Las Provincias

Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia. :: irene marsilla
Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia. :: irene marsilla

Rodríguez se harta del PSPV y aparta a un cargo de Divalterra afín a Blanquerías

  • El presidente de la Diputación releva a Vera, designado por Orengo, tras las sospechas que afectan al departamento jurídico de la empresa

Y por fin Jorge Rodríguez movió ficha. El presidente de la Diputación de Valencia se hartó ayer de la multitud de sospechas que salpican a Divalterra y decidió apartar temporalmente de su cargo al director de los Servicios Jurídicos, Administración y Transparencia, José Luis Vera. El dirigente socialista se decidió a actuar tras las últimas informaciones que han puesto en cuestión la actuación de la empresa provincial, heredera de la antigua Imelsa.

La firma que Marcos Benavent hizo famosa tuvo que bajar la persiana por las sospechas de corrupción que la rodeaban. Se le cambió el nombre, se creó Divalterra y se apostó por una nueva etapa con dos gerentes, Víctor Sahuquillo y Agustina Brines -PSPV y Compromís- al frente. La bicefalia se apoyaba en Vera, un veterano abogado al que situó en Imelsa el exvicesecretario socialista José Manuel Orengo, que junto con Alfred Boix forman parte del núcleo duro de Ximo Puig.

La bicefalia en Divalterra no ha funcionado -y así se ha encargado de constatarlo el informe del auditor de la propia empresa-. Y las dudas sobre la gestión de Vera al frente del área jurídica no han dejado de crecer. La última, a raiz de que se haya conocido que Divalterra había venido contratando con una abogada del antiguo despacho de Vera -el que dirige Virgilio Latorre- que es la que se ha encargado de la defensa de Orengo en diversas causas judiciales, incluido el caso Taula. Rodríguez reclamó ayer «explicaciones convincentes i documentadas» de los trabajos realizados por la letrada con cargo a la institución provincial en defensa de alguien que ya no mantiene relación alguna con la empresa.

Asesoría legal

Pero la determinación de Rodríguez no es producto de este único hecho. El presidente de la Diputación se ha hartado de comprobar la batalla abierta en el seno de la empresa provincial. El contenido de la auditoría sobre Divalterra se conoció después de que el propio Rodríguez paralizara una contratación de 600.000 euros de un despacho de abogados por el caso Taula. El máximo responsable de la corporación provincial cuestionó el elevado coste de la contratación. Una cifra que, tal y como se remarcó ayer desde algunos ámbitos, se aproxima mucho a la deuda que el PSPV arrastraba con el despacho de Latorre -el mismo en el que trabajó Vera- y que derivó en la decisión del penalista de no seguir asumiendo la acusación del PSPV en los procesos judiciales en los que estaba personado. La bronca por la paralización de ese contrato -que implicaba en primera persona a Vera- derivó en la difusión del informe de auditoría sobre Divalterra. Un documento sobre el que ha venido informando este diario y que cuestiona muchas de las decisiones adoptadas por Sahuquillo, el gerente de la empresa provincial nombrado por Rodríguez en sustitución de José Ramón Tiller -que llegó de la mano de Orengo-. Las sospechas sobre la gestión de Sahuquillo salpicaban directamente a Rodríguez, que con la decisión de ayer decide tomar la iniciativa.

La decisión adoptada ayer reactiva el debate respecto al futuro de la empresa. El presidente de la Diputación se planteó a su llegada al cargo la posibilidad de disolverla, aunque en el último instante decidió mantenerla. Paradójicamente, muchas de las áreas de mayor protagonismo en esta firma las ocupan responsables de Compromís, partido al que desde el PSPV también se señala.