Las Provincias

El Consell anuncia «medidas» para impedir actos u homenajes el 20-N

La consellera Bravo (dcha.), en el acto sobre la memoria histórica.
La consellera Bravo (dcha.), en el acto sobre la memoria histórica.
  • La Conselleria de Justicia prepara una futura ley, prevista para mediados de 2017

El Gobierno valenciano promoverá medidas, "siempre desde el respeto a la libertad de expresión", para impedir el próximo 20 de noviembre la celebración de actos u homenajes con motivo de la muerte de Francisco Franco, según ha anunciado hoy la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.

El Consell justifica esta decisión en la futura ley de Memoria Democrática y para la Convivencia en la Comunitat Valenciana, que se pretende entre en vigor a mediados de 2017 y ha sido presentada hoy por Bravo junto al president de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra.

Esa normativa prohibirá la exhibición pública de símbolos o elementos a la memoria democrática y de actos públicos que menoscaben la dignidad de las víctimas y de sus familias o en homenaje del franquismo o de sus responsables, según ha explicado Bravo respecto a los actos que haya el próximo 20-N en la Comunitat.

Recuperar los derechos a la verdad, la justicia y la memoria es el principal objetivo de esta nueva normativa, cuyo incumplimiento será sancionado, en los casos más graves, con hasta 150.000 euros.

Tanto Puig como Bravo han coincidido en destacar que no es una ley "revanchista" sino que pretende "integrar a todas las víctimas, de ambos bandos" y ser "un instrumento que sirva para cohesionar, no para dividir".

Actualmente hay casi 300 fosas comunes con víctimas de los dos bandos sin identificar en la Comunitat Valenciana, donde murieron casi 11.000 personas, la mitad de ellas por la represión franquista y la otra mitad por la republicana.

La nueva normativa da un plazo de un año desde su entrada en vigor para la retirada de elementos que sigan sustentando y apoyando el régimen franquista.

Además, pretende crear un censo de víctimas y de desaparecidos, recuperar la documentación que fue confiscada y forma parte del patrimonio cultural de los valencianos, y poner en marcha un Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, organismo autónomo que canalizará las medidas que contempla la ley.