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Rita Barberá comparecerá con su abogado. :: efe / cati cladera

El Supremo cita a Barberá para que declare como imputada por el blanqueo

  • El instructor impone 3.000 euros de fianza al Partido Socialista si quiere ejercer la acusación popular contra la senadora

Rita Barberá afrontará el próximo 21 de noviembre uno de los episodios más delicados de su extensa trayectoria política. El Tribunal Supremo la ha citado a declarar por la investigación del blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal del Partido Popular. Comparecerá acompañada de su abogado, el exmagistrado de la Audiencia Nacional, José Antonio Choclán. En la práctica, al asistir con su representación legal lo hace bajo la condición de investigada. Sin embargo, la imputación formal se sitúa en un paso posterior, cuando el instructor Cándido Gómez Pumpido -fue Fiscal General del Estado con Zapatero- solicite el suplicatorio para actuar contra Barberá.

La decisión de Barberá de comparecer sin que el Senado dé el visto bueno a la petición judicial encuentra precedentes. Por ejemplo, con el líder socialista y exministro José Blanco. El alto tribunal aceptó la declaración del aforado y luego continuó con la instrucción en el caso que implicaba a Blanco en el cobro de comisiones y tráfico de influencias. Se investigó y el instructor finalmente pidió el suplicatorio. Pero la Sala de lo Penal optó por el archivo.

No será la primera vez que Barberá ofrezca explicaciones acerca de su implicación en este asunto. El instructor de Valencia le dio la oportunidad de declarar antes de decidir si enviaba el caso al alto tribunal. La senadora explicó por escrito su versión. Aceptó la donación de 1.000 euros, pero negó cualquier reintegro en dos billetes de 500 euros. Atribuyó la declaración de los cuatro testigos -estos asesores se negaron a participar en la donación- como una venganza impulsada por el exvicealcalde Alfonso Grau.

El motivo del que fuera su mano derecha para promover esta iniciativa podría ser su juicio por el caso Nóos y el puesto que ocupaba su mujer en las listas, imposible que saliera como concejal.

Los indicios contra la exalcaldesa son básicamente los mismos que existen para el resto de aforados. Es decir, los testigos, las dos arrepentidas que reconocieron que sí les devolvieron el dinero -Alcón entre ellas- y los sospechosos ingresos en efectivo en las cuentas de varios investigados. No todos han podido dar una explicación convincente.

El Supremo destacó en su resolución de apertura de la causa que los hechos descritos por el juez de Valencia eran suficientes para proceder a la apertura de investigación para determinar si son delictivos. Además, apuntaba que Barberá era la superiora jerárquica máxima del Grupo y que existía una relación personal de «estrecha confianza» entre la aforada y la principal investigada, la exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García Fuster.

El juez establece una fianza de 3.000 euros en metálico para el que PSOE pueda ejercer la acusación popular en la causa. El artículo 125 de la Constitución señala que el ejercicio de la «acción popular» está sometido a los presupuestos legalmente establecido, como la obligación de prestar una fianza. Aunque el partido solicitó que no se señalase ninguna cuantía, Conde-Pumpido asume que existe una «cuestionable práctica judicial» que admite la personación de formaciones políticas como acusaciones populares en causas contra políticos y destaca que esto no «excluye» la adopción de «necesarias cautelas» para admitir una personación.

Barberá se dio de baja en el PP pero no dejó su acta en el Senado. Se integró en el Grupo Mixto para mantener su condición de aforada. La Cámara Alta definirá el lunes la Diputación Permanente ante una eventual investidura y una posible disolución de las Cortes si ésta vuelve a resultar fallida. Será este día cuando se conocerá si Barberá forma parte de los miembros de dicho órgano y continúa siendo aforada.