Las Provincias

El Consell no logra aclarar cómo convertir en funcionarios a los interinos

Ximo Puig y Gabriela Bravo, en el centro, con los autores del informe sobre la ley de función pública.
Ximo Puig y Gabriela Bravo, en el centro, con los autores del informe sobre la ley de función pública. / LP
  • La vía extraordinaria sin oposición pierde fuelle ante la constatación de que vulnera los principios constitucionales

«Que todos estén contentos». La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se pronunció el viernes en esos términos para referirse a las intenciones del Ejecutivo valenciano para reducir la temporalidad en la función pública valenciana a través de un mecanismo que permita a los 5.500 interinos acceder a la condición de funcionarios. Pero lograr esa satisfacción de «todos», tanto de los funcionarios que han obtenido su plaza gracias a una oposición, como de los interinos, que pretenden que se les reconozca el tiempo que llevan prestando su labor para la administración sin disponer de una plaza fija, no resulta sencillo. La intención del Gobierno valenciano, que ha coqueteado con la posibilidad de habilitar algún tipo de fórmula que permitiera ese traspaso 'de interino a funcionario' sin la convocacotira de una oposición abierta choca con la legalidad. Y así lo reconocen las organizaciones sindicales que saludan con expectación el anuncio del Consell pero no llegan a comprender cómo se puede buscar una fórmula que los tribunales no echen por tierra.

Las razones son sencillas. Si el estatuto básico del empleado público pone en valor los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso a la función pública, resulta complicado que un procedimiento extraordinario de funcionarización -como los que se impulsaron cuando las autonomías asumieron las competencias del Estado sobre función pública-, pueda tener cabida. Sin oposición, consideran las fuentes jurídicas consultadas por este diario, no existe margen legal para llevar a cabo ese objetivo.

Otra cosa es, admiten las mismas fuentes, la valoración que en una convocatoria abierta pudiera tener para los interinos el tiempo trabajado para la administración. Parece razonable, consideran, que ese mérito goce de una puntuación mayor en una prueba. Pero la prueba, aclaran, sí o sí tiene que llevarse a cabo. De hecho, esa fue la fórmula empleada en su día por el gobierno popular para recortar la temporalidad entre los empleados públicos de la Comunitat.

En su comparecencia del viernes, Oltra resaltó que el acuerdo para acabar con la interinidad es «una medida de este gobierno». Al respecto, resaltó que se trata de una medida que «está acordada, que da estabilidad a las plantillas y que tampoco castiga a los que llevas años trabajando y que no tienen culpan de que no se hayan convocado OPEs».

A lo que Oltra no se refirió es a la dificultad para encontrar una fórmula que concilie ese objetivo con la necesaria salvaguarda de la legalidad. Con el debate de política general a la vuelta de la esquina, la búsqueda de un procedimiento extraordinario sin concurso para convertir a los interinos en funcionarios abre un nuevo frente.