Las Provincias

La Audiencia avala la investigación de un juez de Gandia contra la alcaldesa

La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, el día en que juró el cargo. :: j. ribes
La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, el día en que juró el cargo. :: j. ribes
  • El tribunal rechaza los recursos de la primera edil y ratifica el auto inicial del juzgado que anunciaba su comparecencia por presunta prevaricación

La Audiencia Provincial de Valencia avala la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número tres de Gandia, el pasado mes de marzo, contra la alcaldesa Diana Morant, por un presunto delito de prevaricación, coacción y falsificación documental. Esto quiere decir que el tribunal reconoce el primer auto emitido por el magistrado instructor de la Ciudad Ducal, donde iniciaba los trámites para tomar declaración a la edil socialista.

La sección quinta ha rechazado uno de los últimos recursos interpuestos por los letrados de Morant para evitar prestar declaración en Gandia. La alcaldesa tendrá que hacer frente, por tanto, a una querella interpuesta por miembros del Partido Popular, a los que, supuestamente, se les impidió el acceso a despachos del ayuntamiento en los días sucesivos a la investidura.

Los hechos se remontan a junio de 2015. El PP, pese a ganar las elecciones, se quedó fuera del gobierno tras un pacto entre PSPV, Més Gandia (Compromís, EU y ERPV) y Ciudadanos. El día en que Morant asumió el cargó, el 13 de junio, firmó un decreto mediante el que se prohibía el acceso a «cualquier persona a las dependencias» del consistorio y a la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia (IPG).

Esta norma se fijó para todo el fin de semana, pero el lunes siguiente el exalcalde Arturo Torró y algunos miembros del gobierno saliente intentaron acceder a varios despachos y no les fue posible. Agentes de la Policía Local custodiaban desde hacía días todas las estancias.

Esto generó un fuerte enfrentamiento entre Torró y efectivos de seguridad. De hecho, el exalcalde acudió a IPG, la empresa que gestionaba los servicios municipales, con un notario para que certificara que le impedían el paso.

Meses después, el PP llevó este tema a los tribunales. El 21 de marzo de este año, los populares presentaron una querella contra Morant, el secretario municipal, Lorenzo Pérez; los funcionarios Vicent Llorens y Vicent Todolí; y el coordinador de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, por prevaricación administrativa, revelación de secretos, falsificación de documentos y coacciones.

Asesores de Torró

Los querellantes eran el exalcalde, el exgerente de IPG, Gonzalo Morant, y los asesores Cristina Serrano, Carlos Moncho, Lola Moncho y Alba Frasquet. Tras cursar la denuncia, la respuesta no se hizo esperar.

El magistrado de la sala 3 de Gandia emitió un auto en el que citaba como querellados a Morant y al resto de denunciados. A todos les citaba para declarar en junio. Pero los abogados de la parte acusada recurrieron.

Esto hizo que el juez aplazara la declaración y les citó para los días 25 y 26 de octubre. Los letrados de Morant recurrieron la decisión. Ante esta situación, la sala de Gandia aplazó una vez más las citas previstas y elevó esa última alegación a la Audiencia Provincial.

Ahora, ha sido este organismo quien ha resuelto que el caso debe retomarse en los tribunales de la Ciudad Ducal y sostiene que contra su decisión no cabe recurso. Por tanto, el proceso vuelve a sus inicios y se tiene como referencia el primer auto del juzgado de Gandia, de mayo de este año, en el que ya se citaba a todos los querellados para declarar. De momento no existen fechas y también se desconoce si la parte denunciada volverá a recurrir ante la sala de la Ciudad Ducal si hay nuevas citaciones.

Ante esta situación, la alcaldesa de Gandia dijo sentir «respeto por la medida». Morant agregó que está tranquila ya que se trata «de un nuevo paso judicial». En caso de ser citada, apostilló, esto le permitirá «aclarar lo que pasó» y por qué se permitió «al secretario y al interventor» que custodiaran documentos y material informático.

La edil socialista sostuvo que el PP, con esta querella, lo que persigue es «que la alcaldesa desfile por los juzgados» y desviar la atención sobre las múltiples imputaciones «que ya pesan sobre miembros del gobierno anterior». Ademas remarcó que nunca se impidió la entrada a funcionarios, «sólo a ediles y asesores del PP para evitar la destrucción de pruebas».