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Las cuentas públicas más lentas de España

Las cuentas públicas más lentas de España

  • El Consell sólo ejecuta el 50% del presupuesto transcurridos dos tercios del año, el porcentaje más bajo del país

Los últimos datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas en posesión del Ministerio de Hacienda se actualizaron a finales del mes pasado. Corresponden a las cuentas de los primeros ocho meses del presente año. La radiografía ejecutoria, cumplidos dos tercios del actual ejercicio, señala que el Consell es el 'farolillo rojo' del país. El Ejecutivo regional peor situado. El Gobierno autonómico que menos actuaciones ha puesto en marcha dentro de las proyectadas en las cuentas por cada autonomía. Terminado agosto, el conjunto de las consellerías habían reconocido obligaciones por la mitad del valor del presupuesto total. Nadie ejecutó menos a esas alturas del año. Ese 50% es el peor porcentaje de España en este ejercicio y uno de los más bajos registrados desde 2012.

Las luces coloradas situadas en el vagón de cola de los trenes dieron pie al término 'farolillo rojo', utilizado inicialmente en el mundo del ciclismo y que, en el caso de la capacidad para ejecutar cada presupuesto autonómico, está en manos del equipo que dirige el socialista Ximo Puig.

La eficacia presupuestaria del Consell fue puesta en duda durante el debate parlamentario de las enmiendas a la totalidad de las cuentas del Ejecutivo para el año próximo, presentadas por el PP y Ciudadanos en Les Corts durante la semana que ahora concluye.

El diputado popular Rubén Ibáñez reprochó al Ejecutivo valenciano el mal dato de la Comunitat en relación al resto de España. La comparativa entre autonomías impide al actual Consell disculparse como ocurrió con la situación del año pasado. Es cierto que todo el calendario de 2015 estuvo condicionado por las sucesivas elecciones, y esa circunstancia sirvió al actual Consell para lamentar que el Gobierno del PP dejase secas las arcas públicas de la Comunitat, sin posibilidad de maniobra, según nacionalistas y socialistas.

En este ejercicio, sin embargo, se puede medir ya la capacidad del Consell nacido del Pacto del Botánico para traducir en hechos sus asignaciones presupuestarias. Al cotejar los datos respecto a la operativa del resto de Gobiernos autonómicos de España, la Generalitat se sitúa la última de la fila. Es la primera vez que, transcurridos dos tercios de una anualidad, el Ejecutivo valenciano queda relegado a esa posición, según las cifras que ofrece el Ministerio de Hacienda.

En cualquier caso, y también en Les Corts, desde Ciudadanos se alabó que el Consell se haya «puesto las pilas» durante las últimas semanas. Su porcentaje de cumplimiento presupuestario se ha incrementado a gran velocidad. Habrá que ver los próximos datos que reciba el Ministerio de Hacienda si ese arreón valenciano es singular o simplemente se trata de algo que ocurre en todo el país. Ante la proximidad del final del año, la mayoría de los Ejecutivos autonómicos reconocen obligaciones a marchas forzadas. Es un clásico: se conceden las subvenciones atascadas, se licitan las ayudas retrasadas y se emiten órdenes a toda prisa y reduciendo los plazos para que se presenten los posibles beneficiarios. Sin embargo, ese acelerón presupuestario de última hora se produce de manera semejante en todo el país. ¿Y antes?

En los dos primeros tercios del presente año, el Consell ha reconocido obligaciones que equivalen el 50% del presupuesto total de la Generalitat. En ese mismo apartado (el que mejor mide el estado de la ejecución de las partidas presupuestarias) el total de las comunidades autónomas habían dado por buenas obligaciones equivalentes al 56,81% de la suma de todos los presupuestos regionales. Seis puntos por encima que el Ejecutivo valenciano. Esta situación de inferioridad ejecutoria tras finalizar el mes de agosto respecto a la media nacional no se había dado, al menos, en los últimos cinco años.

Hay regiones que este año, a esa misma altura del ejercicio sobre la que ofrece datos el Ministerio de Hacienda, habían tramitado más del 60% de sus fondos: Navarra, La Rioja, Aragón y Madrid. Los navarros se situaban por encima incluso del 64%.

¿Cuál es la razón, el motivo de este bajo grado de ejecución presupuestaria? Desde la Conselleria de Hacienda se asegura que si se mide la ejecución sobre el total de créditos que compone el presupuesto de la Generalitat se está incluyendo, por ejemplo, la deuda. En el caso de la Comunitat, la deuda es astronómica, más de 40.000 millones. Desde el departamento que dirige Vicent Soler se indica que lo conveniente es utilizar los datos «sobre las operaciones no financieras, incluso respecto a las operaciones de capital (las inversiones)». Y es que cualquier presupuesto, todas las cifras, son interpretables. Sin embargo, expertos consultados por este periódicos, cercanos al Consell, indican que la deuda y sus intereses, brutales en el caso de la Comunitat, están en todos los presupuestos valencianos, no sólo en los de este año, y el grado de ejecución registrado a 1 de septiembre no se había producido nunca anteriormente.

