Las Provincias

El Consell de Transparencia reprocha a Alcaraz su arrinconamiento

El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz.EFE
El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz.EFE
  • El órgano consultivo expresa por carta su malestar al conseller por no tenerle en cuenta a la hora de preparar los presupuestos para 2017

En el Consell de Transparencia, órgano dependiente de la conselleria que dirige Manuel Alcaraz, tienen la sensación de que el Ejecutivo les ignora olímpicamente. El malestar entre los cinco consejeros que constituyen el ente de control de la transparencia que debe regir el día a día del Gobierno valenciano ya se evidenció en la memoria que elaboraron sobre su actividad del año pasado. En realidad, como señala en ese documento el presidente de la institución, Ricardo García Macho (propuesto por Podemos), el informe era innecesario porque a causa de los desacuerdos en Les Corts entre los partidos el Consell de Transparencia inició su actividad a ocho días de acabar 2015, por lo que su memoria de reclamaciones y consultas es inexistente. Sin embargo, García Macho ya relataba en ese escrito dirigido al parlamento y al Ejecutivo valenciano el estado de precariedad en que realizan su trabajo, la saturación de competencias que se les atribuyen y que, además, se les pretende añadir otras nuevas, así como su incomprensión de que «un órgano con todas esas competencias tenga que depender de una conselleria, a la que debe controlar, en todo lo que se refiere a su organización». Por todo ello, el consejo avisa de que realizan su actividad rodeados de «dificultades», lo que «constituye un obstáculo en su funcionamiento». Esa memoria se fecha el pasado 12 de mayo.

El malestar, lejos de remitir, aumentó en las semanas siguientes. La sensación de que el trabajo del Consell de Transparencia está siendo torpedeado desde el propio Ejecutivo se ha intensificado. La prueba de esta sensación de arrinconamiento queda patente en una carta fechada el 29 de julio con la que el consejo responde a un anuncio de Alcaraz. El conseller se dirigió el pasado 26 de julio a García Macho para anunciarle que, de cara al próximo año, el órgano dispondrá de un presupuesto de 60.000 euros. La misiva cayó como una bomba entre los consejeros. Tres días más tarde, el presidente del ente le respondió también por vía epistolar considerando que la cantidad estipulada por el conseller es manifiestamente deficiente e insuficiente para cubrir los mínimos exigibles. El máximo representante del Consell de Transparencia reprocha a Alcaraz que se haya dirigido a la institución para informarles de una decisión tomada antes de haber consultado a los consejeros, sin conocer su opinión, sin saber las necesidades del ente. De este modo, García Macho reclama que la conselleria les tenga en cuenta.

La carta dirigida a Alcaraz, según fuentes vinculadas a la conselleria, es una retahíla de argumentos para criticar que el Ejecutivo valenciano, hasta ahora, no ha hecho otra cosa respecto al Consell de Transparencia que ignorarlo y desmotivarlo para postergarlo, o minimizar su capacidad de influencia.

El Consejo de Transparencia tiene asignadas competencias de mucha enjundia. Según la ley que obliga a su formación, este órgano debe resolver las reclamaciones en materia de acceso a la información pública, las consultas de las instituciones que deben subordinarse a la normativa sobre transparencia, aprobar recomendaciones, asesorar e informar sobre los proyectos relacionados con la matera, instar la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores a quien incumpla la ley, requerir por iniciativa propia o a causa de una denuncia frente a incumplimiento de obligaciones, así como velar por el cumplimiento de que los entes locales y autonómicos de la Comunitat publiciten correctamente su actividad a través de los portales que están obligados a crear por ley.

Si la serie de competencias es importante, desde el Consell de Transparencia se quejan en su memoria de 2015 de que desde el Consell se le están añadiendo más tras aprobarse la ley de cuentas abiertas para la Generalitat. Además, el código de buen gobierno que ha impulsado el Ejecutivo valenciano suma nuevas atribuciones y no es descartable que la Agencia Antifraude que pretende poner en marcha Podemos suponga igualmente una ampliación de su actividad.

Por todo ello, García Macho considera en su informe presentado ante Les Corts que «se corre el riesgo de que muchas de estas funciones acaben siendo puramente nominales y de las que realmente se puedan acometer, no pueden objetivamente cumplirse en los plazos razonables».

En este sentido, en el presidente de este consejo, en su carta del 29 de julio al conseller le recuerda igualmente que el órgano se muestra abiertamente disconforme con las tareas que se le asignan si se tiene en cuenta que, posteriormente, ni siquiera son consultados a la hora de establecer una partida presupuestaria destinada a la entidad.