Las Provincias

El exsuegro de Benavent recibió 8.000 euros de la empresa que ganó el call center

  • Sorprende esta transferencia de dinero desde la mercantil al empresario de Xàtiva, más todavía cuando este negó cualquier tipo de relación con la sociedad que resultó beneficiada por este servicio

Valencia. El exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, recibió 8.200 euros de una cuenta de la empresa Servimun, la adjudicataria del call center de la Diputación cuya legalidad ha sido cuestionada por la Guardia Civil. Esta es una de las revelaciones que constan en la información aportada recientemente al juzgado de Instrucción.

Sorprende esta transferencia de dinero desde la mercantil al empresario de Xàtiva, más todavía cuando este negó cualquier tipo de relación con la sociedad que resultó beneficiada por este servicio. De igual modo, llama la atención que el traspaso de fondos se produjera en enero de este mismo año. Los agentes ya investigaban el servicio de atención telefónica, aunque las pesquisas se encontraban bajo secreto.

Los informes de la Guardia Civil apuntan a que el expresidente de la Diputación Alfonso Rus quiso favorecer a Mariano López, con quien mantenía una estrecha amistad. Para ello, el también amigo de este, el jefe de Planificación de Imelsa y el encargado de redactar los pliegos, Salvador Deusa, pudo «manipular el proceso de adjudicación», según consta en la causa.

La investigación sobre el centro telefónico de la Diputación comprende una de las piezas separadas del caso Imelsa. El centro, adjudicado por más de dos millones de euros, no cumplió eficazmente su tarea. Al parecer, miles de llamadas dejaron de atenderse. Además, existe un informe de la consultoría PwC en el que detalla que la mercantil Servimun no estaba utilizando sus recursos y que, además, no formaba a los trabajadores. Algunos incluso fueron contratados antes de que la mercantil resultara seleccionada para prestar el servicio. Una actuación, de entrada, sospechosa. Todos los imputados han comparecido ya ante el titular del juzgado y han defendido la legalidad de su actuación en Imelsa.