Desde Hacienda se señala que, si se mide la ejecución sobre las operaciones no financieras, el grado de cumplimiento del presupuesto por parte del Consell supera a otras siete comunidades autónomas. Desde el departamento de Soler se apela a la «anomalía de la Comunitat» por su infrafinanciación para explicar el bajo grado de ejecución, pues la Generalitat sufre una importante falta de liquidez y la obligación de recurrir al FLA.

La «distorsión» de los presupuestos valencianos que supone tener que recurrir al FLA «y cuestiones como el Plan de Inversiones Productivas o 'Plan Camps', que se arrastra desde hace años sin apenas ejecutar (una ejecución que depende de los alcaldes y que este año se ha querido dar una solución permitiendo a los alcaldes reformular los proyectos), desvirtúan totalmente una comparación sobre el presupuesto 'total', como lo denomina el Ministerio de Hacienda, que es el presupuesto que aprobaron los respectivos Parlamentos junto a las modificaciones de crédito. En nuestro caso la distorsión es brutal. Supone un aumento de 1.021 millones, el mayor de todas las comunidades autónomas en cifras absolutas. Y ello propiciado por la enorme dependencia del FLA (que permite elevar el presupuesto inicial y tramitar el pago de facturas impagadas) y por el Plan Camps, otra especificidad valenciana. Las modificaciones nos aumentan el presupuesto inicialmente aprobado por Les Corts un 7,56%, el segundo mayor incremento de España (superado sólo por Murcia, también infrafinanciada), de ahí que resulte un factor que impide la comparación homogénea con otras regiones de España», explican desde la Conselleria de Hacienda.

Siendo cierta la mala financiación de los valencianos, también es verdad que no es una situación nueva de este año. Tanto en 2014 como en 2015, las modificaciones de crédito valencianas también fueron las más importantes de España, superiores, además, que las actuales, y el nivel de ejecución fue mucho más alto que el registrado a 31 de agosto de este año.

Desde 2012, que es el último año del que el Ministerio de Hacienda ofrece datos por meses (en fechas anteriores las cifras ya corresponden a trimestres), a finales de agosto el nivel de ejecución del Consell siempre era mayor que el de este ejercicio. En 2015, las obligaciones reconocidas sobre créditos totales alcanzaban el 64,9% del presupuesto. El año antes, en 2014, también al finalizar agosto, se había ejecutado el 63,3%, mientras que en 2013 el grado de ejecución era del 60,3% y en 2012 del 58,1%, porcentajes todos ellos superiores al 50% de este año y siempre por encima de la media nacional, algo que también ha cambiado ahora.

Hay dos factores que explican el bajo nivel de ejecución del Consell actual, según explicaron a este periódico fuentes vinculadas al Ejecutivo valenciano. Por un lado, los cambios legislativos que introdujo el PP a la hora de tramitar las subvenciones. Las modificaciones perseguían ejercer un mayor control en el modo de asignar las ayudas, un proceso más garantista, ciertamente, pero también un obstáculo burocrático. No obstante, el Consell de socialistas y nacionalistas ya se topó con ese problema cuando tomó las riendas de la Administración en mitad de 2015. En este ejercicio ya se debía tener claro cuáles son las reglas del juego presupuestario. Por otra parte, las mismas fuentes admiten cierta ineptitud entre algunos de los actuales gestores: no son capaces de publicar en tiempo y forma las órdenes y licitaciones.

A pesar de que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, presume de que el Ejecutivo ha sujetado el déficit de la Comunitat, mucho ha tenido que ver en ello el bajo nivel de ejecución que se registra en las tablas en manos del Ministerio de Hacienda. Si no se genera déficit es por el escaso gasto, lo que se explica por una escasa ejecución presupuestaria, y ese perfil bajo es un serio obstáculo para que las intenciones políticas de un Gobierno se puedan ver reflejadas en el día a día de los valencianos.

El Ejecutivo de la Comunitat puede haber optado por una ejecución 'conservadora' «teniendo en cuenta la falta de los ingresos de la reforma del modelo» de financiación autonómica, así como porque «el FLA que financie el exceso de déficit no llegue hasta 2017», según fuentes vinculadas a la Conselleria de Hacienda, que, no obstante, reconocen que tanto la diferencia negativa respecto a otras autonomías como el bajo nivel de ejecución en comparación con otros años en la Comunitat son síntomas de que algo no está funcionando.

La Generalitat, en el inicio del último tercio de la anualidad, no había registrado un nivel de ejecución tan bajo como el de este año desde 2012, y en otras regiones tampoco hay demasiados precedentes, de hecho, únicamente en cuatro ocasiones. Ese 50% registrado por el Ejecutivo valenciano es uno de los peores grados de ejecución durante los últimos cinco ejercicios en todo el país. Sólo Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha en 2012 y Extremadura en 2015 se quedaron en menos. En este sentido, el portavoz del PSOE en el parlamento manchego en 2012, José Luis Martínez Guijarro, criticó entonces el estado de la ejecución presupuestaria a 30 de septiembre del gobierno que en aquella época dirigía María Dolores de Cospedal, ahora ministra de Defensa. Martínez Guijarro daba la alerta entonces por un «un grado de ejecución presupuestaria preocupante», que a 31 de agosto de aquel año era del 46,9%.