Las Provincias

El PP lleva desde julio sin informar al juez de Taula de los miembros de su Comité

Concejales y asesores del PP entran a la comandancia de la Guardia Civil para ser interrogados. :: d. torres
Concejales y asesores del PP entran a la comandancia de la Guardia Civil para ser interrogados. :: d. torres
  • El instructor pidió que se identificara a los componentes del órgano a quienes la Guardia Civil propuso investigar

La instrucción del caso Imelsa avanza a diferentes velocidades. No todas las piezas discurren al mismo ritmo. Tampoco la complejidad es idéntica. En ocasiones, la demora se debe a la lentitud en responder a las peticiones del magistrado instructor. Y ahí destaca el Partido Popular, investigado como persona jurídica por un delito de blanqueo.

La formación política, la primera en España imputada por un delito de este tipo, lleva desde el pasado mes de julio sin contestar al juez sobre los miembros del denominado Comité Ejecutivo del PP de Valencia. El magistrado solicitó la identidad de los integrantes del órgano después de que recibiera un informe de la UCO en el que sugería proseguir la investigación por un delito electoral -financiación irregular- contra estos responsables.

El grupo, en realidad, está compuesto por buena parte de los concejales investigados por el supuesto blanqueo y por algunos de esos asesores, pero también por numerosos cargos municipales de la formación, alrededor de medio centenar, según la información de la que dispone LAS PROVINCIAS. «No se les podía escapar que se afrontaban gastos de alguna manera distinta a la estipulada por las normas legales e internas», mantiene el escrito de los investigadores respecto a estos integrantes.

El juez, en cambio, prescindió de la Junta Directiva Local, un órgano notablemente más amplio que engloba incluso a diputados nacionales y autonómicos que se presentaron por Valencia.

No parece que la propuesta inicial de la Guardia Civil se vaya a materializar, es decir, no se antoja como probable la citación como investigados de todo el Comité Ejecutivo. Se hará una criba de los nombres y de acuerdo a su posición o relevancia sí que se podrían producir excepciones. En cualquier caso todo es una mera hipótesis hasta que no se reciban los datos.

Desde la formación popular recuerdan que el juez no les dio un plazo para cumplir con el requerimiento. Cierto. Pero más de tres meses para enviar un listado de nombres parece un periodo razonable. También añaden que están esperando la elaboración de otra documentación para enviarla de una vez al instructor.

La tesis de la Guardia Civil es que el PP de Valencia utilizaba una cuenta opaca, que manejaba Mari Carmen García Fuster y en la que también estuvo autorizado Alfonso Grau, para pagar los gastos electorales de las campañas de Barberá. Al no existir ningún tipo de fiscalización sobre esa libreta se podían abonar conceptos electorales sin computar en la cuenta oficial. De esta forma, se podía hacer una mayor inversión sin que constara para los órganos de fiscalización.

La causa inicialmente estaba abierta por un delito de blanqueo de 50.000 euros en el que supuestamente participaron medio centenar de concejales, exconcejales, asesores y exasesores. La declaración de García Fuster en la que reveló la existencia de un recaudador que hacía ingresos para el PP amplió las pesquisas a la financiación ilegal.

La instrucción en las últimas semanas se ha centrado en la petición de un grupo de defensas de lograr las cintas de la conversación clave del caso, el audio en el que Alcón y su hijo hablan del método de blanqueo. El juez sólo ha aceptado una audición, pero no la entrega física del material.