Las Provincias

La libreta de los enchufados

La libreta de los enchufados
  • Salvador Ros, prejubilado de la empresa pública, niega los hechos y dice que Marcos Benavent le daba los nombres para completar las bajas

  • El coordinador de Brigadas decidía a quién emplear y tenía anotado de parte de quién venían, según el informe de la UCO

Jose María Aznar tenía un cuaderno azul donde apuntaba los ministros que formarían parte de su Gobierno. Salvador Ros también disponía de una libreta, pero para un propósito más humilde y menos ético: elegir quiénes iban a trabajar como brigadistas. Ros era el coordinador general de Brigadas en Imelsa. Hoy está prejubilado. El último informe de la Guardia Civil le sitúa como una de las personas clave en las contrataciones fraudulentas de Imelsa. En la libreta escribía «los nombres de las personas propuestas para ser contratadas y de parte de quién venían». Estas revelaciones forman parte del testimonio de María Escrihuela, exdirectora de Recursos Humanos de la firma pública. Además, la exdirectiva, que llegó de la mano de Marcos Benavent, no dudó en aportar a los investigadores documentación que muestra el poder de decisión de Ros. Se trata de numerosos correos electrónicos enviados por la secretaria del coordinador en los que directamente se dice a quién hay que dar de alta como brigadista.

LAS PROVINCIAS contactó el martes con Ros. El exresponsable quiso aclarar que él no decidía absolutamente nada. Según sus explicaciones, era simplemente una correa de transmisión entre Benavent y el área de Recursos Humanos. «A mí me preguntaban qué bajas (prejubilaciones o ausencias de larga duración) tenía para cubrir». Sin embargo, de algunos emails que constan en el juzgado se desprende que su papel sería más relevante que un mero enlace. El informe ha dejado a Ros en una situación delicada. No se descarta que sea llamado a declarar para que explique al juez qué papel desempeñaba realmente en la empresa pública. El trabajo de los investigadores concluye que la sociedad contrataba a dedo por «ser conocido de», bajo indicaciones verbales por el simple hecho de mantener amistad con algún dirigente.

De entrada, existe una diferencia entre los brigadistas y los asesores de los diputados provinciales. Los brigadistas -enchufados o no- consta que cumplieron de manera efectiva con el trabajo para el que fueron contratados. Asunto diferente es que no se respetaran los requisitos de entrada a cualquier empresa pública. Sin embargo, el caso de los asesores se antoja más grave. El sueldo de estos profesionales se pagó con dinero público cuando, según la Guardia Civil, trabajaban para los diferentes partidos políticos.

«Todos conscientes»

Esa situación de descontrol fue creada y mantenida de forma intencionada por Rus, Llopis y Medina, dirigentes del Partido Popular. Sin embargo, «todos los grupos políticos se aprovecharon» de esta circunstancia. Todos querían disfrutar de ese privilegio, que no consta en ninguna norma y tampoco se acordó en el consejo de administración de la sociedad. «Eran conocedores y conscientes de la forma en la que fueron contratados los asesores y el destino de los mismos», recoge la UCO en el último informe entregado al instructor.

De todos modos, la instrucción de esta pieza, conocida como la de los zombies, no está terminada. Será finalmente un informe de la Intervención el que decante la balanza y decida la situación procesal de los diputados. No hay que olvidar que algunos ya declararon como investigados ante la Guardia Civil. Falta concretar esa condición en el juzgado. Entre ellos figura Rosa Pérez, la persona que denunció las irregularidades. Además, se da la circunstancia de que los responsables firmaron documentos en los que certificaban que estas personas habían cumplido su labor de manera satisfactoria.

La Guardia Civil ha pedido al juez que acuerde una serie de diligencias para seguir avanzando en las pesquisas. Llama la atención una de las solicitudes, la dirigida a la propia Intervención para que le aclaren por qué no se elaboró ningún informe de control desde 2007 a 2015, el periodo del fraude. También pide la identidad de los responsables del programa de control de la Diputación de Valencia. No se descarta que algún responsable termine desfilando por el juzgado de Instrucción 18 por haber colaborado de manera directa en ese «descontrol» que reinaba en la empresa pública.