Las Provincias

Oltra atiende ayer a la consellera Gabriela Bravo. :: efe
Oltra atiende ayer a la consellera Gabriela Bravo. :: efe

Mónica Oltra culpa al PP de la condena por opacidad: «Piden lo que no tenemos»

  • La vicepresidenta alega que la ejecución de la sentencia sobre las cajas fijas de las universidades puede ser «divertida» y sugiere que todo responde a una estrategia del PP

valencia. Mónica Oltra tuvo que defender ayer la transparencia como una de las guías maestras sobre las que se construye su acción de Gobierno tras la segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le condena por no facilitar datos a la oposición. En la encrucijada, si exceptuamos la posibilidad de asumir el error y autocrítica, quedan dos vías. O criticar al TSJ o atacar al impulsor del recurso. La vicepresidenta optó por ser generosa en el reproche y repartió a ambos bandos.

Adelantó al tribunal que la ejecución del fallo -es decir, entregar los apuntes de las cajas fijas de las universidades- puede ser «divertida». Un calificativo que sugiere su incumplimiento por el simple hecho de carecer de esa información. «No la tenemos», repitió en varias ocasiones. Recordó la responsable gubernamental que el artículo 12 del Reglamento de Les Corts obliga a los diputados a facilitar la documentación que obre en su poder, y la de las cajas fijas de las universidades no la tienen. No escondió Oltra que se trata de sentencias que «no gustan» y opinó que ella es partidaria, al igual que el resto del Consell, de que todos los datos sean públicos y estén a disposición de los ciudadanos.

La vicepresidenta aprovechó para referirse a que la demanda de información corresponde a la etapa del Partido Popular al frente de la Generalitat. Un argumento que tampoco resulta relevante al hablar de una condena a la Conselleria de Educación por negarse a proporcionar una serie de información con independencia del periodo o gobierno que se viese afectado. El Consell, no obstante, no da la batalla por perdida. Los servicios jurídicos estudian desde ayer mismo el fallo de la Sala de lo Contencioso y se plantean el recurso. La condena del TSJ incluía 1.500 euros de costas para la Generalitat.

Se trata de la segunda vez en poco más de un mes que el proceder del Ejecutivo valenciano recibe una condena por su escasa transparencia. La primera se hizo pública el pasado 1 de octubre, cuando el TSJ condenó a la Generalitat por no entregar documentación al PP unas auditorías judiciales que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, anunció y posteriormente confirmó en Les Corts. Tras la sentencia condenatoria, tanto Bravo como Oltra afirmaron que tales auditorías no existen.

Necesidad de control

El argumento de que no se dispone de la información no ha sido suficiente para el TSJ. El fallo recoge en un párrafo la realidad de las instituciones académicas como entidades con autonomía económica y financiera «pero esta no es absoluta». Parece «evidente» que la anterior circunstancia no implica que puede escapar «de cualquier control o supervisión».

Oltra sugirió al PP que quizá deberían haberse dirigido a las universidades a la hora de reclamar la información. Reflexionó sobre la postura del Partido Popular al no entender que reclamen unos datos que corresponde al periodo de Gobierno de Fabra y Camps. «Creo que se ha producido una confusión entre el controlador y el controlado». «Es curioso que el PP quiera fiscalizar su etapa de Gobierno, ellos sabrán lo que han hecho». Era la misma línea que mantenía el pasado jueves el conseller de Educación, Vicent Marzà, cuyo departamento es el que ha recibido el desfavorable fallo.

LAS PROVINCIAS publicó recientemente un análisis de las cajas fijas de las universidades de 2015, las únicas que hasta el momento están al alcance del ciudadano. Dos tercios de los gastos estaban sin justificar. Las instituciones académicas suspenden en transparencia; ocultan las dietas, sueldos de altos cargos y servicios sin control presupuestario.

La vicepresidenta, además, se benefició de una pregunta durante la rueda de prensa, para apuntalar una teoría «plausible» acerca de la actuación del Partido Popular. El razonamiento sería que el grupo popular, conocedor de que el Consell carece de determinada información, presenta recursos en el TSJ para intentar que la Generalitat sea condenada. De esta forma, con los pronunciamientos judiciales, atacan uno de los pilares básicos de la actuación del bipartito.

¿Para qué quieren datos?

Así, concluyó que el PP, lejos de querer controlar, lo que pretende realmente es colapsar al Ejecutivo valenciano. Como ejemplos, citó que el PP ha pedido fotocopia íntegra de todos los expedientes de menores de la Comunitat y de todas las mujeres afectadas por violencia machista, y se preguntó qué aporta al control de gobierno «saber que a una mujer le pegaron y le rompieron tres costillas o siete», aparte de abordar ámbitos de la intimidad de las personas.

Oltra destacó que el PP sabe que esos expedientes están «especialmente protegidos» y no se los pueden entregar, e insistió en que detrás de esta actuación «no hay voluntad de controlar» al Consell, «y menos aún cuando piden facturas de cuando gobernaban ellos».

Todo lo anterior le llevó a resumir la actuación del Partido Popular: «Esto no es serio». Lejos parece quedar la etapa de Oltra en la oposición donde sus maniobras no distaban en exceso de las que ahora emplea el PP. Sólo dos semanas después de las elecciones a la Generalitat,por ejemplo, Oltra convocó a los medios para presumir de la segunda sentencia del Tribunal Supremo contra el Consell de Fabra por oculta información.

El actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también recurría en otros tiempos a la misma estrategia. Presentó un libro en el que se reclamaba la necesidad de combatir ese vicio del PP de ocultar datos y la apuesta por la transparencia. Las sentencias mantienen la misma línea. Sólo que los inquilinos del Consell han cambiado.