Las Provincias

Margallo compara los 741 millones malversados en los ERE de Andalucía con los 1.000 euros por los que se investiga a Rita Barberá

  • «La comparación de cifras es bastante elocuente», recalca el ministro en funciones

El ministro de Exteriores en funciones y diputado del PP por Alicante, José Manuel García-Margallo, ha comparado este viernes los 741 millones presuntamente malversados en el caso de los ERE irregulares en Andalucía con la donación de 1.000 euros por la que se investigará a la exalcaldesa 'popular' de Valencia Rita Barberá.

"La comparación de cifras es bastante elocuente, aquí hablamos de 1.000 euros de donación a un partido y allí de una desviación de 741 millones de euros", ha dicho en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Barberá será investigada en el marco del 'caso Taula', que investiga un presunto blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia. La exalcadesa reconoce haber hecho una donación de 1.000 euros a su partido, pero no que ésta se le rembolsase en dos billetes de 500. En el caso de los ERE, la Fiscalía ha pedido seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para el expresidente de la Junta José Antonio Griñán y 10 de inhabilitación para su antecesor Manuel Chaves.

Margallo ha rechazado las críticas del expresidente socialista extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que este jueves criticó la oportunidad política de la fiscalía en este caso. "Eso es lo de la viga (en el ojo propio) y la paja (en el ojo ajeno)", ha respondido, subrayando que al PP también le suceden situaciones similares.

"Cuando nos pasa a nosotros está puesto en razón y cuando le pasa al PSOE es una persecución inquisitorial urdida por el PP", ha ironizado, antes de subrayar que "la Justicia tiene que actuar contra quien sea y en el momento que sea", porque "esa es la garantía que tienen los ciudadanos" contra la corrupción.

El ministro en funciones también se ha mostrado convencido de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, tendrá que pronunciarse en algún momento sobre la imputación de sus antecesores, porque la ciudadanía tiene derecho a saber qué ha pasado y la garantía de que los delitos se persiguen y sus responsables rinden cuentas.