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La UDEF registra el ayuntamiento de Sagunto por amaño de contratos

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Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ante el ayuntamiento de Sagunto. :: efe/manuel bruque

  • El juez investiga cohecho y prevaricación en una causa en la que está implicado el exalcalde del PP Alfredo Castelló, hoy aforado, once ediles y seis empresas

Integrantes de la Unidad Central de la Delicuencia Económica y Fiscal (UDEF) entraron ayer pasadas las nueve de la mañana en el Ayuntamiento de Sagunto en busca de información relacionada con el anterior gobierno del PP en el consistorio. La acción policial está enmarcada dentro de la 'Operación Flotador', una investigación que inició el pasado mes de agosto el juzgado de Instrucción número 4 de Sagunto a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas, como informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Las pesquisas apuntan directamente al exalcalde popular del municipio del Camp de Morvedre Alfredo Castelló, actualmente diputado autonómico en Les Corts y presidente del Comité de Derechos y Garantías del PPCV. Se trata de un 'peso pesado' dentro de la formación popular. Los indicios salpican también a once concejales y exconcejales de su equipo de gobierno. El juez trata de determinar su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho y prevaricación. Este último ilícito afectaría al «fraccionamiento de contratos» durante las dos legislaturas anteriores a la actual, las de 2007-2011 y 2011-2015, tal como detallael TSJCV.

No obstante, el juzgado de Instrucción no podrá citar como investigado al diputado. Una vez revise toda la documentación y la información que consta en la causa, si aprecia indicios de criminalidad en la actuación del aforado, deberá enviar el asunto al Tribunal Superior de Justicia. Este órgano podrá entonces asumir toda la causa, sólo los hechos relativos al diputado o, por el contrario, archivar el caso. Se trata de una situación idéntica a la que se produjo con el exconseller Rafael Blasco o más recientemente con Miguel Domínguez y Rita Barberá.

La Policía se personó en las dependencias del ayuntamiento saguntino y mantuvo en primer lugar una reunión con el alcalde Quico Fernández (Compromís) en su despacho, tal como informó el propio edil. Los agentes le mostraron el auto judicial y le explicaron qué tipo de documentación iban a requerir. La mayor parte de la misma, facturas relacionadas con las áreas de Secretaría General, Patrimonio y Contratación, Urbanismo, Actividades, Medio Ambiente, y Aigües de Sagunt.

Fuentes conocedoras de la investigación apuntaron que se analizan contratos, adjudicaciones y un total de 300 facturas de servicios relacionados con el mantenimiento de alumbrado, señalización vertical, calefacción, seguridad y aguas en el periodo que abarca la etapa de Castelló al frente y también por el ahora portavoz de los populares, Sergio Muniesa, que fue alcalde desde octubre de 2014 a junio de 2015.

El siguiente paso de los agentes fue reunir a los jefes de los distintos departamentos que conforman el consistorio para leerles el auto judicial y preguntarles acerca de quiénes dirigieron las distintas áreas del ayuntamiento durante las etapas en las que se centra la investigación. Después, comenzaron con la recopilación de información fundamentalmente en los departamentos de intervención, contratación e informática y también llevaron a cabo un registro en el inmueble de la tenencia de alcaldía en el Puerto de Sagunto. Ninguna persona ajena a las dependencias pudo acceder ayer durante el horario de atención al público a las diferentes sedes.

El registro continuaba al cierre de la presente edición. Una decena de agentes seguían, a las once de la noche, catorce horas después del inicio, con la búsqueda de 300 facturas entre un total de 14.000 en los libros de registro. Se repartieron en dos plantas de uno de los edificios del ayuntamiento, en la que se encuentran los archivos, para obtener la documentación, y en una sala de juntas para cotejarla y realizar copias.

Las empresas investigadas

La investigación, bajo secreto de sumario, se centra en el fraccionamiento de contratos para adjudicar una serie de servicios a seis mercantiles eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público. Según el TSJCV, se investiga también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo, vulnerando los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública.

El objetivo principal de los agentes fueron ayer las facturas relacionadas con servicios como el del agua. Hasta 2009 ese trabajo dependía del ayuntamiento, que externalizaba sus servicios a diferentes empresas. A partir del segundo año de legislatura, y por decisión en pleno, se creó la empresa municipal Aigües de Sagunt, participada en un 51% por el propio consistorio y en un 49% por Aguas de Valencia. En su organigrama figuran representantes de varios partidos políticos.

La policía también se personó durante la mañana de ayer en las oficinas de Aigües de Sagunt para solicitar documentos y facturas, que fueron facilitadas «de inmediato», según fuentes de la mercantil. Este periódico pudo confirmar que las autoridades requirieron documentación sobre su relación comercial con el ayuntamiento de Sagunto a la empresa Pavasal, por sus servicios prestados en el mantenimiento de la vía pública, y a las sociedades Imesapi y SICE, filiales del grupo ACS, y que firmaron importantes contratos con durante las dos legislaturas del PP.