Las Provincias

El TSJ condena por segunda vez en un mes al Consell por falta de transparencia

Puig, Oltra y el síndic del PSPV, Manuel Mata, ayer en Les Corts.  :: DAMIÁN TORRES
Puig, Oltra y el síndic del PSPV, Manuel Mata, ayer en Les Corts. :: DAMIÁN TORRES
  • Obliga a Educación a facilitar datos que el PP reclama desde hace un año del gasto de caja fija de las universidades públicas valencianas

Segundo toque de atención al Consell en un mes por no hacer lo que predica, por enarbolar una bandera, la de la transparencia, y luego actuar con la opacidad que tanto crispaba a los dirigentes del actual Consell cuando estaba en la oposición. Ahora, socialistas y nacionalistas capitanean el Pacto del Botánico y deben asumir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat donde se cuestiona la voluntad del Gobierno valenciano a la hora de arrojar luz sobre el sector público de la Comunitat. El pasado 31 de octubre, el TSJCV falló contra el burocrático y críptico modo que utilizó el conseller Vicent Marzá, titular de Educación, para despachar la solicitud de información sobre las cajas fijas de las universidades valencianas que el diputado del PP Rubén Ibáñez cursó el 21 de octubre del año pasado.

La respuesta de la Generalitat a los populares fue que las universidades, de acuerdo con la ley, «tienen autonomía económica y financiera. Tienen, por tanto, su propia tesorería desde la que realizan todo tipo de pagos, incluidos los realizados a cargo de caja fija. En consecuencia, la documentación solicitada se encuentra en poder de la universidad», y la Generalitat «no dispone de la mencionada documentación», tal y como desde hace once meses viene informando LAS PROVINCIAS en reiterados reportajes. De modo que, a juicio del Consell, Ibáñez podía esperar sentado. Sin embargo, no se sentó a esperar. El 24 de febrero presentó una demanda contra Educación.

Los populares anunciaron ayer el fallo del TSJ, que condena al Consell, en primer lugar, a no escudarse en la autonomía universitaria y facilitar al PP las cajas fijas de las universidades, subvencionadas en más del 80% de sus presupuestos con el dinero de la Generalitat. En segundo término, a pagar las costas procesales de los populares «en cuantía máxima de 1.500 euros».

Se trata de la segunda vez en poco más de un mes que el proceder del Ejecutivo valenciano recibe una condena por su escasa transparencia. La primera se hizo pública el pasado 1 de octubre, cuando El TSJ condenó a la Generalitat por no entregar documentación al PP unas auditorías judiciales que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, anunció y posteriormente confirmó en Les Corts. Tras la sentencia condenatoria, tanto Bravo como Oltra afirmaron que tales auditorías no existen.

Autonomía con límite

Esta vez, sin embargo, Marzà no podría alegar que las cajas fijas de las universidades no existen. De hecho, el titular de Educación admitió ayer que su problema es que no conoce esa información. Sin embargo, tal y como se indica en la sentencia del TSJCV, «las Universidades tienen autonomía económica y financiera, pero ésta no es absoluta, pues siendo la misma cierta y necesaria, parece evidente que no es indefinida ni puede escapar de cualquier control o supervisión y habrá de moverse dentro del ámbito que se dispone en la legislación financiera y presupuestaria aplicable al sector». Las cinco instituciones académicas públicas (Universitat de Valencia, UV; la Politécnica de Valencia, UPV; la de Alicante, UA; la Jaime I de Castellón, UJI, y la Miguel Hernández de Elche, UMH) dependen en grado sumo de las subvenciones públicas, y por ello, no pueden abstraerse de rendir cuentas a la Generalitat, que las financia prácticamente en su totalidad. Además, las universidades valencianas están incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Transparencia aprobada en abril de 2015 por el Consell, de modo que las instituciones deberán aplicarse la transparencia que el Ejecutivo reclama y fomenta a través de su Conselleria de Transparencia.

La sentencia, además, critica abiertamente alguna de las razones esgrimidas hasta ahora para ocultar las cuentas públicas que ahora el PP reclama. «Resulta anacrónico dicho argumento a la luz de las nuevas tecnologías que en la actualidad se dispone para proporcionar tal documentación», señala el TSJ en el fallo contra el Consell, que obliga a facilitar las cajas fijas de las cinco universidades de los años 2006 a 2014, lo que puede resultar un inventario contable curioso a tenor de cómo se han manejado en el poco tiempo que, por ley, se están viendo obligadas a hacer públicas los datos de sus gastos sin fiscalizar. Respecto a las cajas fijas de 2015, el pasado mes de enero este periódico ya adelantó que del pasado ejercicio había dos tercios de los gastos sin justificar. Hace ahora un mes, LAS PROVINCIAS volvió a revisar el talante transparente de las universidades públicas valencianas, y suspendieron masivamente. Las instituciones preservan la opacidad de datos bancarios, dietas, sueldos de altos cargos y servicios sin control presupuestario.

«Bajo siete llaves»

Ibáñez, portavoz de Economía del grupo popular en Les Corts, calificó ayer de «bochornoso» que un Gobierno que tiene una Conselleria de Transparencia «sea condenado por segunda vez por el TSJCV por pisar y aplastar los derechos fundamentales de diputados del grupo popular». Ibáñez consideró que «el secreto que bajo siete llaves guardaba Marzà ya no va a ser un secreto».

«Puig y Oltra han sido condenados por el TSJ, por su opacidad, por su falta de transparencia», recalcó Ibáñez, quien se preguntó si «van a pagar de su bolsillo las costas procesales o si van a ser los valencianos quienes van a seguir pagando la opacidad e intransigencia de este Consell».

Marzá, por su parte, indicó ayer que cuando recibieron la solicitud del PP, en octubre de 2015, «contestamos con la verdad» y es que «no disponemos de esa información» y, por lo tanto, «no podemos decir una cosa que no tenemos».

«Nosotros no escondemos nada, al contrario, damos toda la información que tenemos», explicó el conseller de Educación para quien resulta «curioso» que el mismo Partido Popular que «sabe que ellos no disponían de esa información», les haya pedido documentación de los años del 2006 al 2014 cuando «estaban gobernando y saben que no está en las consellerias».