Las Provincias

El Consejo de Transparencia denuncia ilegalidades en el reglamento de Alcaraz

El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz. :: Alex Domínguez
El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz. :: Alex Domínguez
  • El órgano de control emite un informe crítico hacia la conselleria por redactar una normativa que contradice la ley a la hora de permitir acceder a la información pública

Las paredes de cristal de la conselleria de transparencia que dirige Manuel Alcaraz comienzan a agrietarse. El Consejo de Transparencia, organismo dependiente del departamento, desacredita en su último escrito al conseller y le acusa de incurrir en ilegalidades con el nuevo decreto.

Así lo refleja el octavo informe del Consejo de Transparencia al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS y que se hará público en los próximos días. Un escrito que nace ya incompleto, ya que sus miembros aseguran que no han podido realizar su actividad de manera adecuada ante la falta de medios que tendrían que haber llegado desde el Ejecutivo valenciano.

La crítica principal al reglamento recae en un nuevo cometido que se le ha asignado al Consejo de Transparencia. La nueva normativa atribuye funciones que no están previstas en la ley, incurre en una ilegalidad y está vulnerando el principio democrático al permitir acceder a la información pública, incluso cuando la petición está en fase de tramitación. También se reprocha que este órgano tiene que hacer de intermediario entre cualquier ciudadano que realice una solicitud concreta y la administración correspondiente a la que afecta la consulta. Un punto que para el organismo es «inadmisible» ya que tan solo tendrían que intervenir en este proceso si hubiera una resolución discutible por alguna de las partes. En el informe se destaca que estas nuevas facultades ponen trabas a las funciones originales del ente que ahora tiene dificultades de realizar todos los cometidos asignados, debido principalmente a la falta de medios materiales, laborales y económicos. Una situación que ya fue denunciada con anterioridad a Alcaraz y que el nuevo decreto no remediará, sino que «aboca a su cristalización».

El Consejo de Transparencia ya tenía asignadas una larga lista de competencias. Según la ley que obliga a su formación, este órgano debe resolver las reclamaciones en materia de acceso a la información pública, las consultas de las instituciones que deben subordinarse a la normativa sobre transparencia, aprobar recomendaciones, asesorar e informar sobre los proyectos relacionados con la matera, instar la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores a quien incumpla la ley, requerir por iniciativa propia o a causa de una denuncia frente a incumplimiento de obligaciones, así como velar por el cumplimiento de que los entes locales y autonómicos de la Comunitat publiciten correctamente su actividad a través de los portales que están obligados a crear por ley. A todas estas competencias, que ya desbordaban al equipo, se fueron añadiendo otras menores y ahora se suman las que establece la nueva regulación del decreto.

Los reproches jurídicos también quedan patentes en la redacción de la norma. Los catedráticos y expertos universitarios en derecho que conforman el consejo consideran que el último decreto del Consell tiene una extensión desmesurada y algunos artículos son incluso prescindibles, ya que «no aportan apenas nada». Además se incide en que «desde un punto de vista de técnica legislativa tiene como consecuencia la utilización de una mala praxis», ya que suplanta una labor que le corresponde a Les Corts.

Desde el órgano dependiente de Transparencia también arremeten contra otros aspectos como los plazos con los que trabajan o la imposibilidad de reelección de los miembros, que cuestionan por el hecho de que el consejo no se pueda beneficiar de la experiencia adquirida anteriormente. Algo que creen que se vería reflejado en la perdida de efectividad en la institución. El escrito incide también en que en toda esta modificación del reglamento en ningún momento se les ha consultado por una reforma que les afecta directamente.

El malestar entre los cinco consejeros que constituyen el ente de control de la transparencia que debe regir el día a día del Gobierno valenciano ya se evidenció en la memoria que elaboraron sobre su actividad del año pasado, en donde ya destacaban la saturación de competencias que se les atribuyen y que, además, se les pretende añadir otras nuevas, así como su incomprensión de que un órgano con todas esas competencias tenga que depender de una conselleria, a la que debe controlar, en todo lo que se refiere a su organización. Una situación que no se da en otros organismos similares de otras autonomías, que según el propio Consejo de Transparencia, cuentan con mayores facilidades para realizar su trabajo.

Los desencuentros del Consejo de Transparencia con el Consell también han llegado al ámbito económico. Este verano el presidente del organismo remitió una carta al conseller Alcaraz en donde subrayaba que el presupuesto asignado al consejo era insuficiente. Una reivindicación que ha vuelto a quedar patente en el último informe de la organización