Las Provincias

Los juzgados valencianos ven actualmente cerca de 250 causas de corrupción

Entrada de la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se instruyen y juzgan diversos casos de corrupción.
Entrada de la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se instruyen y juzgan diversos casos de corrupción. / M. MOLINES
  • La sala de lo Civil y Penal del TSJCV abrió 72 procedimientos contra aforados en 2015

Los juzgados de la Comunitat Valenciana ven actualmente alrededor de 250 causas de especial complejidad relacionadas con casos de corrupción y en el año 2015 la sala de lo Civil y Penal del TSJCV abrió 72 procedimientos contra aforados, con un incremento del 3 % respecto al año anterior.

Estas cifras han sido hechas públicas por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva, y el Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, Antonio Montabes, en sus discursos en el acto de apertura del año judicial, que se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Según los datos de la Memoria de la Fiscalía relativos a la evolución de la criminalidad, presentados hoy por Montabes, el año pasado aumentaron en un 92 % (un total de 52) las diligencias incoadas por delitos de tortura y contra la integridad moral, un 10 % contra la libertad sexual y un 4,5 % los procedimientos por violencia de género.

En este mismo periodo disminuyeron más de un 8 % las diligencias incoadas por las diferentes formas de homicidio y un 2 % por delitos contra la Administración Pública, aunque crecieron los de fraude a la Seguridad Social, que pasaron de 4 en 2014 a 34 en 2015.

En materia de extranjería, hubo un descenso del 29 % de los procedimientos judiciales por trata de seres humanos, y del 6 % en materia de seguridad vial.

Los procedimientos relacionados con delitos informáticos "se volvieron a multiplicar por cuatro", ha indicado Montabes, que ha detallado que el número de internos en centros penitenciarios aumentó un 5 % hasta la cifra de 6.778.

También se registró un incremento del 26 % en las diligencias previas relacionadas con delitos económicos, la mayoría por fraude tributario, contra la Seguridad Social o por subvenciones.

En el ámbito Civil, De la Oliva ha subrayado el hecho de que desde 2013 los juzgados valencianos han conocido unas 20.000 demandas por preferentes y productos bancarios complejos, de las que quedan pendientes unas 4.300 que serán concluidas "en pocos meses".

Como en anteriores ocasiones, De la Oliva ha lamentado la "difícil situación en la que se encuentran nuestros órganos judiciales", en los que el año pasado ingresaron prácticamente un millón de asuntos y resolvieron "25.000 más de los que ingresaron", marcando así "un cambio de tendencia".

La presidenta del alto tribunal autonómico ha insistido en la "sobrecarga de trabajo, escasez de medios y modelo organizativo inadecuado" y ha reclamado a las administraciones públicas su "apoyo imprescindible".

"Una Justicia ágil y organizada es palanca de progreso", ha afirmado De la Oliva, quien también ha subrayado la necesidad de "transmitir a los ciudadanos la credibilidad del sistema judicial, que debe fundarse en la independencia de los jueces y en la transparencia".

"Independencia significa sometimiento a la ley, y sólo a la ley", ha dicho, para posteriormente añadir que esa independencia "significa muchas veces soledad", puesto que "los jueces se ven obligados a marcar distancias, no como muestra de soberbia, sino de respeto a su función".

Con motivo de la apertura del año judicial, Jueces para la Democracia ha denunciado las "notables insuficiencias que continúan afectando a nuestro sistema judicial y que están provocando un descontento visible en la ciudadanía".

"En la actualidad, gran parte de los órganos judiciales valencianos están trabajando con una carga superior al 200 % de la entrada de asuntos prevista por el CGPJ, según indican sus propios informes. El resultado de esta sobrecarga es una importante demora en la resolución de los asuntos", han añadido desde esta asociación progresista.

En este sentido, se recuerda que en los últimos cinco años "no se ha creado ningún nuevo órgano judicial, lo cual no tiene precedentes en las últimas décadas; todo ello a pesar de que en su momento se acordó la creación de 15 nuevos juzgados, que nunca llegaron a ponerse en funcionamiento".

"La Comunidad Valenciana tiene los índices de litigiosidad más elevados de España, sin que ello haya provocado medidas específicas que solucionen estas alarmantes situaciones de sobrecarga", añade el comunicado de Jueces para la Democracia, que "comparte la preocupación de la sociedad valenciana por la enorme cantidad de investigaciones judiciales por casos de corrupción".