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Alcón sólo ha declarado ante el juez tras salir del calabozo de la Guardia Civil. :: irene marsilla
Alcón sólo ha declarado ante el juez tras salir del calabozo de la Guardia Civil. :: irene marsilla

El abogado de Alcón pide un informe sobre el estado de salud de la exedil

  • El letrado rechaza la audición del pinchazo porque afecta a la intimidad y lamenta que la UCO ocultara al juez que la investigada estuvo interna en un hospital

El abogado de María José Alcón ha solicitado al juez que autorice la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud de la exconcejal de Cultura. Una conversación telefónica con su hijo tras pincharle el teléfono fue uno de los indicios que permitió a la Guardia Civil descubrir la supuesta trama de blanqueo. El objetivo de la evaluación consiste en determinar si las patologías que arrastra «pudieran haber alterado su capacidad, solvencia y credibilidad». La estrategia del letrado parece ir encaminada a buscar una atenuante o incluso una eximente que permita a Alcón eludir su responsabilidad en el blanqueo.

La pericial médica -la realizaría un profesional del Instituto de Medicina Legal- pretende clarificar su «percepción de la realidad y de conciencia» mientras estuvo ingresada por su delicado estado. Además de informar de qué forma le han afectado algunos episodios en su vida, como el divorcio de Vicente Burgos -también investigado en la causa- o el grave traumatismo craneal que sufrió en 2009.

El abogado adelanta en su escrito que Alcón entregaría todo su historial médico al profesional que realizara el examen evaluación. También solicita al juez que tenga el máximo celo con el informe del Instituto de Medicina Legal (IML) para evitar la difusión de datos de carácter confidencial.

No fue el único escrito que presentó ayer el representante legal de la exedil. La defensa de Alcón aprovechó también para oponerse a la solicitud de otros investigados que pidieron el historial médico de Alcón, así como el régimen que tenía en el hospital, la vigilancia, la medicación que tomó y las visitas que recibió. Calificó la diligencia de «indignante» al inmiscuirse «en la más estricta intimidad» de su representada. El acceso a esa información violaría la ley de Protección de Datos o la Ley de Autonomía del Paciente que recoge unos fines muy específicos para levantar las restricciones.

De nuevo, alerta del riesgo de que esa información -de autorizarse- terminara en manos de los medios de comunicación. Su difusión sería algo «escandaloso» que podría agravar su estado anímico y emocional. Especialmente crítico se muestra con los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil porque no informaron al juez cuando solicitaron pinchar el teléfono de Alcón y posteriormente la prórroga de la medida de que la afectada se encontraba en un centro sanitario. «Consideramos esta cuestión principal y ha sido omitida incomprensiblemente por los investigadores, ocultándosela al juez instructor y al fiscal», denuncia.

Para el letrado no hay duda de que los agentes conocían esta singular circunstancia ya que en el pie de los archivos de audio consta el lugar donde se registra la intervención, según se recoge en el escrito. Reflexiona acerca de si estos condicionantes debieron de tenerse en cuenta para dar mayor o menor credibilidad a las manifestaciones que permitieron abrir esta investigación.

Esta misma semana varias defensas pidieron al juzgado que les entregara la cinta de la grabación de la charla de Alcón y su hijo. El instructor lo rechazó. Optó por permitir la audición de los 46 minutos de conversación en el juzgado, pero sin la entrega física del material. Los letrados han recurrido la decisión. Insisten en que es necesario disponer de la cinta para garantizar su derecho de defensa.