Las Provincias

La diputada del PP María José Ferrer San-Segundo. :: JESÚS SIGNES
La diputada del PP María José Ferrer San-Segundo. :: JESÚS SIGNES

El PP denuncia que parte de la gestión del Consell peligra por falta de Abogado General

  • Los ceses fulminantes en el Jurídic permiten a la oposición criticar la rebaja de los controles internos en el Ejecutivo valenciano

valencia. Las ganas de renovar el Consell Jurídic Consultiu para ahormarlo a la mayoría de izquierdas que gobierna la Generalitat se tradujo, en primera instancia, en los ceses fulminantes de varios consejeros del CJC (entre ellos el propio presidente de la institución, Vicente Garrido), en funciones tras expirar en septiembre el mandato de los miembros del órgano estatutario. En segundo término, provocó que ayer el PP desgranase en Les Corts los agujeros negros en los sistemas de control interno del Consell. Los firmantes del pacto del Botánico, más allá de recordar a los populares sus miserias en sus años de gestión, no rebatieron sus argumentos, que inciden en la incapacidad del actual Consell para asumir la autocrítica desde organismos y personal del Ejecutivo autonómico.

La diputada popular María José Ferrer San-Segundo defendió en el pleno una iniciativa en la que instaba al Consell a no interferir en la independencia de actuación de la Abogacía e Intervención de la Generalitat y a reconocer la labor de los empleados públicos. Les Corts rechazaron la moción. Sin embargo, Ferrer San-Segundo, difícil de alterar y que ya le ha cogido el gusto a los debates parlamentarios, recordó el modo en que el Ejecutivo valenciano ha nombrado a sus tres consejeros en el CJC, a toda velocidad una vez la vicepresidenta Mónica Oltra anunció que serían cesados, una atribución que se negó desde Presidencia, si bien 48 horas más tarde cristalizó en el nombramiento inédito de tres nuevos consejeros, al margen de Les Corts, donde la negociación es inexistente para nombrar a los otros tres miembros que le corresponden. La diputada rememoró también las críticas de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por el exceso de celo actual de la Abogacía e Intervención y su anterior relajo. Continuó Ferrer San-Segundo denunciando la reciente destitución de un alto cargo del Invassat tras ratificarse en un informe que avala que FGV cumplía la normativa laboral en la época del accidente de 2006. La diputada achacó al Consell «querer escapar a los controles» y le reprochó que «castiga y denigra a quienes tienen que fiscalizarlo», lamentó que el Ejecutivo pretende conseguir «controladores más afines» sustituyendo «las oposiciones más duras» por promoción interna, habilitados o interinos y recordó que el Consell no ha nombrado Abogado General de la Generalitat y que es el secretario autonómico de Presidencia quien ejerce la función. Ahí fue cuando el PP advirtió de que, si el secretario autonómico, no cumple los requisitos para ejercer de Abogado General, provocaría que todos los actos a los que ha dado sustento «podrán ser declarados nulos de pleno derecho», lo que incluye la intervencion en los contratos o convenios celebrados por la Generalitat y las entidades autonómicas, que requieren su informe favorable preceptivo, obligatorio.

Podemistas, nacionalistas y socialistas replicaron a los populares recordando los años del PP al frente del Consell. Curioso fue que, sin haberla metido en la refriega los populares, la socialista Rosa Peris recordase que también la vicepresidenta ha lamentado «que la Administración está más preparada para luchar contra los robagallinas que frente a las grandes operaciones de corrupción». La 'invitación a la fiesta' provocó que Oltra se girase hacia Peris y permaneciese vigilante frente a su discurso.

Posteriormente, el diputado del PP Rubén Ibáñez señaló que el secretario autonómico de Presidencia, alto cargo que ha asumido las Abogacía General de la Generalitat, «no cumple los requisitos para el puesto». Ferrer San-Segundo recordó que el nombramiento del popular Jose Mari Olano fue revocado en 2007 a instancias de una sentencia por un recurso de UGT. «¿Por qué no se ha nombrado Abogado General al secretario autonómico y se ha utilizado una suplencia temporal prevista solo para los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad?», preguntó la diputada tanto en el pleno de Les Corts como posteriormente.