Las Provincias

Bruselas investiga si en la trama se defraudaron fondos europeos

El exdirector de Ciegsa Máximoa Caturla, tras declarar en los juzgados. :: manuel molines
El exdirector de Ciegsa Máximoa Caturla, tras declarar en los juzgados. :: manuel molines
  • El sumario de Imelsa revela que Hacienda reclama al juez datos de los sobrecostes en obras con financiación comunitaria

El Ministerio de Hacienda se ha dirigido al juzgado que instruye la causa de Imelsa porque, en virtud de la colaboración del Gobierno central con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf), solicita información por si se ha producido «un posible fraude al presupuesto comunitario» en las obras con sobrecostes que se incluyen en la Operación Taula. Así se refleja en los oficios remitidos desde el ministerio al juzgado por el caso Imelsa y sobre el que se levantó el secreto de sumario el pasado jueves. En esta causa el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia investiga delitos de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos, de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Las actuaciones investigadas han llamado la atención en Bruselas, sede de la Olaf, desde donde se han dirigido al Ejecutivo central con el fin de recabar información respecto a actuaciones públicas realizadas por el Ayuntamiento de Valencia o empresas como Imelsa o Ciegas donde se utilizasen fondos europeos que pudiesen haber sido malversados.

Durante el pasado mes de marzo se instruyó un oficio desde el ministerio que dirige Cristóbal Montoro en el que se dirigen al juzgado instructor. En el documento se menciona que el Gobierno apoya y colabora con la Olaf y sus investigaciones, y que la oficina antifraude europea «ha tenido conocimiento de la investigación relativa a los supuestos sobrecostes cargados a empresas que se beneficiaron de contratos adjudicados por los diferentes niveles de la administración pública de la Comunitat». Desde la UE se «está procediendo el análisis de la información disponible, de cara a la posible apertura de una investigación». Esta labor de recopilación de datos se inició hace meses y, a cuenta de los documentos aportados al sumario, continuaba a pocos días de alcanzar el pasado mes de julio.

Desde Bruselas se reclama una relación de los contratos de obra pública que están siendo investigados «a efectos de determinar su posible cofinanciación con fondos europeos y el alcance del posible fraude al presupuesto comunitario».

Desde marzo, en los juzgados se tiene conocimiento de estas diligencias a nivel europeo, que se han prolongado durante meses, al menos hasta finales de junio, si bien entonces los resultados no eran concluyentes.

El volumen de la actividad pública investigada por el juez instructor es tan considerable que desde la Olaf temen que las ayudas europeas hayan terminado implicadas por la trama de presuntas comisiones, que no sólo afectan a las obras de Ciegsa, ya que desde Imelsa se proyectaba igualmente un gran número de actuaciones. El juzgado por su parte, en un oficio sobre el que se realiza un informe el pasado 22 de junio, admite que «se desconoce si los mismos (los contratos analizados) han sido financiados o cofinanciados con fondos procedentes de la Unión Europea». Desde la UCO se incide en que este tipo de información «en muchos casos no suele quedar reflejada en la documentación que se encuentra incorporada en los expedientes de contratación que obran en el procedimiento». La investigación es de tal calibre que en el sumario se recogen la peticiones de la Fiscalía de que, en la medida de lo posible, se agilice el análisis de la documentación incautada en los diferentes registros en empresas públicas y domicilios particulares. Los agentes, literalmente, no han dado abasto.

La UCO considera que Ciegsa se habría estado utilizando para financiar tanto al PPCV como al PP provincial y también para el enriquecimiento personal de determinados cargos públicos de la administración como el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus; la exconcejal del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón; el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla; o el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, cuyas declaraciones son la base de una investigación que orbita principalmente alrededor de la actividad de Imelsa y Ciegsa y el destino final de los posibles sobrecostes generados en proyectos como la construcción de colegios.

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, señaló ayer que considera «extremadamente doloroso comprobar cómo tenemos aún 1.000 barracones y que se robaron 1.000 millones de una manera o de otra» de la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (Ciegsa). Así lo comentó tras presidir la celebración del Día de la Policía de la Generalitat Valenciana en el Monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia, al ser preguntado por las últimas revelaciones del sumario.

Concretamente, como parte de este sumario figura un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sostiene que esta empresa pública se habría estado utilizando entre 2004 y 2007 para financiar tanto al PPCV como al PP provincial y también para el enriquecimiento personal de determinados cargos públicos de la administración, lo que provocó sobrecostes en la entidad, en unos hechos que considera no de mala gestión sino de conductas relacionadas con la corrupción.

El presidente afirmó que «se despilfarraron 1.000 millones y se robaron no se sabe cuántos», lo que calificó de «lamentable» y que aprovechó para subrayar que en el Debate de Política General celebrado esta semana en Les Corts, el PP les «exigía de una manera virulenta» que «se acabaran inmediatamente los barracones. Pues, efectivamente, con ese dinero se hubieran podido acabar los barracones hace ya mucho tiempo».

Puig consideró que existe «una responsabilidad política inherente al PP que aún no se ha establecido» y que no se ha «asumido» por parte de los consellers y los gobiernos que protagonizaron estos hechos y, quiso destacar que «estos son los que están sentados hoy en la oposición».

En el sumario se recogen declaraciones relacionadas con la creación de Ciegsa que se remontan a su puesta en marcha durante el Consell que dirigía Eduardo Zaplana. Su primer responsable, Javier García-Lliberós admite que uno de los principales motivos de la fundación de esta empresa pública fue su capacidad de endeudamiento al margen de las restricciones presupuestarias a las que debía someterse la Conselleria de Educación. Ya entonces, según el propio García-Lliveros, los proyectos básicos de obra «se encontraban obsoletos». En este sentido, el primer gerente de Ciegsa explica que «las necesidades de la Conselleria (de Educación) cambiaban por semanas», pues «donde estaban proyectadas una serie de aulas finalmente se decidía incrementar el número de las mismas».