Las Provincias

El TSJ condena al Consell por no facilitar las cajas fijas de las universidades

Los rectores de las universidades públicas valencianas, con el presidente Ximo Puig.
Los rectores de las universidades públicas valencianas, con el presidente Ximo Puig. / JUANJO MONZÓ
  • Se trata de la segunda sentencia contra el Gobierno del tripartito tras la anterior contra la consellera Gabriela Bravo por negar documentación al PP

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha condenado a la Conselleria de Educación a informar sobre la relación detallada del número de cajas fijas existentes en las universidades públicas, tal y como había solicitado el PP.

Esta sentencia, facilitada por el PP, es fruto de la admisión de un recurso del diputado popular Rubén Ibáñez contra la respuesta de la Conselleria del 24 de febrero de este año al citado requerimiento.

En consecuencia, Educación deberá informar sobre la relación detallada de las facturas, con indicación del concepto, número y fecha, y restos de gastos realizados con cargo a las partidas de cajas fijas en el periodo 2006-2014, así como abonar las costas procesales, que se han estipulado en 1.500 euros.

La sala entiende que, a pesar de la autonomía económica y financiera de la que disfrutan las universidades, "esta no es absoluta, pues siendo la misma cierta y necesaria, parece evidente que no es indefinida ni puede escapar de cualquier control o supervisión y habrá de moverse dentro del ámbito que se dispone en la legislación financiera y presupuestaria aplicable al sector".

El diputado del PP Rubén Ibáñez ha criticado que casos como este "no lo cuentan Puig y Oltra. Es bochornoso que un Consell que tiene una Conselleria de Transparencia sea condenado por el TSJ, por segunda vez, por pisotear el derecho de los diputados del PP".

"El secreto que bajo siete llaves guardaba el conseller Marzà ya no va a ser un secreto, porque el TSJ ha dicho que se ha de enseñar la caja fija de las universidades. Es duro que un gobierno progresista, que pone partidas presupuestarias para transparencia, sea condenado por su opacidad", ha agregado.

Asimismo, ha advertido al Consell que "incumple el artículo 139 de la Ley de Hacienda Pública porque lleva desde el mes de agosto sin presentar la situación contable de la Generalitat a Les Corts, cuando tiene la obligación de hacerlo mes a mes".

La citada sentencia no es firme y es susceptible de ser recurrida ante el mismo Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o ante el Tribunal Supremo en casación.

Marzà: «Se contestó con la verdad»

Por su parte, el conseller Vicent Marzà ha replicado esta tarde que tras la petición de información "se contestó con la verdad, como no podía ser de otra forma. Y es que nosotros no disponemos de esa información, y por tanto no les podemos decir una cosa que no tenemos". Ha añadido que su departamento "no esconde nada" y que "resulta curioso que el mismo PP que sabe que no disponemos de ella nos pida una información de cuando estaban gobernando, por lo que saben que no está en las consellerias"

Segunda sentencia contra el Consell

Se trata de la segunda sentencia contra el Consell en poco tiempo. El 1 de octubre el TSJ condenó a la consellera Gabriela Bravo a facilitar la documentación que le negó al PP, práctica que los partidos del actual Ejecutivo reprocharon al Gobierno de Fabra.

El bautizado como 'Consell del cambio' por parte de PSPV y Compromís, impulsores además de la primera cartera consagrada exclusivamente a la transparencia, recibió la primera constatación jurídica de que la opacidad se da hasta en las mejores familias. De nada ha servido que la Conselleria de Justicia recayese en las espaldas de una exportavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, pues ha sido precisamente ella, su departamento, el que ha recibido una sentencia reprobatoria de su actitud frente a la petición del PP de una serie de documentación que no se le facilitó en su momento y que los tribunales han decidido que debe aportar.

La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dio la razón a la demanda interpuesta por el grupo popular en Les Corts por denegación documental y obliga a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas a entregarle el informe de una auditoría que le reclamó en octubre del pasado año. Así consta en la sentencia, contra la que cabe interponer recurso, en la que el tribunal estima el recurso de la diputada del PP y portavoz de Justicia, María José Ferrer San-Segundo, contra la Conselleria de Justicia, y que la condena al pago de las costas procesales.

Justicia encargó a sus servicios jurídicos que estudien la posibilidad de recurrir la sentencia, según un comunicado en el que Gabriela Bravo manifiesta que, desde «el respeto» que merecen todas las resoluciones judiciales no comparte el fallo de la misma dado que es «de imposible ejecución» porque «el documento no se elaboró jamás». En concreto, el documento que el PP reclamaba es una copia del informe completo de auditoría interna, con todos sus anexos, que se encargó al asumir Bravo las competencias de la Conselleria de Justicia. Tanto la consellera como, ayer, la portavoz del Consell, Mónica Oltra, alegaron que se trata de una auditoría inexistente, pues Bravo asegura que utilizó ese término no «en términos políticos, pero el informe como tal no se elaboró y, por tanto, no podía ser entregado».

Precisamente fue Oltra, pero en 2014, cuando estaba en la oposición, quien criticó duramente al Consell que entonces encabezaba el PP por anunciar, como ahora hace Bravo, su intención de recurrir. La que era diputada de Compromís consideraba que el Ejecutivo utilizaba la posibilidad del recurso porque «le sale gratis».

«Es la primera sentencia condenatoria contra el Consell, en concreto contra la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, e indica que la obstrucción es injustificable», apuntó por su parte Ferrer San-Segundo, quien recordó que la decisión judicial «les condena no solo a entregar la documentación, una de las cuales fue presentada con posterioridad a la iniciación del proceso tras negar su existencia, sino también al pago de las costas procesales».

De hecho, fuentes del PP recordaron que Bravo, en declaraciones realizadas el 26 julio 2015 aseguró que, cuando llegó a Justicia, «lo primero que hice fue pedir una auditoría interna». En este sentido, con su característico gesto severo cuando pretende subrayar sus argumentos de manera solemne, la consellera, en su primera comparecencia ante el pleno de Les Corts, un 17 septiembre 2015, tal y como consta en el Diario de Sesiones de la Cámara, proclamó: «Y he ordenado la auditoría, claro que la he ordenado. Fue la primera decisión que adopté cuando llegué a la conselleria».