Las Provincias

El Consell contrata a Avialsa, la firma implicada en el caso Castellano

Un agente de policía accede a las instalaciones de Avialsa. :: irene marsilla
Un agente de policía accede a las instalaciones de Avialsa. :: irene marsilla
  • Oltra justifica la adjudicación en razones de urgencia y dice que en los tribunales sólo se investiga la gestión vinculada al exconseller

El Consell ha adjudicado a Avialsa el contrato del servicio de aviones de extinción de incendios forestales para los meses de septiembre y octubre, por un precio de 1,27 millones de euros, para cubrir este periodo hasta el 1 de noviembre en que se iniciará el nuevo contrato con la empresa.

El pleno del Consell dio ayer el visto bueno para tramitar de emergencia la contratación para estos dos meses ante la imposibilidad de iniciar de nuevo el contrato antes del 1 de noviembre, según ha informado hoy la vicepresidenta, Mónica Oltra.

El contrato con Avialsa finalizó en febrero y era improrrogable, y la Generalitat comenzó a trabajar en el nuevo contrato, que se «ha eternizado» por cambios normativos y porque a finales de julio se presentó un recurso especial en materia de contratación que obligó a suspender el procedimiento, ha explicado.

Entonces el Consell declaró la emergencia por resolución del 10 de agosto y se ha adjudicado ahora el servicio a la empresa Avialsa T-35 para septiembre y octubre por un importe global de 1.275.316 euros.

Oltra argumentó que en la Comunitat Valenciana existe un elevado riesgo de incendios agravado por la sequía, y por ello ha sido necesario declarar de emergencia la contratación hasta que se pueda iniciar el nuevo contrato, previsto para el 1 de noviembre.

Según indicó, desde la finalización del contrato en febrero el Consell está pagando compensaciones a Avialsa, y a finales de julio comenzaron los trámites para el nuevo contrato por el procedimiento ordinario.

Esos trámites se han prolongado más de lo previsto por cambios normativos que se aprobaron a principios de 2015 y que deben aplicarse.

Además, la tramitación del nuevo contrato -que recoge el 94 % de servicios y el 6 % de suministros- se suspendió por la presentación de un recurso especial en materia de contratación por una discrepancia en la aplicación del IVA.

Preguntada por la adjudicación a Avialsa, una empresa que fue criticada por los partidos que forman el Consell cuando estaban en la oposición, Oltra ha manifestado que la empresa Avialsa y la gestión de Serafín Castellano «está en los tribunales», pero solo «esa parte de la gestión». Recordó que en los últimos meses ha habido una gran demanda del servicio de aviones de extinción de incendios, que actuaron en los incendios de Bolbaite y Carcaixent en junio y en Artana en julio, donde todos los aviones contratados por la Generalitat para este servicio intervinieron durante seis días.

La trama del fuego investiga un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales. El asunto central era la empresa Avialsa y la adjudicación de los contratos de extinción. Averiguar qué había detrás de que el coste anual del servicio se incrementara sin motivo de tres a cinco millones de euros y, además, cómo tampoco hubo penalización para una empresa cuyos mejores y más importantes aviones nunca llegaron a estar disponibles.

La UDEF sospechaba que para que lo anterior se produjera era necesaria alguna contraprestación. Y es ahí donde aparecen los regalos al conseller, familia y amigos. Los investigadores apuntan a que Avialsa, la empresa central de esta trama, llegó a abonar cerca de 430.000 euros. El mayor gasto se desembolsó en cacerías y el abono de los alojamientos.

Por otro lado, el Consell también ratificó el acuerdo sindical del 5 de mayo de implantación de la nueva Oficina Judicial y establecimiento de la carrera profesional en la Administración de Justicia. El acuerdo fija las bases para el establecimiento de la carrera profesional, comprometiéndose a su implantación una vez el referido concepto retributivo sea recogido por la Ley Orgánica del Poder Judicial.