Las Provincias

El Consell creará una nuevo ente público para cumplir la ley de Memoria Democrática

El presidente Ximo Puig junto a la vicepresidenta Mónica Oltra. :: damián torres
El presidente Ximo Puig junto a la vicepresidenta Mónica Oltra. :: damián torres
  • El anteproyecto será presentado en el pleno de mañana y se espera que Les Corts aprueben la ley antes del próximo mes de septiembre

Valencia. El Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades públicas. Este es la nueva agencia pública que creará el Consell para asegurarse el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, uno de los principales proyectos que encabeza Gabriela Bravo, consellera de Justicia.

Bravo presentó ayer en el Palau de la Generalitat el anteproyecto de la futura norma y afirmó que la norma que se aprobará mañana en el pleno del Consell se articulará sobre los ejes de memoria, verdad y justicia para reparar el daño de las víctimas de la guerra civil española y la dictadura franquista. El ente público autónomo, que nacerá en 2017, impulsará las medidas establecidas en la ley y realizará labores de estudio y de investigación. Con un presupuesto de 224.000 euros para su puesta en marcha, el ente integrará el Consejo Valenciano de la Memoria Democrática, un órgano colegiado consultivo. Esto en principio supondrá un mayor aumento del gasto público y la contratación de personal para el nuevo ente.

La consellera de Justicia recordó que existen actualmente en la Comuntiat unas 300 fosas con 11.000 cuerpos del conflicto, de las cuales alrededor de la mitad corresponde a cada uno de los bandos. El anteproyecto establece que la Generalitat realizará actuaciones de recuperación e identificación de los restos de los desaparecidos a través de mapas de localización, además de prohibir la construcción sobre terrenos o la remoción de los mismos cuando existan evidencias de la existencia de restos. Para ello, el texto establece la creación de un censo en la Comunitat Valenciana, que también incluirá a los valencianos y valencianas de origen que murieron fuera de las fronteras españolas. Este texto parte de la normativa aprobada en 2007 por el gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y tiene en cuenta las recomendaciones que establece la ONU. Se inspira en leyes aprobadas por otras comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Navarra y Baleares, aunque también toma el ejemplo de otras que se están tramitando, como es el caso de las leyes de Andalucía y Aragón.

Tanto Bravo como Ximo Puig, presidente de la Generalitat, aseguraron que la nueva norma no pretende ser «revanchista» sino «integrar a todas las víctimas» para preservar la memoria democrática y recordar, reconocer y honorar a los que lucharon por ella. Bravo incidió en que espera que la nueva norma pueda lograr un gran consenso cuando llegué a Les Corts y que espera que la cámara la apruebe antes de septiembre de 2017. Por su parte, Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell destacó que esta ley recupera el olvido «y hace de la memoria un derecho» y que «poco a poco este gobierno va reparando el dolor de las víctimas»

Sanciones económicas

El anteproyecto de la ley prohibe la exhibición pública de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Esto significa que en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, deberán retirarse los elementos relacionados con el régimen franquista. En la normativa se incluyen todas las distinciones, nombramientos y títulos honoríficos que se otorgaron durante la dictadura. También se evitarán los actos públicos que supongan un «menoscabo de la dignidad de las víctimas o sus familiares u homenajes al franquismo». En el caso de incumplimiento de la ley se prevé que se apliquen diferentes sanciones económicas que pueden oscilar entre los 6.000 y los 150.000 euros, dependiendo de la gravedad de la situación. Las multas más altas estarían dirigidas a actuaciones que destruyesen lugares considerados de memoria democrática.

Respecto a la previsión económica prevista para desarrollar la futura ley, la consellera de Justicia explicó que se ha incrementado un 60% la dotación de la Dirección General de Reformas Democráticas para atender la puesta en marcha del Instituto de la Memoria, que canalizará las medidas que contempla la ley, y se ha aumentado el presupuesto en lo que supone apoyo económico para las actuaciones de difusión, estudio de los contenidos de la normativa y consolidación de la memoria democrática.