Las Provincias

El PSPV cede ante Podemos y la Agencia Antifraude dependerá de Les Corts

  • La oficina contra la corrupción no tendrá poder para inhabilitar pero sí podrá fijar multas de hasta 400.000 euros

Una vez se supo que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, situaba a su PSPV en la línea de la abstención respecto a la investidura de Rajoy, la relación con Podemos en la Comunitat se ha tensado de tal manera que, entre las condiciones establecidas por los podemistas para seguir apoyando al Consell está que la Agencia Antifraude salga adelante sin que el proyecto inicial sea notablemente modificado. Tras la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda donde se votaron las enmiendas, todos los partidos salieron a la palestra asegurando sentirse satisfechos. Los socialistas consideraron que el ente había sido transformado convenientemente. Desde Podemos, la valoración final es que el PSPV y los nacionalistas han tenido que admitir la independencia de la oficina al quedar vinculada a Les Corts. Igualmente, los podemistas lograron que se respetase la capacidad sancionadora de la Agencia Antifraude, si bien tuvieron que admitir que pierda el poder para inhabilitar al personal de la administración que sea señalado por sus malas prácticas.

Los grupos parlamentarios de Les Corts presentaron antes de verano más de un centenar de enmiendas a la ley para la puesta en marcha de la Agencia Antifraude, uno de los proyectos que Podemos considera primordiales para esta primera mitad de legislatura. El número de iniciativas transformar de cabo a rabo la oficina que los podemistas pretenden que se convierta en un puntal contra la corrupción. PSPV y Compromís, apoyándose en los informes jurídicos solicitados sobre las competencias que pretende asumir la Agencia, le habían diseñado un traje de una talla menor, bien diferente al diseñado por el partido morado. Podemos, a la vuelta de las vacaciones de verano, preveía una dura negociación con sus socios del Pacto del Botánico. Sin embargo, apareció un elemento hasta ese momento desconectado con las negociaciones entre los parlamentarios valencianos: la política nacional.

La abstención del PSPV ha obligado a los socialistas a ceder, en parte, si bien no en todo, ya que la oficina contará, según el proyecto de ley presupuestaria presentado el pasado viernes por el Consell, con medio millón de euros. La cantidad es modesta, según admiten desde el partido morado, que, no obstante, confía en que durante la tramitación de los presupuestos se produzca una modificación al alza de esta cantidad. De hecho, las cuentas de la Generalitat incluyen la partida para la oficina contra la corrupción en los gastos diversos del Consell. Los socialistas pretendían que el ente dependiese orgánicamente del Ejecutivo, preferiblemente de la Conselleria de Justicia; Compromís quería que la controlase la Conselleria de Transparencia. Fuentes de Podemos indicaron que, además de poder establecer sanciones de hasta 400.000 euros, la Agencia Antifraude debe vincularse a la Cámara también a través de las partidas presupuestarias.

El millón y medio que le asigna el Consell se destinarían, según prevén los podemistas, a los gastos de personal y materiales, si bien la parte de inversión en inmueble e instalaciones se pretende que vaya a cargo de Les Corts. El personal de la entidad sería transferido desde otros departamentos y otras administraciones. En principio, una docena de trabajadores, además del mobiliario y sus herramientas informáticas para hacer posible su trabajo. Esa es la batalla que pretende dar Podemos, desde donde se precisa que su proyecto estrella (junto con la puesta en marcha de la nueva televisión pública valenciana) depende de una ley que, a pesar de haberse negociado ya, aún no se ha aprobado, si bien el Consell la 'define' presupuestariamente. «Hay un desfase técnico que habrá que resolver sobre la marcha», advierten los podemistas.