Las Provincias

Juan Manuel Pérez Mira y Vicent Soler, ayer. :: efe/kai Försterling
Juan Manuel Pérez Mira y Vicent Soler, ayer. :: efe/kai Försterling

El Consell subirá los impuestos pero asegura que sólo a las rentas altas

  • Soler anuncia una «redistribución de cargas impositivas en 2017» pero no aclara si también afectará a los que menos tienen

Subir los impuestos no resulta un anuncio cómodo de hacer para ningún gobernante. Elevar el nivel de recaudación, la consecuencia más obvia al incrementar la presión fiscal, ahuyenta la simpatía de la mayor parte de la ciudadanía, siempre convencida de que ya paga más que suficiente a la Administración como para tener que soportar nuevos ajustes.

Pero si se necesitan más ingresos o si la situación de la Administración es tan complicada que es necesario disponer de más recursos sí o sí, el anuncio de subida de impuesto se hace obligado.

Al Gobierno valenciano le ha pasado exactamente así. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, explicó ayer que la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2017 incluirá medidas para una «redistribución de las cargas impositivas en función de la renta», bajo el principio de que pague más el que más tiene y descargar a las clases medias y trabajadoras. Una formulación que trata de camuflar que el Gobierno valenciano trabaja ya en un proyecto de presupuestos que incorporará una subida de impuestos -si se pretende que sea en función de la renta, es precisamente el IRPF el que podría verse afectado-.

Soler, que se refirió al sistema tributario en la presentación de un informe sobre financiación autonómica, defendió un sistema progresivo y no «regresivo», adecuado a «una democracia avanzada», informa Efe

A partir de la modificación del Impuesto de Patrimonio en la Ley de Acompañamiento del año pasado, se tiene que ir haciendo un sistema tributario progresivo «para hacer pagar a quien más tiene, y menos al que menos tiene», remachó.

El titular de Hacienda no aclaró exactamente cómo planteará esa progresividad, es decir, cuáles serán las rentas mínimas que quedarán excluidas de esa redistribución, y cuáles sí que se verán afectadas. En todo caso, esta redistribución de las cargas impositivas en función de la renta será «provisional» ya que es necesaria una armonización fiscal de las Comunidades Autónomas en función de que los ingresos fiscales sean parecidos.

El conseller criticó que algunas comunidades, como Madrid, pueden hacer «dumping fiscal» por tener otros ingresos, mientras en la Comunitat Valenciana «no nos podemos permitir ciertos lujos porque eso significaría menos recursos para la sanidad, la educación y la dependencia».

El conseller Soler se pronunció en estos términos en el transcurso de la presentación de un informe sobre la financiación autonómica de régimen común elaborado por el Consejo General de Economistas en el que se reclama revisar el concepto de población ajustada y rebajar la aportación de los tributos de cada Comunidad autónoma al Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales.

El decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan Manuel Pérez Mira, miembro de la comisión creada para la realización de este estudio, presentó ayer este informe junto a Soler. El documento explica que la reforma del sistema debe partir de un acuerdo sobre el volumen total de recursos que el Estado está dispuesto a poner a disposición del sistema, teniendo en cuenta que debe inyectar más recursos por el aumento del gasto sanitario y, en menor medida, en educación. También hay que cuantificar el volumen de recursos tributarios que puede obtener cada comunidad de los tributos cedidos, y revisar los impuestos. En este punto, se plantea si un gravamen como el de Actos Jurídicos Documentados «tiene mucho sentido» en una economía desarrollada, si se redefinen impuestos como el de Patrimonio o sobre Sucesiones y Donaciones, el IBI o el IRPF.

Capacidad normativa

El informe añade que es preciso redefinir la capacidad normativa de las CCAA en los tributos cedidos para preservar el principio de corresponsabilidad fiscal. Los economistas proponen revisar el concepto de población ajustada para que se refleje mejor el principio de necesidad. De esta manera, se ajustaría teniendo en cuenta a colectivos que requieren un mayor gasto educativo o más gasto sanitario. En cuanto a solidaridad, se pide modificar los porcentajes de distribución de tributos autonómicos para que, si una comunidad aporta el 75 % al Fondo de Garantía de servicios públicos fundamentales y se queda un 25 %, se podría incrementar hasta un 40 % la reserva para financiar sus gastos y aportar al Fondo un 60 %, por lo que el Estado debería incrementar su aportación de recursos adicionales para garantizar los servicios.