La juez de Emarsa añade al empresario huido a Moldavia como acusado

La juez que instruye el caso Emarsa ha ampliado el auto de apertura de juicio oral que redactó en noviembre de 2014 para incluir en su acusación al empresario Jorge Ignacio Roca Samper, huido de la justicia durante años pero finalmente detenido y procesado.

La magistrada Silvia Vivó señala a través de un auto que existen «indicios racionales de criminalidad» contra Roca Samper como cooperador necesario de un delito continuado de malversación de caudales públicos y como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Jorge Ignacio Roca Samper estuvo huido de la Justicia más de tres años, fue detenido en julio de 2015 en Moldavia, extraditado el pasado 15 de abril y tres días después la jueza, a petición de la Fiscalía, a la que se adhirieron todas las acusaciones, acordó prisión provisional comunicada sin fianza.

Su detención se produjo tres meses antes de que comenzara el juicio contra los otros 24 acusados de diseñar y participar de un entramado empresarial que durante al menos seis años (entre 2004 y 2010) detrajo alrededor de 23 millones de euros de fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa).

La juez considera a este empresario responsable civil directo en la cantidad de 17,2 millones de euros, de forma conjunta y solidaria con los acusados Enrique Crespo, José Juan Morenilla, Ignacio Bernácer, Esteban Cuesta, Enrique Arnal, José Luis Sena, Enrique Sena y Vicente Ros.

En el mismo auto, la juez ordena que se mantenga la situación de prisión provisional comunicada y sin fianza para Roca, le informa de que dispone de veinte días hábiles para presentar escrito de defensa y reclama su comparecencia en el juzgado h a las 10.00 horas.

En el auto de apertura de juicio oral dictado por este mismo juzgado en noviembre de 2014 se dirigieron acusaciones de prevaricación, malversación, cohecho y falsedad documental contra veinticuatro acusados entre los que no estaba Roca Samper, por encontrarse en paradero desconocido, con orden de busca y captura internacional.

La instrucción de este caso ha determinado la existencia de una red de empresas que, al menos entre 2004 y 2010, actuó para detraer fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales, encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo.

La fiscalía reclama ocho años de prisión para Jorge Ignacio Roca Samper, el cerebro financiero de la trama de saqueo de fondos públicos de la depuradora. El empresario, que colocó sus sociedades pantalla para beneficiarse del excedente de la facturación de lodos, participó como cooperador de un delito continuado de malversación y como autor de falsedad en documento mercantil. El ministerio público reclama, además, una cuantiosa responsabilidad civil de más de 12 millones para la Epsar (el organismo de la Generalitat que controla las depuradoras) y de otros casi cinco para la Emshi, entidad que regulaba Emarsa.