Las Provincias

El economista José Carlos Díez. :: miguel herreros
El economista José Carlos Díez. :: miguel herreros

Los cien días del fichaje estrella de Puig

  • A los tres meses de contratar al economista José Carlos Díez, la Generalitat decidió romper el acuerdo con su empresa

  • La colaboración, que iba a costar 20.000 euros al Consell, terminó saliendo gratis tras la rescisión del contrato con Global Economic Analysis

A principios del pasado mes de marzo el Palau de la Generalitat confirmó públicamente el fichaje de José Carlos Díez como asesor económico de Ximo Puig. El polifacético profesor de Economía de la Universidad de Alcalá ha adquirido fama y relevancia gracias a su participación en distintos espacios de televisión, hasta el punto de conseguir la consideración de 'estrella mediática'. Su incorporación al equipo de Puig, por la que se dijo que no percibiría remuneración alguna, permitió al jefe del Consell reforzar su imagen y certificar su empeño por rodearse de los profesionales con mayor reputación. A Díez, autor de libros de éxito, colaborador de medios de comunicación internacionales, se le considera también cercano al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero -vía por la que se habría producido ese fichaje por el Ejecutivo valenciano-. En un acto reciente organizado por el PSPV, Díez defendió posiciones muy críticas con la postura sostenida con Pedro Sánchez en el PSOE.

Fichaje hubo. Pero por poco tiempo. El expediente de la contratación de Díez, al que ha tenido acceso este diario, revela que el Consell de Puig puso punto y final a la relación contractual con Global Economic Analysis, la firma de la que Díez es consejero delegado, sólo unos meses después de suscribirlo. Más aún: apenas cien días después de haber puesto en marcha ese contrato, el Palau de la Generalitat ya reconocía que no había sido necesaria «la ejecución del contrato suscrito (con Global Economic Analysis) al poderse cubrir, en el momento actual con personal propio, las necesidades previstas en el mismo».

La firma de la que Díez es consejero delegado y el Palau de la Generalitat firmaron un contrato menor para el «Asesoramiento al Gobierno de la Generalitat sobre acceso a la financiación del Plan Juncker y fondos privados». La resolución de la adjudicación del contrato menor explica que la duración del mismo iba a ser de un año, a partir del 1 de diciembre de 2015, por un importe de adjudicación de 16.800 euros, más otros 3.538 de IVA, hasta hacer un total de 20.328 euros.

En la propuesta de adjudicación del contrato, con fecha de 15 de noviembre, se explicaba que el objeto del contrato con la mencionada firma sería el asesoramiento económico sobre acceso a financiación, especialmente a la financiación del Plan Juncker y fondos privados. También la elaboración de dossiers sobre estas materias, además de una visión de las medidas de corte fiscal y presupuestaria que puedan ser relevantes por su impacto en la economía regional. Cuatro días después, el jefe de gabinete de Puig, Arcadi España, firmaba la adjudicación del contrato que señalaba, como justificante del acuerdo, la «insuficiencia de medios para la actividad referida». Entre esa insuficiencia de medios y la constatación, firmada por el propio España, de que sí que había personal propio suficiente para prestar esa función, apenas transcurrieron cien días.

El informe elaborado por la dirección general de Análisis que justifica el contrato con la firma de Díez justificaba la contratación de su firma en los 25 años de experiencia, sus años vinculados al mercado de la deuda pública e interbancario, su participación en el panel de expertos del BCE para previsiones sobre economía de la eurozona «y su conocimiento y relaciones con la Comisión Europea, el banco de inversiones y bancos e inversores privados, aspectos necesarios para el buen entendimiento y desarrollo de los fondos del Plan Juncker».

El 13 de abril, la jefa del servicio de contratación y asuntos generales remitía un escrito dirigido a Global Economic Analysis en el que le comunicaba la resolución del contrato, extremo al que la firma de Díez no puso objeción. La resolución del contrato, con fecha definitiva del 29 de junio, incluye la anulación del saldo a favor de la empresa, por lo que los escasos meses por los que estuvo contratada no supusieron coste alguno para la Generalitat.

Ese es, precisamente, el dato que subraya el conseller de Hacienda al adjuntar el expediente, que fue «resuelto de común acuerdo el 29 de junio sin ningún gasto por parte de la Generalitat».