Las Provincias

El TSJ condena a Bravo a facilitar la documentación que le negó al PP

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo. :: efe
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo. :: efe
  • Primera sentencia contra el Consell por ocultar información a la oposición, práctica que los partidos del actual Ejecutivo reprocharon al Gobierno de Fabra

Durante la pasada legislatura, especialmente en el tramo final de la misma, los años 2013 y 2014, los tribunales dieron la razón a la oposición frente a las negativas del Consell a facilitarle información a Compromís o PSPV. Cerca de una decena de sentencias apoyaron a los partidos que señalaban al Ejecutivo presidido por Fabra como resistente a aportar documentos como los contratos de la Fórmula 1. Las decisiones judiciales sirvieron para que nacionalistas y socialistas tildasen a los populares de «opacos». Ayer, el bautizado como 'Consell del cambio' por parte de PSPV y Compromís, impulsores además de la primera cartera consagrada exclusivamente a la transparencia, recibió la primera constatación jurídica de que la opacidad se da hasta en las mejores familias. De nada ha servido que la Conselleria de Justicia recayese en las espaldas de una exportavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, pues ha sido precisamente ella, su departamento, el que ha recibido una sentencia reprobatoria de su actitud frente a la petición del PP de una serie de documentación que no se le facilitó en su momento y que los tribunales han decidido que debe aportar.

La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado la razón a la demanda interpuesta por el grupo popular en Les Corts por denegación documental y obliga a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas a entregarle el informe de una auditoría que le reclamó en octubre del pasado año. Así consta en la sentencia, contra la que cabe interponer recurso, en la que el tribunal estima el recurso de la diputada del PP y portavoz de Justicia, María José Ferrer San-Segundo, contra la Conselleria de Justicia, y que la condena al pago de las costas procesales.

Justicia encargó a sus servicios jurídicos que estudien la posibilidad de recurrir la sentencia, según un comunicado en el que Gabriela Bravo manifiesta que, desde «el respeto» que merecen todas las resoluciones judiciales no comparte el fallo de la misma dado que es «de imposible ejecución» porque «el documento no se elaboró jamás». En concreto, el documento que el PP reclamaba es una copia del informe completo de auditoría interna, con todos sus anexos, que se encargó al asumir Bravo las competencias de la Conselleria de Justicia. Tanto la consellera como, ayer, la portavoz del Consell, Mónica Oltra, alegaron que se trata de una auditoría inexistente, pues Bravo asegura que utilizó ese término no «en términos políticos, pero el informe como tal no se elaboró y, por tanto, no podía ser entregado».

Precisamente fue Oltra, pero en 2014, cuando estaba en la oposición, quien criticó duramente al Consell que entonces encabezaba el PP por anunciar, como ahora hace Bravo, su intención de recurrir. La que era diputada de Compromís consideraba que el Ejecutivo utilizaba la posibilidad del recurso porque «le sale gratis».

«Es la primera sentencia condenatoria contra el Consell, en concreto contra la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, e indica que la obstrucción es injustificable», apuntó por su parte Ferrer San-Segundo, quien recordó que la decisión judicial «les condena no solo a entregar la documentación, una de las cuales fue presentada con posterioridad a la iniciación del proceso tras negar su existencia, sino también al pago de las costas procesales».

De hecho, fuentes del PP recordaron ayer que Bravo, en declaraciones realizadas el 26 julio 2015 aseguró que, cuando llegó a Justicia, «lo primero que hice fue pedir una auditoría interna». En este sentido, con su característico gesto severo cuando pretende subrayar sus argumentos de manera solemne, la consellera, en su primera comparecencia ante el pleno de Les Corts, un 17 septiembre 2015, tal y como consta en el Diario de Sesiones de la Cámara, proclamó: «Y he ordenado la auditoría, claro que la he ordenado. Fue la primera decisión que adopté cuando llegué a la conselleria».