Las Provincias

El Consell, Les Corts y las grandes ciudades incumplen la ley de publicación de contratos

Puig y responsables de Transparencia Internacional, en diciembre de 2015 tras firmar un convenio. :: i. marsilla
Puig y responsables de Transparencia Internacional, en diciembre de 2015 tras firmar un convenio. :: i. marsilla
  • Transparencia Internacional señala en sus estudios las carencias en toda la Administración valenciana con la excepción de las diputaciones

La ONG Transparencia Internacional (TI), en el seguimiento que realiza sobre el modo en que las administraciones públicas españolas publicitan los contratos y licitaciones, señala que tanto la Generalitat como Les Corts y la práctica totalidad de grandes municipios de la Comunitat incumplen la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado, la que garantiza la correcta difusión de los datos sobre contratación pública. Con excepción de las tres diputaciones (la de Valencia no superó el examen que la ONG realizó en enero, pero sí en julio), el resto de grandes instituciones públicas valencianas incumple la ley, según TI. No publican las adjudicaciones en una plataforma de contratación del sector público, según la ONG.

Transparencia Internacional señala en su estudio un reiterado incumplimiento del Consell, así como del parlamento valenciano y de las tres capitales de provincia y los municipios más poblados de la Comunitat: Alicante, Benidorm, Castellón, Gandia, Sagunto, Torrent, Torrevieja y Valencia. Todas las grandes localidades excepto Elche.

La ONG indica en un seguimiento realizado en dos fases (primero en enero y febrero y posteriormente en julio de este año) que sólo los gobiernos autonómicos de Cataluña, Asturias, Canarias, La Rioja, País Vasco y Castilla-La Mancha han realizado sus deberes en cuanto a dotar de transparencia máxima a la contratación pública. En el caso de los parlamentos, los de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y Murcia sí cumplen. Transparencia Internacional no publica estudios previos a enero de este año sobre la difusión de adjudicaciones.

El informe de TI refleja una evolución. En enero apenas tres regiones cumplían la ley y medio año después eran ya seis. En ninguna de las dos comprobaciones la Comunitat obtiene una nota positiva. La dispersión y deficiencia de sus datos se comprueba al comparar el modo en que se difunden los contratos públicos en otras partes de España.

Información fragmentada

La Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) es una especie de mural virtual desde donde el que se accede de manera agrupada al denominado 'perfil del contratante'. El Gobierno vasco, por ejemplo, dispone de una web con los datos agrupados y acceso directo a los informes a través de una plataforma. En el caso del Consell, sin embargo, en los buscadores de páginas web sí se agrupan las bases de datos como si se presentasen a través de una sola plataforma. No obstante, al acceder a la páginas digitales de la Generalitat la información se fragmenta y, en algunos casos, se pierde en los distintos departamentos de la Conselleria de Hacienda vinculados en unos casos con 'Información General' y en otros con 'Subsecretaría'.

Otro gobierno autonómico también aprobado por TI es Asturias. En su web, bajo un mismo epígrafe, el del 'perfil del contratante', se agrupan las licitaciones actuales y las históricas, además de datos como el listado de empresas en situación de prohibición para contratar. Esta última información, la Generalitat la separa de las licitaciones y la ofrece en el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda.

El pasado 9 de diciembre de 2015, la Generalitat firmó un convenio con Transparencia Internacional. En el Consell destacaron que eran el primer gobierno autonómico que suscribía con TI un acuerdo contra la corrupción. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó que el convenio suponía un avance para restablecer la honradez del Consell. Un més más tarde, la ONG ya indicó que el Ejecutivo valenciano incumple la ley que insta a facilitar la máxima información sobre las adjudicaciones públicas.

La información que ofrece el Consell, además de dispersa, en ocasiones es confusa. Según los datos del perfil del contratante que ofrece la Generalitat, en la Comunitat, ni en el ámbito autonómico ni en el local se realizan contratos por el procedimiento negociado sin publicidad. Ni uno. Sin embargo, por su parte, el IVF sí reconoce adjudicaciones de este tipo en abril y junio. Contrataciones de amplia repercusión pública permanecen opacadas, como la formalizada por CulturArts en febrero con motivo de los conciertos del cantante Raimón en la Comunitat. El anuncio del contrato se publicó en mayo en el DOGV. Se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad. En el enlace que la web de Transparencia facilita para buscar contratos no hay rastro del contrato de Raimon. Al reclamar información del mismo tipo en la plataforma de la Junta de Castilla-La Mancha (los procedimientos negociados sin publicidad son, tras el contrato menor, los más utilizados para evitar el concurso público o agilizar un gasto), en la PCSP manghega, en el perfil del contratante, aparecen 647 adjudicaciones de este tipo, incluyéndo contratos de 2011, muy anteriores a la entrada en vigor (en diciembre de 2013) de la ley que obliga a publicar información sobre los contratos públicos. Ese imperativo se potenció un año después a través de las normativas que regulan la transparencia, así como por la creación de consellerias como la del Ejecutivo valenciano.

Fuentes de la Generalitat señalan que la web de Transparencia incorporó hace meses un acceso directo a los contratos públicos. Ese enlace envía al registro de contrataciones, dependiente de Hacienda. Si se cruzan los datos que ofrece cada entidad de la Generalitat sobre sus contrataciones se comprueba que hay contratos ilocalizables. Las mismas fuentes indican que desde la Conselleria de Transparencia se ha indicado a TI que sí se publican los contratos; sin embargo, acceder a ellos es verdaderamente complicado y, en ocasiones, imposible. De ahí el balance de la ONG.

El coordinador de Política Social del grupo popular en Les Corts, José Juan Zaplana, afirmó ayer que la consellera de Sanidad, Carmen Montón, dirige su departamento «sin diálogo, sin transparencia y sin seguridad jurídica». Recordó Zaplana que el pasado 10 de febrero en Les Corts se aprobó una resolución por la cual el Consell debía crear y poner en marcha una comisión de seguimiento de los nombramientos de Sanidad.

Zaplana recuerda que «han tenido que pasar nueve meses y por fin parece que se va a poner en marcha, pero no por voluntad de Montón, sino por imposición de Transparencia», la conselleria que dirige Manuel Alcaraz. La puesta en marcha de la comisión, según el diputado del PP, se produce en el momento político «más débil» de Montón, sin el aval ya de Pedro Sánchez en Madrid y sin el respaldo de la vicepresidenta Oltra.

Esta comisión debió haber arrancado inmediatamente, según Zaplana, quien recordó que Oltra señaló en una comparecencia tras un pleno del Consell que el Ejecutivo «ya estaba en ello, lo dijo en el mismo mes de febrero».