Las Provincias

Sola frente a una ofensiva sin precedentes

  • La exalcaldesa vivió su imputación por blanqueo tras una enorme presión judicial, mediática y política

La imagen pública de Rita Barberá se deterioró durante su ultima legislatura. La ofensiva judicial se abrió en varios frentes, y la oposición política se cebó con todos estos asuntos con especial inquina, una ferocidad quizá hasta la fecha desconocida y desigual respecto a otros líderes políticos del PP, pero también del PSOE. No hubo un día de tregua para la senadora. En ocasiones, las declaraciones de sus adversarios políticos y la amplificación en determinados medios sobrepasaron la esfera de la crítica y el reproche para, en determinados casos, derivar en un linchamiento que ayer -y no antes- denunció el PP. Barberá ya se había convertido en objeto de chanza; el personaje del panorama político más parodiado.

El caso Taula -la pieza derivada del caso Imelsa- fue el golpe definitivo para arañar la integridad de la senadora. La investigación sobre el blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal del Partido Popular la situaba directamente en la cúspide de esta supuesta pirámide delictiva. Desde la detención el pasado mes de enero de la que fuera su mano derecha, la secretaria del Grupo Mari Carmen García Fuster, resultaba casi inevitable que las pesquisas le salpicaran y terminara siendo investigada. Así fue. Reunía este asunto muchos más indicios en su contra que anteriores episodios. Salió a defenderse en dos ruedas de prensa en las que aceptó preguntas.

La presión iba en aumento. A Barberá se le empezó a complicar vivir en su domicilio habitual, la avenida del General Palanca, donde los medios marcaban al milímetro su actividad. En plena vorágine, llegó a recibir -y no era la primera vez- una bala en un sobre. Hubo un momento en el que Barberá se equivocó. La apertura de la causa penal por parte del Tribunal Supremo debió marcar un punto de inflexión. En vez de abandonar el PP, alejarse y tomar aire para preparar su defensa con mayor ímpetu, decidió aguantar en primera línea. Y la presión se redobló. Pactó su marcha del PP, pero a cambio de mantener su escaño en el Senado. Un gesto para ella de valentía se tradujo en una vuelta de tuerca más de la oposición y de su propio partido, ahora ya abandonada por completo. Aquella fue la mejor oportunidad para ocupar un segundo plano. Los ataques se recrudecieron. Unas imágenes suyas en el Senado sirvieron para, en un ejercicio de atrevida interpretación, decir que estaba durmiendo.

El último paso de este particular calvario judicial y mediático lo vivió Barberá el pasado lunes. Acudió al Tribunal Supremo para declarar como investigada por un delito de blanqueo de capitales. Mantuvo el guión que ya había perfilado en el juzgado de Valencia. Ella donó los 1.000 euros porque hacían falta para sufragar los gastos en los comicios, pero nunca se los devolvieron. De esta forma negó el blanqueo. Rechazó la existencia de una caja B en el partido y de cualquier método de financiación irregular, así como el control o la dirección de la campaña del partido. Las competencias reales durante las últimas elecciones recayeron en Alfonso Grau.

En cualquier caso, lo declarado hace 48 horas carece ya de cualquier relevancia. La causa del Tribunal Supremo deberá archivarse. El fallecimiento de una persona extingue su responsabilidad penal. Su abogado, José Antonio Choclán, presentará en los próximos días el certificado de defunción, un trámite para dar carpetazo al asunto. Significativas fueron sus declaraciones de ayer, recogidas por la agencia EFE, en las que comentaba que con Barberá había hecho más de «psicólogo» que de letrado.

La presión que soportan determinados imputados por corrupción les lleva en ocasiones al desplome psicológico, pero también físico. Los episodios de ansiedad son una constante entre los investigados ante la repercusión de los asuntos en los que se ven implicados. Recientemente, otro investigado por un caso de corrupción sufrió un infarto y estuvo ingresado varios días.

El procedimiento continuará en Valencia para el medio centenar de cargos populares investigados. En contra de la aforada, figuraban las declaraciones de los cuatro testigos (los asesores del Ayuntamiento), la conversación de María José Alcón con su hijo interceptada por la Guardia Civil y la investigación de las cuentas de otros investigados que parecían apuntar hacia la existencia de una operativa de blanqueo.

No obstante, nadie la había acusado directamente, tal y como expuso el juez de Valencia en el envío de su escrito al Supremo. En este proceso judicial también fue víctima del fuego amigo. Alfonso Grau jugó un incierto papel en toda esta historia. Se llegó a reunir con la Fiscalía Anticorrupción durante varias horas para mostrar su voluntad de colaborar, pero después no lo hizo. Las conversaciones que la Guardia Civil registró entre él y su mujer también desvelaron la reciente animadversión del vicealcalde, cimentada tras sentarse en el banquillo por el caso Nóos y el puesto que iba a ocupar su mujer en las listas de las últimas elecciones.

