Caturla: «Agilizar los pagos a empresas. Aquí mando yo»

Máximo Caturla es una de las piezas clave; el engranaje de toda la trama de amaño de contratos y adjudicaciones públicas. Desde la empresa pública Ciegsa controlaba la construcción de centros educativos. Uno de los testimonios más reveladores del sumario, que confirma lo adelantado previamente por las confesiones del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, es la declaración ante la UCO de José Luis Gisbert. Recuerda con precisión aquel encuentro. De hecho, aporta el declarante las notas que tomó en una reunión a la que asistió Caturla. En esa cita estaba también presente José María Haro, exalcalde de Chiva. El primer apunte resulta más que llamativo: «Todos los concursos de proyectos y obras tiene que hacerlos Joan Vergara por cojones, por mis huevos».

La siguiente anotación también concentra cierta miga: «Agilizar los pagos a empresas. Aquí mando yo». El testigo revela a los agentes que este epígrafe el enfrentamiento existente entre Caturla y el director de Regimen Económico de la Conselleria. Al parecer, este último decidía el visto bueno a los colegios y podía retener los pagarés. El enfado de Caturla sería por esta potestad que quizá le dificultaba su labor en el departamento autonómico. Se desconoce qué interés tenía en controlar esta parcela. Añade el testigo el caso de la empresa Sedesa que pide un incremento de 600.000 euros y este lo rechaza. En ese contrato, la mercantil había hecho una rebaja del 20%. Pero Máximo insiste en que no es «temeraria».

No sólo mediaba presuntamente desde la Generalitat. Caturla fue concejal del Ayuntamiento de Fontanars del Aforins y que se empeñó en poner césped artificial en aquel colegio, «aunque nunca se ponía en ningún colegio por lo caro que era».

Otra declaración incluida en el sumario es tremendamente clarividente a la hora de describir cómo funcionaba Ciegsa y la ascendencia que en todo el entramado tenía Alfonso Rus. Y el 'factotum' en que se convirtió Máximo Caturla, sin cuyo consentimiento no se movía ni un folio. Y el testimonio no lo lanza un cualquiera, sino que lo protagoniza un histórico del PP, Miguel Barranca, diputado provincial entre 1991 y 2003, e integrante de Ciegsa de 2004 a 2007. Barranca señala cómo era Caturla, junto a cuatro técnicos, quien decidía las contrataciones. Y su proceder no era precisamente ajustado a los procedimientos administrativos. «Máximo Caturla hacía lo que le daba la gana y las cosas no funcionaban bien», es una de las afirmaciones de Barranca.

El exdiputado asegura que esta fue parte de la conversación que mantuvo con el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El aviso no tuvo consecuencias «Me dijo que estuviera tranquilo, que Máximo era un buen amigo suyo», fue la respuesta del expresidente, según el testigo.

Barranca rechaza en su comparecencia que Rus influyera en su trabajo cuando él estuvo en Ciegsa. Pero es rotundo a la hora de subrayar la ascendencia del expresidente popular en Valencia: «Alfonso Rus mandaba más que el presidente de la Generalitat. Tenía mucho poder, infundía pánico entre la gente del partido».

El descontrol en las obras de los colegios, y el consiguiente sobrecoste de las mismas (supuesto germen de las comisiones), es certificado hasta por tres técnicos que estuvieron en la empresa pública. «Se licitaba al alza. Los técnicos no entendíamos bajo qué criterios se adoptaban todas estas decisiones», sostiene un informe entregado por uno de los testigos. El mismo exempleado revela cómo a Ciegsa llegaba una misteriosa «moto con el listado de empresas adjudicatarias» y cómo la adjudicación se decidía «desde fuera». El testigo sostiene que se autorizaban «incrementos económicos por errores en el presupuesto» y que las empresas «presionaban para autorizar modificaciones de contrato que terminaron generalizándose». Una auténtica Gomorra del despilfarro.

Otros dos arquitectos que trabajaron para Ciegsa e interrogados en la causa de Imelsa como testigos certifican el caos existente con las adjudicaciones y los trabajos. «Desde Ciegsa se pretendía sobrecargar de trabajo a los técnicos para restringir la eficacia de los controles que los mismos debían realizar». Otro antiguo empleado de la empresa pública subraya la ausencia total de supervisión de los proyectos: «Los arquitectos de plantilla se quejaban de que no podían hacer el seguimiento de la obra y no era normal que sólo fueran a firmar el acta de inicio y recepción, pero les decían que no hacía falta que fueran».

En la causa también se ve que de nuevo los anónimos han ayudado a los investigadores a la hora de emprender vías de investigación. La Fiscalía recibió la carta de un informante en la que alertaba de que el hermano de Caturla podía haberse visto beneficiado de adjudicaciones de la empresa pública a una de las sociedades de la familia, Valcomar Obras y Proyectos.