Las Provincias

El ministro Cristóbal Montoro. :: EFE/Zipi
El ministro Cristóbal Montoro. :: EFE/Zipi

El Consell insta al Gobierno a que prorrogue el Impuesto de Patrimonio en 2017

  • El Estado inyecta 45.600 millones desde 2012 a la Comunitat para contrarrestar la infrafinanciación

valencia. El Consell, reunido en sesión plenaria y a propuesta del conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, acordó ayer solicitar formalmente al Gobierno una solución que evite que la Comunitat deje de ingresar cerca de 138 millones de euros al año por el impuesto de Patrimonio como consecuencia de la decisión del Ejecutivo central de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado. Según indicó la Generalitat en un comunicado, la situación se produce porque los Presupuestos Generales de 2016 incluyen una disposición mediante la que se prorrogó hasta el 1 de enero de 2017 la suspensión de la bonificación del 100% sobre este tributo. Esta suspensión se acordó por primera vez con efectos desde el 1 de enero de 2008 y se renovó cada año a través de las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado.

El Consell reclama al Gobierno la «inmediata modificación» del real decreto ley 13/2011 con la finalidad de prorrogar desde el 1 de enero de 2017 la exigencia del gravamen de este impuesto. «La inacción estatal en este tema supondrá que la administración tributaria de la Generalitat se verá privada desde el 1 de enero de 2017 de los ingresos derivados de Patrimonio», reprobó el conseller Vicent Soler. En la Comunitat, la regulación del impuesto de Patrimonio estableció la exención de la empresa familiar, la vivienda habitual --hasta un máximo de 300.000 euros (y además otros 600.000 euros en bienes) el mínimo exento.

«Es necesario utilizar la política fiscal para redistribuir la renta, porque con la crisis económica las desigualdades han crecido y son la clase media y baja quienes más están sufriendo las consecuencias de esta situación», señaló el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler sobre un asunto que la Generalitat considera un problema, desmentido por el Gobierno central.

El delegado del Gobierno, tras consultar con el ministerio que dirige Cristóbal Montoro, señaló a LAS PROVINCIAS que «en 2017 la Generalitat recaudará el impuesto de Patrimonio dado que en ese año se declara y liquida el correspondiente al año 2016. El Gobierno tiene hasta diciembre de 2017, que es la fecha de devengo, para decidir si prorroga la suspensión de la bonificación del 100% del impuesto».

«Es absolutamente falso que la hipotética prórroga de presupuestos generales impida a la Generalitat ingresar el año que viene los 138 millones mentados, con lo que tal circunstancia no afecta a la confección de los Presupuestos de la Generalitat para 2017.

Mecanismos de financiación

Desde el Gobierno central se quiso hacer hincapié ayer en que la Comunitat ha recibido, entre el año 2012 y el tercer trimestre de 2016, 45.641,4 millones de euros, contando todos los mecanismos de financiación puestos en marcha por el Estado. Esta cifra representa el 22,48% del total de recursos puestos a disposición de las comunidades autónomas en este periodo, lo que la convierte en la segunda comunidad que más fondos percibe. De este importe, 34.042,5 millones corresponden a los mecanismos extraordinarios de financiación, según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

«Además de permitir financiar vencimientos de deuda en un contexto de mercados financieros prácticamente cerrados, los mecanismos adicionales de financiación han tenido efectos beneficiosos para la economía real de la Comunitat, cuyos proveedores, incluyendo entidades locales, han recibido directamente a través de estos mecanismos 19.691,8 millones de euros hasta el cierre de agosto», indicaron desde la Administración central a través de un comunicado donde se añade que, debido a la distribución del gasto en servicios fundamentales en la Comunitat, el 61,4% del gasto de proveedores va destinado a Sanidad; un 7,7% va destinado a Educación; otro 6,5% va a Servicios Sociales, y el 24,4% al resto. Esto supone que el 75,6% de los gastos de proveedores entre 2012 y agosto de este año se ha destinado a servicios públicos fundamentales.

La existencia de estos mecanismos, que permiten afrontar el pago de la deuda comercial de las Comunidades Autónomas, y las modificaciones legislativas implantadas para reducir el periodo de pago a los proveedores de servicios públicos ha rebajado el periodo medio de pago a proveedores (PMP) en el conjunto de las comunidades autónomas españolas. No obstante, en el caso de la Comunitat, el PMP se sitúa en el mes de junio en 63,78 días, mientras que la media de las autonomías es de 46,49 días.