Las Provincias

La exconcejal. :: i. marsilla
La exconcejal. :: i. marsilla

La fiscalía y Abogacía del Estado retiran la acusación a Alcón por delito fiscal

  • Al no existir ninguna acusación, la instructora ha decretado el sobreseimiento de las actuaciones contra la exconcejal

Un problema menos para María José Alcón en su complicado horizonte judicial. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pactado con la familia Alcón -cuatro miembros estaban procesados por un fraude fiscal- y la exedil ha sido apartada de la causa, según ha adelantado hoy LAS PROVINCIAS. Al no existir ninguna acusación, la instructora ha decretado el sobreseimiento de las actuaciones contra la exconcejal, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El caso, que se seguía en un juzgado de Mislata, partió de una denuncia de la Agencia Tributaria. Los hechos se remontan a 2009. Los inspectores descubrieron que Alcón no habían realizado la declaración de la renta de su padre tras su fallecimiento. La Ley obliga a la viuda y al resto de herederos a presentar el IRPF del fallecido. En el periodo correspondiente a esa última declaración, el Tribunal Superior de Justicia había reconocido que a la familia le correspondía más dinero por dos solares expropiados por el Ayuntamiento de Valencia. Al padre de Alcón le pertenecía la mitad de esas cantidades, alrededor de un millón más por propiedad.

Las actuaciones seguirán ahora únicamente contra dos miembros de la familia Alcón. El pacto con las acusaciones, como en cualquier otro procedimiento, supone el reconocimiento de los hechos a cambio de una reducción de la petición de pena.

La investigación de este asunto había terminado hace meses. La juez dictó el auto de incoación de procedimiento abreviado, que equivale al procesamiento en otro tipo de procedimientos. La decisión fue avalada por la Audiencia Provincial de Valencia. El tribunal apreció indicios de criminalidad en la actuación de los investigados, maniobras que les permitieron eludir el pago de 192.000 euros. Las defensas trataban de prolongar las pesquisas al considerar necesario para la investigación que la Generalitat remitiera cierta documentación relativa al inventario de bienes que la familia presentó en su día en el Departamento de Sucesiones y Donaciones. La juez lo había rechazado. Y la Audiencia lo ratificó.

La exconcejal de Cultura de Valencia sigue investigada en dos piezas separadas del caso Imelsa. En la del blanqueo de capitales, una conversación con su hijo, cuya espontaneidad ponen en duda las defensas, impulsó las pesquisas. También está imputada, junto a Marcos Benavent, por el supuesto amaño de adjudicaciones y el cobro de comisiones a los beneficiarios.