Las Provincias

José Luis Olivas defiende que medió y cobró para que Vicente Cotino vendiera acciones de su empresa eólica

  • «Pacté con Olivas una comisión si superábamos los 39 millones de euros de plusvalías con la venta de acciones», ha declarado el empresario Vicente Cotino durante el juicio por fraude fiscal y falsedad documental

El expresidente de Bancaja y expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, ha negado ante el juez que cometiera algún tipo de fraude fiscal en una operación con el empresario Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino, y ha defendido que le cobró 500.000 euros por asesorarle y mediar en la venta de unas acciones de su empresa eólica en una operación que fue "beneficiosa" tanto para el propio Cotino como para Bancaja -entidad que presidía-- e Iberdrola -donde era consejero--.

Según mantiene la fiscal, supuestamente el empresario pagó 580.000 euros a una sociedad de José Luis Olivas por unos trabajos que no existieron y por los que Vicente Cotino se desgravó la factura, causando así un perjuicio a Hacienda.

Esta acusación ha sido negada tanto por Olivas como por el propio Cotino. La operación se centraba en la venta de participaciones de Proyectos Eólicos Valencianos S.A. --accionarada por Endesa (55%), Sedesa (25%) y Bancaja (20%)-- a Iberdrola. En concreto, Cotino, dueño de Grupo Fiscal Asedes Capital S.L., al que pertenecía Sedesa, le pidió a Olivas que le ayudara a vender el 25% de activos a la compañía eléctrica. A cambio, y si se obtenía una plusvalía de 39 o 40 millones, le ofreció pagarle 500.000 euros más IVA.

Al respecto, Olivas ha defendido que realizó este asesoramiento a Cotino, fructificó la venta y, por este motivo, cobró esos 500.000 euros a través de una sociedad que compartía con su mujer, Imarsol. Aprovechó su trabajo para intentar vender también a Iberdrola el 20% de acciones de Bancaja: "Yo defendía los intereses de Bancaja y de Cotino, porque hablábamos de un total del 45% del accionarado. Y para ser sinceros, también los intereses de Iberdrola, porque Iberdrola quería tener un parque eólico en la Comunidad", ha argumentado.

"Actuaba -ha agregado-- para hacer un favor a Bancaja, porque tampoco tenía ninguna obligación. Yo era un ejecutivo y quería hacer un favor a Bancaja por mi situación. Y también actuaba en nombre de Cotino porque me hizo un encargo. Trabajaba para Cotino y ayudaba a hacer una operación beneficiosa para Bancaja, que iba a obtener una plusvalía de 39 millones de euros y se iba a ahorrar la intervención de un intermediario", ha insistido.

Declaración de Vicente Cotino

Vicente Cotino ha explicado que pensó en el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas para vender su paquete de acciones de Parques Eólicos porque era presidente de Bancaja y también consejero de Iberdrola. Además, el acusado conocía también el interés de Iberdrola en desembarcar en la Comunitat. "Hablé con Olivas y pactamos una comisión si superábamos los 39 millones de euros de plusvalías", ha indicado a la fiscal del caso.

El pacto fue verbal. Al parecer, Cotino se desentendió de toda la operación y las gestiones las llevó José Luis Olivas, según ha precisado el dueño de Sedesa. Posteriormente, como consecuencia de esas supuestas gestiones "para sacar el máximo rendimiento", Imarol, la empresa de Olivas y su mujer, le pasaron una factura de 500.000 euros. El acusado ha admitido que consiguieron desprenderse de las acciones con un precio entre un ocho y un diez por ciento superior al de mercado. Un gran negocio para ambos.

Cotino decidió vender el paquete de acciones porque su matriz Sedesa estaba sufriendo ya la crisis económica. Los hechos se remontan a 2008. Ha exculpado a la mujer del presidente de Bancaja, también acusada en el procedimiento, de cualquier gestión en la operación mercantil.

Tanto Olivas como Cotino se enfrentan a una pena de tres años de prisión, tal y como solicita provisionalmente el ministerio fiscal, por un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. Asimismo, se les reclama el pago de una multa de 202.700 euros. El ministerio público no acusa a la mujer de Olivas.