Las Provincias

Un juzgado de Sevilla pide al TSJA imputar a un miembro de la Ejecutiva de Díaz

  • Apunta a que el parlamentario andaluz Carmelo Gómez pudo "simular un contrato" para una empresa del conseguidor de los ERE, Juan Lanzas

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) deberá analizar si imputa al parlamentario andaluz y vicesecretario general del PSOE de Sevilla, Carmelo Gómez, tras haber recibido una exposición razonada de un juzgado de Sevilla en la que se apunta a que el también miembro de la ejecutiva regional del PSOE-A pudo haber “simulado” un contrato con empresas vinculadas al conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, por el que habría cobrado 8.390 euros en 2007.

La juez María Nuñez Bolaños, la misma que investiga el caso de los ERE, atiende así a la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2015 y en el marco de la investigación por un supuesto delito societario en la sociedad mixta que gestiona la lonja hispalense Mercasevilla. Junto a Gómez  pide que se investigue a otras seis personas no aforadas y ya imputadas en la causa: el propio Lanzas, su cuñado, y su asesor fiscal; el exdirector general de Mercasevilla (la empresa que abonó el salario), el exconcejal del PSOE en Sevilla José Antonio García (PSOE);  y la nuera del exdelegado de Empleo en Sevilla. Según consta en la exposición razonada, se investigan los supuestos delitos de prevaricación derivado de la firma de contratos, de un delito de malversación de caudales público, y de un delito de falsificación de documento mercantil.

En los atestados elaborados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se concluía que había indicios suficientes de que Gómez cobró sueldos financiados con fondos públicos de Mercasevilla sin que constase que ejerciera labor alguna en una de las empresas de asesoramiento vinculadas a Lanzas. Según el Instituto Armado, esas sociedades eran simples pantallas que el conseguidor de los ERE utilizó para cobrar las comisiones que recibía por su mediación en los expedientes de regulación de plantilla. Para justificar el ingreso de dinero procedente de fondos públicos, la empresa emitía facturas falsas.

Gómez defendió su inocencia tras ser señalado por la Fiscalía, equiparando su situación con la de cualquier otro trabajador por cuenta ajena que desconoce las posibles irregularidades cometidas por sus jefes. Aseguró que realizó los informes para los que fue contratado y se desvinculó tanto de la confección de las facturas como del origen del dinero.

Tras conocer la decisión del juzgado, la Junta de Andalucía se limitó a expresar su respeto por la justicia, al considerar que se trata de un asunto parlamentario que no afecta al Gobierno regional. C’s por su parte explicó que si se confirma la imputación de Gómez solicitará su dimisión, en cumplimiento del acuerdo de investidura suscrito con PSOE-A, aunque abogó por dejar trabajar a la justicia primero.