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Barberá niega blanqueo y una caja B y dice que su misión era «sacar votos»

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Barberá, acompañada de su letrado, sale del Supremo tras su declaración. :: efe/Emilio naranjo

  • La senadora se desliga en el Supremo de la organización de la campaña electoral, competencia que atribuye a Alfonso Grau

valencia. Rita Barberá mantuvo el guión. La senadora ya estableció su línea de defensa cuando accedió a declarar voluntariamente en el juzgado de Valencia: negar el blanqueo -dio los 1.000 euros pero nunca se los devolvieron- y desligarse de cualquier responsabilidad en la organización de las campañas electorales.

La exalcaldesa reiteró ayer en el Tribunal Supremo estas ideas ante el fiscal y el magistrado Cándido Conde-Pumpido durante algo menos de una hora de declaración. También estaba presente la letrada del PSOE a la que declinó contestar.

Barberá recordó que aparte de la alcaldía de la ciudad no tenía ninguna otra responsabilidad en el PP de Valencia. Definió el Grupo Municipal como «el brazo político del Gobierno municipal», el que se encargaba de organizar los actos de partido. En los periodos electorales, se formaba un Comité de Campaña, compuesto por concejales, portavoces y militantes. La exalcaldesa no formaba parte de este órgano. «Tenía la misión de sacar votos. Me dedicaba al programa electoral y a estar en la calle». Entre las acciones del citado comité figuraba la de recaudar fondos para la campaña. Pero Barberá no se ocupaba de las cuestiones económicas. Por ejemplo, afirmó que ignoraba que el Grupo Municipal manejase dos cuentas. Una de ellas, como apunta la Guardia Civil, al margen del control del partido.

La senadora explicó una de las vías de financiación, el pago de cuotas. Eran 60 euros para los militantes con cargo y la mitad para los que carecían de responsabilidades. Negó Barberá que estos métodos supusieran una «financiación atípica» como previamente había insinuado el fiscal. De igual modo, aclaró al ministerio público que destinar parte de la venta de lotería al partido es «típico» en los casales falleros. Un asesor del PP tenía una libreta con 17.000 euros procedentes de la venta de participaciones. Quiso el fiscal establecer la relación entre la secretaria del Grupo Municipal, Mari Carmen García Fuster, y la exalcaldesa. Ambas mantienen una amistad desde el inicio de su carrera política. No obstante, fue a través de los medios cuando la senadora conoció que existía una persona que hacía aportaciones al partido. García Fuster realizó estas declaraciones durante su comparecencia judicial en Valencia, aunque se negó a desvelar el nombre de este colaborador.

Barberá fue preguntada por las adjudicaciones bajo sospecha de la Mostra. Indicó que todas «se aprobaban por una comisión en la que estaban los principales técnicos municipales y estos hacían una propuesta al órgano que decidía». La exalcaldesa negó haber participado de alguna forma en esos procesos. Es más, «había prohibido que cualquier empresario entrara en su despacho cuando las propuestas estaban en estudio». Sorprendió que el fiscal preguntara sobre estos hechos de 2006 cuando prácticamente los investigadores en Valencia han descartado esa tesis. Mantener que alguien guardó durante una década 50.000 euros en un cajón se antoja poco probable.

Las sospechas sobre las adjudicaciones ilegales se asientan en las conversaciones que el gerente de Imelsa Marcos Benavent grabó durante años a otros altos cargos del partido. También negó cualquier mediación a favor de la empresa Cleop, investigada por el pago de comisiones.

El único asunto por el que está investigada es su participación en el blanqueo de 50.000 euros. Ella admitió desde el primer día que entregó los 1.000 euros, pero que no se los devolvieron. Barberá no estaba en la reunión en la que se acordó esta medida excepcional. «No recuerdo quién me dijo que había que aportar los 1.000 euros». En cualquier caso, negó «castigos o amenazas» a quien no quisiera colaborar. Según su versión, desconocía los que finalmente habían participado. Los cuatro testigos de la causa sostienen lo contrario. Se sintieron amenazados con no seguir en su puesto después de que rechazaran participar en las donaciones.

Hasta la fecha dos personas han reconocido que se les devolvió la donación en dos billetes de 500 euros. Se trata de la exconcejal Alcón -lo confiesa en la conversación telefónica que mantiene con su hijo- y una asesora de prensa de Barberá, que trató de devolver el dinero que supuestamente le habían entregado tras ser advertida de la ilegalidad, según su testimonio. La senadora desconoce por qué estas personas dijeron que ella estaba detrás de esa devolución.

La senadora aprovechó las preguntas de su abogado para recordar que en la campaña de 2011 disponían de más dinero en las cuentas que en 2015 y por ese motivo no fue necesaria la aportación extraordinaria para estos comicios. Apuntó hacia los portavoces del Grupo Municipal «como las personas encargadas de controlar los ingresos y los gastos». El delito de blanqueo se produjo en los comicios de 2015. «Alfonso Grau era el organizador de la campaña, el coordinador general en el grupo municipal».

No es la única persona que ha significado el papel del exvicealcalde como pieza clave en toda esta historia. El gerente de la empresa Trasgos, firma que realizó la última campaña del PP de Valencia, declaró que era Grau la persona de contacto y que mantuvo tres reuniones para decidir estos aspectos.

La senadora profundizó ayer en el vínculo que mantenía Grau con los cuatro asesores que sostienen que hubo blanqueo. Una de las hipótesis es que estas personas actuaron de manera coordinada en un plan ideado por Grau como venganza por su juicio en Nóos y el puesto que ocupó su mujer en las listas. Aclaró que ella contrató a dos asesores y Grau a los otros dos, pero también realizaban tareas para el vicealcalde. «Ninguno de ellos me habló de la existencia de una caja B».

Es tiempo ahora para que las acusaciones soliciten diligencias. También puede acordarlas de oficio el magistrado. Una de las posibilidades sería la citación de los cuatro testigos. Sólo una de ellas, Patricia Iserte, ha ratificado su declaración policial en el juzgado de Valencia.