Las Provincias

Benavent y Alcón declaran el viernes por los contratos de Concejalía de Cultura

  • Ambos han sido citados por el juez que instruye el conocido como caso Imelsa

La exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón y el exgerente de Imelsa Marcos Benavent declararán este viernes como investigados como supuestos responsables de adjudicaciones y el cobro de comisiones ilegales desde el departamento que dirigió la primera.

Ambos han sido citados por el juez que instruye el conocido como caso Imelsa, en el que se investiga una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales y blanqueo de capitales que tenía su origen en la adjudicación supuestamente irregular de contratos desde varias administraciones públicas controladas por el PP.

Su declaración se enmarca en la pieza separada E, en la que se investiga el supuesto cobro de "mordidas" en los contratos de mantenimiento de La Lonja, limpieza de las Torres de Quart, conservación de los puentes históricos de Serrano y Trinidad, y explotación y gestión del centro cultural La Rambleta.

En el marco de esta misma pieza separada, para mañana está prevista la declaración del empresario José Adolfo Vedri (Engloba), amigo de Benavent y que supuestamente fue beneficiario de varias adjudicaciones de Alcón, y también la del exasesor del área de Cultura Pedro Aracil.

El viernes está prevista la declaración de Benavent y Alcón, pero también las de otros empresarios que supuestamente fueron beneficiados con adjudicaciones y, según la UCO, pagaron "mordidas" a cambio. Se trata del responsable de la constructora Cleop, Carlos Turró, y de los empresarios Carlos Vicent Gil y Alejandro Serra Nogués.

Según han dejado patente los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de los informes que constan en el sumario del caso, Marcos Benavent, uno de los principales investigados del caso Imelsa, podría haber recaudado al menos 83.000 euros en comisiones ilegales de contratos supuestamente amañados por la exconcejala de Cultura.

Los investigadores achacan a Benavent el doble papel de "intermediario" y "recaudador", mientras que Alcón "hacía valer su posición privilegiada" para "influir" en la adjudicación a determinadas empresas, según sus conclusiones.

Para los investigadores del caso, el contrato de limpieza y mantenimiento de las fachadas interiores y exteriores de La Lonja se adjudicó en noviembre de 2003 a Estudios Métodos de la Restauración (EMR), cuyo representante legal era Carlos Vicent Gil, por algo más de un millón de euros, a los que se añadió en septiembre de 2005 una ampliación de 448.000 euros, adjudicada a la misma empresa.

En el caso de las obras de limpieza y consolidación de las Torres de Quart, el concurso fue adjudicado en marzo de 2006 a la UTE formada por Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas (Cleop) y Contratas y Obras Empresas Constructoras, representadas por Carlos Turró y Alejandro Serra, por 1,4 millones. Todos ellos están citados a declarar acusados de los supuestos delitos de prevaricación y cohecho.