Las Provincias

La policía requisa información en el circuito de Cheste sobre el caso Valmor

Entrada del circuito Ricardo Tormo de Cheste. :: jesús signes
Entrada del circuito Ricardo Tormo de Cheste. :: jesús signes
  • Los agentes también se llevan copias de los ordenadores de la Dirección General de Nuevas Tecnologías

La investigación del caso Valmor arrancó en abril de 2014. Tras las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción, se presentó una denuncia en el TSJ contra el expresidente Camps, Lola Johnson y el expiloto Aspar a principios de 2015. Desde entonces todas las partes han conocido la causa y los detalles de la instrucción. Dos años y medio después del arranque del caso se decretó una pieza secreta al encontrar una nueva vía de investigación. ¿Es posible que todavía quede información comprometida en dependencias oficiales y otras mercantiles? La Fiscalía Anticorrupción y el juzgado así lo creen. La Policía irrumpió ayer varias sedes de organismos oficiales, como el circuito de Cheste o la Dirección General de Nuevas Tecnologías, dependiente de la Conselleria de Hacienda. A Cheste llegaron a las nueve de la mañana. Abandonaron el lugar a las 15.40 horas.

Los especialistas policiales estaban autorizados a volcar el contenido informático de los ordenadores de estas dependencias. Pero no se llevaron ningún equipo, según fuentes de las propias instalaciones. Ahora, los expertos tratarán de recuperar el material informático que almacenaban las computadoras. El borrado de un archivo o correo electrónico no garantiza su completa eliminación del sistema. Existen vías para recuperarlo.

El secreto hace inviable conocer con precisión el material recopilado más allá de que se trata de la organización de todas las carreras de Fórmula 1 en Valencia (2007-2012). Valmor, la empresa creada por Aspar y Roig con el apoyo financiero de Bancaja, contó con la colaboración de Circuito Motor para el montaje del circuito urbano y cuestiones de organización. Valmor jamás pagó por estos servicios. Lo sorprendente es que tampoco la Generalitat pasó de meros avisos para reclamar esta deuda.

La sociedad es una de las claves sobre las que pivotan las pesquisas. De hecho, la Fiscalía también ha solicitado el contenido de los ordenadores de esta mercantil. La causa se declaró secreta la pasada semana. Esta circunstancia afecta a las diligencias practicadas ayer. De tal forma que los investigados, por el momento, no conocen los resultados.

No son las únicas pruebas que ha encargado el fiscal Anticorrupción a la juez de Instrucción 2 de Valencia. Recientemente encargó a Intervención un informe sobre la compra de Valmor por parte de la Generalitat, presidida entonces por Alberto Fabra. Solicitaba que se aclararan las consecuencias de asumir el pasivo de la sociedad, el aval del Instituto Valenciano de Finanzas a Valmor por valor de 15 millones de euros y, por último, el crédito de ocho millones con el que se financió a la empresa de Aspar, organizadora de las carreras. También se requirieron datos sobre las partidas presupuestarias empleadas en la financiación de dos empresas públicas: Circuito del Motor y Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat entre 2008 y 2012.

Aparte de Circuito Motor, también otra empresa de la Generalitat, Sociedad Proyectos Temáticos, costeó gastos que, en teoría, correspondían a Valmor: el pago del canon anual de más de 20 millones la empresa de Bernie Ecclestone, el entonces propietario de la Fórmula 1. Del mismo modo, se solicitaron datos de las empresas afectadas por la investigación, como Circuito del Motor y Sociedad Proyectos Temáticos. Se trata fundamentalmente de apuntes contables de la mercantil así como los números de cuenta y las personas que estaban autorizadas. También se incluye en la petición las actas del consejo de administración.

El juzgado también ha recibido en las últimas semanas un informe del Tribunal de Cuentas que revelaba graves irregularidades en la organización y gestión de la Fórmula 1. Pero en su análisis, cuyo contenido adelantó LAS PROVINCIAS, admitía que no podía reclamar por el perjuicio para las arcas públicas -alrededor de 80 millones de euros- porque no se habían recurrido las decisiones gubernamentales o los contratos perfectamente legales entre empresas.