentes -al constatar que cada uno de ellos trataba de contratar por debajo de los 18.000 euros para evitar que tuvieran que firmar ambos-.

La discusión de esa auditoría en el consejo, impedida por Rodríguez casi a gritos -según testigos presentes en esa reunión del consejo- pese a que el gerente la conocía desde tres días antes, es el origen de una bronca de dimensiones aún impredecibles. Pese a la gravedad de las irregularidades conocidas, que ponían todos los focos sobre la cabeza de Sahuquillo, presidencia de la Diputación trató de desviar la atención poniendo el acento en la contratación de la abogada de Divalterra para el caso Taula. El argumento terminó sirviendo de excusa para «apartar» a José Luis Vera de la dirección de los servicios jurídicos de la empresa pública, porque a Vera -que trabajó con Orengo en Gandia- se le vino a responsabilizar en cierto modo de lo que denunciaba es auditoría.

La maniobra de distracción duró hasta que la abogada optó por renunciar, no sin que antes se conociera otra auditoría que constataba que ni su contratación ni su labor podían ser objeto de reproche alguno.

Y el foco volvió sobre Sahuquillo. Un sorprendente comunicado hecho público por presidencia de la Diputación el pasado miércoles reseñó una reunión entre Rodríguez y su vicepresidenta, Maria Josep Amigó, en el que esta última mostraba su malestar por el contenido del informe de Divalterra, en el que se ponía de manifiesto -rezaba la nota textualmente- «una fragmentación de contratos de publicidad por parte de uno de los gerentes de la empresa pública, Víctor Sahuquillo».

El comunicado recordaba que este gerente había realizado gastos «que tendrían que haber requerido la firma de los dos cogerentes». Y terminaba con la traca final, al hacer referencia a «las dietas acumuladas por este mismo gerente y por los conceptos que aparecen, por entender que no se ajustan a los criterios de austeridad que tienen que regir las actuaciones de los cargos públicos y de confianza de la institución».

Las sospechas extendidas desde la propia Diputación parecían anticipar una decisión contundente relacionada con Sahuquillo. Pero no. Un párrafo después, Rodríguez explicaba que trasladaría a Sahuquillo, «al ser cargo de confianza de Presidencia, unas directivas claras para evitar que hechos así se puedan volver a repetir». Lo que parecía anticipar una destitución terminó convertido en una reprimenda de perfil menor.

¿Por qué no toma decisiones Rodríguez? Sahuquillo llegó a la presidencia de la antigua Imelsa de la mano de Rodríguez, que destituyó a Josep Ramón Tiller tras una discrepancia por una subvención a la Universidad de Valencia. Con Sahuquillo, Rodríguez logró control absoluto sobre la empresa provincial. Las auditorías que cuestionan muchas de sus decisiones, incluidos los gastos en dietas, le dejan en evidencia.

Pero relevarlo del puesto a quien accedió el pasado mes de febrero no sólo supondría admitir públicamente el error de su designación -cargos socialistas dudan de que Sahuquillo, secretario de Acción Electoral de la ejecutiva de Puig, disponga de la preparación necesaria para ocupar un cargo de este tipo-. También supondría servir en bandeja al clan de Gandia una victoria, por lo que tendría de batacazo para Rodríguez la decisión de tener que forzar el relevo de su persona de confianza.