El asunto del blanqueo

Taula fue el último round de su carrera política, la investigación que acabó con su etapa en el Partido Popular. Pero antes hubo otros episodios que comprometieron seriamente su imagen de honestidad. De todos ellos salió con su hoja de servicios intacta. Sin remontarse en exceso en el tiempo surge el bautizado como 'Ritaleaks'. Compromís denunció en plena campaña electoral que la alcaldesa había usado fondos públicos del Ayuntamiento para intereses privados, es decir, que se había pagado viajes y comidas sin relación con su representación del Consistorio. El alcalde Joan Ribó y la ahora vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, utilizaron el asunto como arma política, una estrategia que parece común en la estrategia de todos los grupos políticos.

La Fiscalía de Valencia apreció indicios de delito en algunas de esas dietas y su decisión final fue denunciar. Pero la Fiscalía del Supremo rectificó a sus compañeros de Valencia. No existía delito para abrir una causa penal. El varapalo jurídico no pasó desapercibido en los ambientes judiciales de la capital del Turia. En lo político, lejos de las disculpas, Ribó se despachó entonces con un argumento de escaso peso: el archivo había sido una orden del Gobierno. Aprovechó también para recordar la diferencia entre lo ético y lo legal. Así cerró ese capítulo. Semejante planteamiento no se le ocurrió cuando la Fiscalía archivó su investigación por un viaje supuestamente oficial de una comitiva municipal a Galicia, que fue denunciado por tratarse de una cuestión de partido pagada con fondos públicos.

Barberá, durante este último lustro, también se vio obligada a lidiar con otro asunto que la situó al borde la imputación. Fue el caso Nóos, la organización de los congresos de Iñaki Urdangarin en Valencia. Los Valencia Summit supusieron cerca de tres millones de euros para las arcas públicas. La contratación del yerno del Rey se hizo obviando la legalidad.

Una de las tesis de los investigadores era que Francisco Camps y la alcaldesa habían pactado primero el evento con el entonces duque de Palma y luego habían ordenado a sus subordinados que contrataran el congreso deportivo.

El juez Castro y el fiscal Horrach -por aquel entonces mantenían la misma sintonía acusatoria- enviaron un escrito al TSJ de la Comunitat pidiendo su imputación. La Sala lo rechazó. Entendía el alto tribunal que debía existir un principio de prueba que permitiera detectar que los aforados tuvieron una participación personal y directa. El caso se archivó para los dos aforados, que salieron indemnes del aprieto. Los detractores ya no podían alegar «el más que amigos» que tanto lastró a Camps respecto al presidente del TSJ. Pilar de la Oliva ya había sustituido a Juan Luis de la Rúa.

Las críticas durante los últimos tiempos se cebaron incluso con su atuendo. Se le atacó por sus bolsos y abrigos olvidando que cada uno puede gastarse su dinero en lo que estime conveniente y que las marcas de lujo perviven porque cuentan con un público numeroso, aparte de alcaldesas y políticos de turno.

Precisamente, aceptar regalos -un funcionario no puede recibir obsequios- la ha situado frente al drama de la imputación. En este ramillete se sitúan los casos de Gürtel y Emarsa. El primero de los problemas llegó tras una de las sesiones del conocido como juicio de los trajes en el que se acusaba a Francisco Camps y Ricardo Costa. Ambos resultaron absueltos por un jurado. En la vista se reprodujo una conversación telefónica sobre la alcaldesa entre el gerente de la firma de la trama Orange Market, Cándido Herrero, y el representante de la empresa en Valencia, Álvaro Pérez «el Bigotes» en la que supuestamente hablaban de comprar un regalo de Louis Vuitton a Barberá. La alcaldesa resolvió aquel envite de manera solvente. «Todos los políticos y funcionarios han recibido regalos, así que ya está bien de tanta hipocresía». De hecho, Barberá reconoció que había recibido regalos en Navidad como algo «habitual» y que algunos presentes incluso «más caros». La entonces responsable, no obstante, matizó: «Que quede claro que yo no he recibido, como otros, equipamientos deportivos, un ático y un ERE». En febrero de 2013 la denuncia presentada por Compromís fue archivada por la Fiscalía. El mismo argumento que empleó para reconocer los regalos de Feria Valencia, una institución que terminó siendo investigada por los sobrecostes y ha resultado ser un pozo sin fondo para los recursos económicos.

Lo de la depuradora de Pinedo (caso Emarsa) ha sido hasta la fecha el mayo caso de corrupción de la Comunitat. El empeño del exconcejal Juan Carlos Gimeno por inculparla en esta trama resultó inútil. También el PSPV, personado en esta causa desde los inicios, secundaba la tesis. Barberá no llegó a declarar por esta investigación. Recibió regalos de uno de los principales cabecillas de la trama, Esteban Cuesta. Igual que lo hicieron decenas de otros altos cargos incluso con menor relación profesional con la depuradora.

La oposición ha querido situar a Barberá en todas las causas de corrupción que se han sucedido en los últimos años de gobierno del PP. No resultaba extraño que su nombre -un referente del partido instalado un cuarto de siglo como alcaldesa- apareciera nombrado por diferentes investigados en las tramas de corrupción. Hubo mucho ruido, pocos indicios y ninguna certeza. El desenlace final y los acontecimientos de los últimos meses dejan la sensación de que la presunción de inocencia no fue suficiente para mantener su dignidad a salvo.