Las Provincias

La abogada Emma Ramón renuncia a seguir representando a Divalterra en Imelsa

  • En los próximos días se sustituirá a la abogada que hasta ahora venía defendiendo a la compañía en tres asuntos judiciales vinculados a este caso

La abogada que hasta ahora había ejercido la representación de la empresa pública Divalterra (antes Imelsa), dependiente de la Diputación de Valencia, Emma Ramón, ha anunciado hoy su "renuncia irrevocable" a seguir representando a la entidad en el marco del caso Imelsa.

Así lo han anunciado desde la empresa en un comunicado, en el que han explicado que en los próximos días se sustituirá a la abogada que hasta ahora venía defendiendo a la compañía en tres asuntos judiciales vinculados a este caso.

La abogada, no obstante, ha comunicado a la empresa que continuará atendiendo sus obligaciones como letrada en cada uno de los procesos judiciales hasta que sea sustituida por un nuevo letrado.

Desde Divalterra han destacado la "profesionalidad y la dedicación de la abogada en cada uno de los asuntos judiciales en los que ha representado a la empresa", y han anunciado que la próxima semana se estudiará la conveniencia o no de contratar una nueva dirección letrada.

El grupo popular en la Diputación de Valencia denunció la pasada semana la constatación mediante una auditoría interna de "múltiples irregularidades" de índole contractual y financiera, entre ellas la contratación por triplicado del asesoramiento legal a una firma de abogados y el fraccionamiento de contratos.

Por ello, Divalterra encargó una auditoría externa, que ha confirmado que los pagos realizados a la abogada encargada de la personación en el caso Imelsa "corresponden a los servicios prestados y cumplen con la normativa de contratación administrativa".

En total, la abogada ha mantenido hasta ahora tres contratos con la empresa, dos de ellos corresponden a acusaciones ante el juzgado de instrucción número 9 de Valencia contra el anterior director-gerente Marcos Benavent, y uno en el juzgado número 6 de Valencia, a resultas de una querella por estafa y falsedad documental contra un empresario.