Las Provincias

El Gobierno ve inconstitucionales tres apartados de la ley de la nueva RTVV

Interior de las instalaciones del centro de producción de Burjassot. :: juan j. monzó
Interior de las instalaciones del centro de producción de Burjassot. :: juan j. monzó
  • El nuevo frente, que obliga a la Generalitat a negociar con Madrid, acentúa la incertidumbre jurídica sobre el proceso de reapertura de Canal 9

La ley de creación de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación -la denominación que recibe el texto que debería permitir al Consell reabrir Canal 9- incluye dos artículos y una disposición transitoria que podrían ser inconstitucionales. El Ejecutivo central, a través del ministerio de Hacienda, echó ayer un jarro de agua fría sobre la puesta en marcha de la nueva RTVV, y lo hizo a menos de una semana de que Les Corts apruebe la creación del consejo rector, el órgano que debe dirigir el ente. El arranque de la nueva televisión suma una nueva incertidumbre judicial a la generada por el recurso de CGT contra el ERE aprobado por la empresa, y que sigue pendiente de veredicto, así como a las dudas respecto de si la nueva firma podría constituir un caso de 'sucesión de empresas', circunstancia que en la práctica bloquearía el proceso de reapertura.

El Gobierno valenciano, ayer mismo, decidió abrir una negociación con Madrid respecto al contenido de esos apartados de la ley que cuestiona el Ejecutivo central. Las dos administraciones pondrán en marcha una comisión bilateral -encabezada por el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, y por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra- para tratar de llegar a un acuerdo sobre la redacción de ese articulado. Si no se alcanza, Madrid llevará la norma al TC, que como paso previsible, optará por suspender la vigencia al menos de esos apartados.

¿Qué es lo que se cuestiona? El Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, tiene dudas sobre los artículos 42 y 46, y sobre la disposición transitoria novena de la ley valenciana. Y la más peliaguda es precisamente esta última, porque es la que hace referencia a la situación de los extrabajadores de RTVV. El texto aprobado señala que «para la provisión de los puestos necesarios para la puesta en marcha de la nueva Corporación y sus sociedades, y hasta que se acometa la provisión definitiva de plazas, se autoriza la contratación laboral con carácter temporal», en la que «se valorará como mérito diferenciado el haber trabajado en la antigua RTVV, la antigüedad y el que se hubiese accedido al puesto mediante proceso selectivo».

En otro apartado del mismo artículo se especifica que para la provisión definitiva de puestos de trabajo se pondrá en marcha un concurso oposición, «del que formarán parte, dentro de la fase de valoración de méritos, la antigüedad en la extinta RTVV en un puesto de trabajo de las características análogas del puesto de trabajo a ocupar y haber accedido mediante un proceso selectivo». El texto también alude a la incorporación a bolsas de trabajo de trabajadores que hayan prestado servicio en RTVV «y que no hayan superado los procesos de selección que se realicen para la provisión definitiva de los puestos de trabajo».

Las referencias a la situación de los extrabajadores se encuentran en el centro de la polémica. El Consell Jurídic Consultiu ya advirtió en un informe de los «privilegios» que la redacción inicial de la norma otorgaba a los extrabajadores. Pese a que se matizaron algunas referencias antes de la aprobación definitiva, lo que hace el Ejecutivo central es volver a poner en duda que la nueva RTVV pueda dar algún tipo de prioridad a los despedidos de la vieja Canal 9.

No es el único apartado que se pone en cuestión. El primer artículo, el 42, hace referencia a las «cláusulas sociales y medioambientales en la contratación». En concreto, lo que se cuestiona es una referencia del apartado 4 en la que se especifica que quedarán excluidos de las contrataciones (con la nueva RTVV) los operadores económicos que «utilicen como forma de pago con la Generalitat una cuenta bancaria situada en uno de los paraísos fiscales, entendiendo estos como los territorios que no facilitan el intercambio de información en materia tributaria». Las fuentes del Consell consultadas por este diario explicaron que lo que el Ejecutivo central reprocha es el escaso nivel de detalle con el que se aborda en el texto esta cuestión.

La otra duda afecta al articulo 46 de la ley, que es el que hace referencia al régimen de personal. En su apartado 5 establece que la contratación de personal de la Corporación y sus sociedades respetará los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, mediante las correspondientes pruebas de acceso establecidas y convocadas por el Consejo Rector. Y en el 6, que la contratación temporal tendrá carácter excepcional, siempre por razones de urgencia u otras debidamente justificadas. Las fuentes de la administración remarcaron que lo que cuestiona el Gobierno es la falta de referencias al principio de igualdad en el acceso a la Función Pública.