Las Provincias

Ximo Puig y Vicente Garrido en la sede del Consell Jurídic Consultiu. :: Pablo Mammana
Ximo Puig y Vicente Garrido en la sede del Consell Jurídic Consultiu. :: Pablo Mammana

Oltra anuncia el cese del presidente del Jurídic y Presidencia lo desmiente

  • La vicepresidenta comunica la salida de Garrido tras conocer un informe crítico con una de las leyes estrella de su departamento

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra anunció ayer el cese del hasta ahora presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), Vicente Garrido y de los consejeros Federico Fernández y María Luisa Mediavilla.Además, dio a conocer a los escogidos por el Ejecutivo para suplir a los salientes, entre ellos figura la jurista Margarita Soler, que pasa de así de ser consejera electiva de Les Corts, a propuesta de los socialistas, a ser escogida por el Consell.

Para la portavoz del Gobierno valenciano la salida los tres consejeros del órgano que se encarga de asesorar al Gobierno y a las administraciones de la Comunitat tenía carácter inmediato. La versión que trasladaban desde Vicepresidencia era la siguiente: el CJC iba a continuar con su actividad sin la figura del presidente y con sólo cinco miembros -los tres últimos nombramientos del Consell más los otros tres que propuso Les Corts en la etapa en que gobernaba el PP-, dejando una de las plazas vacantes tras el movimiento de Soler.

Sin embargo, fuentes de Presidencia aseguran que esta versión no corresponde con la normativa interna del Jurídic Consultiu. Indican que Garrido, como presidente, y Fernández y Mediavilla, como consejeros, deben continuar desempeñando sus cargos en funciones, como vienen haciendo desde comienzos del pasado mes de septiembre, hasta que la totalidad de los nuevos miembros elegidos tomen posesión, nunca antes.

La precipitación de Oltra coincide -casualidad o quizá causalidad- con la difusión del informe del Consell Juridic Consultiu en el que establece importantes observaciones al Anteproyecto de Ley Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género, una apuesta personal de la vicepresidenta. Una de las leyes estrella de su departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas. El informe del órgano que preside Garrido es obligatorio, pero su resultado no es vinculante. El Consell puede -o no- atender lel dictamen de la entidad.

Destaca, por ejemplo, la corrección que hace a la prohibición del uso de terapias destinadas a modificar la identidad sexual. Aclara el documento que eso no es posible porque esto supondría atentar contra su propia libertad personal.

La resolución del Juridic incide en otro aspecto: considera necesaria la existencia de un informe médico o de un psicólogo que acredite la disforia de género antes de rectificar toda la documentación administrativa. Una cuestión que la vicepresidenta, como dijo ayer, el Consell evitó acatar porque al seguirla «se patologiza la transexualidad» y se «vulnera la libertad individual».

El texto que pretende aprobar el Consell recoge que es suficiente la propia manifestación del interesado. Además, apostilla que si esta modificación de los documentos llega a producirse no se puede materializar en el borrado de todo el historial previo para garantizar el derecho al olvido. Esto podría afectar a derechos de terceros. Es necesario guardar, de algún modo, los datos anteriores.

Otro asunto que ha generado cierta polémica es la posibilidad de que los menores recurran ante el juez la negativa de sus padres a que se sometan a un tratamiento hormonal cuando esto causa un gran prejuicio o sufrimiento. Responde el organismo que los supuestos para iniciar la vía judicial ya están recogidos en la Constitución. Otro apartado que el Consell Juridic considera que se debe modificar es la intromisión en la autonomía de los centros privados al tratar de definir el proyecto de centro educativo.

Turno del Parlamento

Además de Margarita Soler, licenciada en derecho y doctora por la Universitat de València que trabajó en el Ministerio de Educación y que tiene casi todas las papeletas para convertirse en la nueva presidenta, pasarán a formar parte del Consell Jurídic Consultiu, como anunció ayer Mónica Oltra, Asunción Ventura, vicerrectora y secretaria general de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI) y Faustino de Urquía, jurista que durante diez años fue presidente de la Audiencia Provincial de Alicante.

Ahora la pelota está en el tejado de los grupos parlamentarios. Desde la Generalitat le meten presión a Les Corts. Según la ley, los componentes de este órgano se designan entre el Ejecutivo y el parlamento autonómico con tres miembros para cada uno, siendo los últimos elegidos por mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara.

Vicente Garrido, que fue designado por el expresidente Francisco Camps y abandonará la presidencia del CJC tras haber agotado el máximo de cinco años de su mandato. Él, junto a los consejeros Fernández y Mediavilla llevan más de un mes desempeñando su cargo en funciones.

Ese consejo fue escogido tras un acuerdo que se demoró en fraguarse cerca de un año. La mayoría de los miembros fueron propuestos por el Partido Popular, que por entonces contaba con mayoría absoluta en Les Corts y gobernaba la Generalitat, de ahí la celeridad con la que el actual Consell ha escogido a sus componentes, pero que servirá de poco, o nada, si los parlamentarios autonómicos no se ponen de acuerdo para nombrar a sus nuevos consejeros.