Las Provincias

Los dos archivos a favor de Barberá: Ritaleaks y la memoria histórica

  • La exedil de Valencia también se enfrentó a una acusación por negarse a retirar símbolos franquistas

No todo fueron episodios relacionados con presuntos delitos de corrupción. Rita Barberá también tuvo un capitulo judicial con la Ley de Memoria Histórica. Una causa que, una vez más al igual que ocurrió con el famoso Ritaleaks, terminó con la exalcaldesa absuelta de cualquier tipo de responsabilidad penal.

Dos dirigentes del PSPV denunciaron a Barberá por delitos de desobediencia y denegación de auxilio, y subsidiariamente por una falta contra el orden público. Los hechos buscaban inculpar a Barberá por la existencia en la ciudad de Valencia de monumento a los caídos, escudos anticonstitucionales, placas con signos anticonstitucionales y cuadros de honores con exponentes del franquismo.

La acusación contra la exalcaldesa de Valencia mencionaba más de una treintena de calles de la ciudad. Entre ellas figuraban las de Barón de Cárcer, Joaquín Manglano y Cucaló de Montull. Inicialmente se elaboró una lista con 59 nombres de calles que, en teoría, se vinculaban al régimen franquista, pero tras someterlo al filtro de la Universitat de València casi la mitad fueron eliminados.

Los denunciantes acusaron a Barberá de ser «especialmente hostil» con el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Pero los que la acusaban nunca tuvieron fe de que su causa tuviera éxito. Llegaron a afirmar que el objetivo de la demanda no era tanto que la exregidora terminara siendo condenada, sino llamar la atención sobre el hecho de que «todas las leyes, incluida esta, deben cumplirse».

Finalmente, el pasado julio, el Tribunal Supremo archivo la causa al no observar infracción penal de Barberá respecto de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en Valencia durante el periodo en el que fue alcaldesa de la ciudad. El auto de los magistrados coincidía con el criterio de la Fiscalía que defendía que los hechos no eran constitutivos de delito. Una decisión idéntica a acusaciones similares contra otros exalcaldes de ciudades como Zaragoza.