Las Provincias

El auditor de Divalterra señala al gerente por varios contratos irregulares

El consejo de administración de Divalterra, reunido el martes. :: LP
El consejo de administración de Divalterra, reunido el martes. :: LP
  • El informe sobre la antigua Imelsa detalla servicios por triplicado, pagos fraccionados y previos al expediente y presupuestos a medida

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, podría empezar a pensar en breve en volver a cambiar la denominación de Divalterra, la empresa de la institución provincial heredera de Imelsa. Porque la causa que se adujo para modificar el nombre de aquella -verse salpicada por diversas irregularidades- comienza a ser una realidad también en la nueva empresa. El informe del auditor interno de la propia empresa provincial, presentado el martes al consejo de administración de la firma, constata toda una serie de incidencias que acrecientan las dudas sobre los actuales responsables de la firma, y en especial sobre uno de sus gerentes, Víctor Sahuquillo.

El contenido del documento, al que ha tenido acceso este diario, reseña media docena de contrataciones en las que se han producido incidencias significativas. El auditor denuncia la contratación «por triplicado» del asesoramiento legal mercantil a la firma, constata que se ha comprometido crédito «sin que se inicie el expediente de contratación», censura el fraccionamiento de contratos y advierte de que se han llegado a solicitar presupuestos para la prestación de servicios con el único objetivo de no superar los 18.000 euros. ¿Por qué? El propio auditor revela que ese es el límite por el que uno de los gerentes puede contratar sin requerir de la firma mancomunada del otro.

La gravedad de las irregularidades detectadas por el auditor de Divalterra llevó ayer mismo al presidente de la institución provincial a referirse a este asunto para asegurar que exigirá que todos los procedimientos cuestionados se corrijan y que las irregularidades no vuelvan a producirse. Un aviso menor, teniendo en cuenta que el gerente de Divalterra, Sahuquillo, es una persona de su máxima confianza.

De hecho, en la trastienda de la publicación de este informe aparece la decisión de Rodríguez, conocida el martes, de paralizar un gasto de 600.000 euros en el área jurídica que dirige José Luis Vera. Una decisión justificada en la desmesura del gasto planteado -el pliego de condiciones del concurso sólo valoraba en un 10% la oferta económica- y que habría generado un destacable malestar en la dirección jurídica de la empresa, cuyo titular no fue designado por Rodríguez, sino por el vicesecretario del PSPV José Manuel Orengo.

¿Y qué dice el informe? El auditor de la empresa provincial señala expresamente media docena de contrataciones -este diario ya ha venido alertando durante las últimas semanas sobre estas incidencias-. Una de las cuestionadas es la que hace referencia al asesoramiento legal externo. El auditor señala relata que el informe de necesidad del gerente explica que, pese a haber recurrido la empresa a asesoramiento legal externo para el estudio de sus estatutos, se necesita «disponer de un criterio más objetivo». Es por ello, añade «que contrata un nuevo servicio de asesoramiento para un tema para el que la compañía ya había sido asesorada». La duplicidad de contratos se repite y multiplica cuando se trata de asesorar sobre los contratos de alta dirección. En este apartado, el auditor explica que además de la cuota de asesoramiento mercantil contratada con el despacho de Tomarial en 2015 «se han contratado dos asesoramientos legales más en 2016, por sendos gerentes», es decir, uno cada uno. La rocambolesca situación la define a la perfección el auditor con una sentencia que muestra lo ocurrido: «Se ha incurrido por triplicado en un asesoramiento legal mercantil que, a priori, ya cubría Tomarial».

Entre las contrataciones cuestionadas por el auditor figura también las de Socialnova, la firma que se encargó de realizar la imagen corporativa de Divalterra -creada apenas 15 días antes de que se le adjudicara ese contrato por 12.000 euros-. El auditor censura que tras esa contratación se hayan sucedido otras, que suman un importe total que supera los 30.000 euros. «De haberse tramitado la necesidad de manera conjunta, dicha contratación habría requerido de la firma mancomunada de ambos gerentes». Además de la alusión indirecta a que se han fraccionado los pagos, lo que el auditor desliza en este apartado y en otros es la desconfianza existente entre los dos gerentes, Víctor Sahuquillo y Agustina Brines. De hecho, en la contratación de la campaña publicitaria de la empresa -también cuestionada porque comenzó «sin que formalmente se hubiera iniciado el expediente de contratación»- se relata que se negociaron presupuestos «con el objetivo de que ninguno de ellos superara los 18.000 euros». El propio auditor alerta en su informe de que dicho límite «coincide con la capacidad de pago solidaria de uno de los gerentes sin la necesidad del otro» -en base a las facultades otorgadas por el consejo-. Es decir, la auditoría subraya que los precios de los contratos deben ajustarse a las necesidades que emanen del personal de la compañía, «y no los límites de firma solidaria o mancomunada».

Sobre la misma campaña de difusión publicitaria, el auditor apunta que «no existe evidencia de que se realizara una planificación estratégica formal de los medios en los que publicitarse», ni de la difusión de los anuncios en radio y televisión, ni se disponen de datos sobre el coste final de la campaña ni de una valoración final de la misma como para extraer conclusiones.