Las Provincias

Los inmuebles del caso Blasco se destinarán a políticas sociales

El exconseller Rafael Blasco. :: irene marsilla
El exconseller Rafael Blasco. :: irene marsilla
  • El Consell paga la mitad del valor por el que salieron a subasta los tres pisos y un garaje de la trama Cooperación

Valencia. El pleno del Consell autorizó ayer a la Abogacía de la Generalitat a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la adjudicación, por la mitad del precio tasado, de los inmuebles del caso Cooperación encabezado por Blasco que fueron pagados con el desvío de fondos públicos que no llegaron a Nicaragua.

«Desde luego, serán unos bienes que tendrán una finalidad de política social» y que dejarán atrás «un pasado de saqueo, de falta de escrúpulos, de haber desviado y robado el dinero de la gente más pobre y más necesitada», afirmó la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno.

La líder de Compromís aseguró que con este gesto se busca que lo que ha sido «un símbolo» de la corrupción política del anterior Gobierno, se convierta en «un símbolo de las cosas que se pueden hacer cuando el dinero no se desvía» en corrupción. La vicepresidenta indicó que, con esta medida, se recupera dinero que se robó y que ahora se destinará «al interés general, y no al interés de unos pocos desalmados, que tenían de todo menos vergüenza».

El objetivo de la iniciativa es dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del caso Cooperación, en la que se fijó una responsabilidad civil por importe de 1.623.840 euros. Para hacer efectiva esta cantidad, el juez embargó cuatro inmuebles propiedad de la Fundación Cyes, que fueron adquiridos por esta entidad con las subvenciones de la Generalitat declaradas fraudulentas y de las que únicamente llegaron a su destino (Nicaragua) 43.000 euros.

En concreto, los 1,6 millones malversados se invirtieron en un garaje y tres inmuebles en Valencia, que se sacaron a pública subasta, pero ninguno de los inmuebles se pudo adjudicar porque las mejores ofertas que se presentaron quedaron muy por debajo del precio fijado en la tasación judicial.

Así, por uno de los pisos se ofrecieron 30.000 euros (el 10 % del precio de licitación, que ascendía a 290.634 euros); por otro se llegaron a ofrecer 25.000 euros (el 13 % del precio de licitación, 179.124 euros) y por el tercero de los inmuebles se ofrecieron 21.000 euros (el 21 % del precio de licitación, 97.042 euros).

En total, se ofrecieron 76.000 euros por los tres inmuebles, cuando el precio de licitación de los mismos sumaba 566.800 euros, y únicamente en el caso del garaje se adjudicó a la mejor oferta, 8.200 euros, frente a un precio de licitación de 13.500 euros. Las otras tres edificaciones, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que, cuando la autoridad judicial deniega la aprobación del remate, el acreedor (en este caso, la Generalitat) podrá pedir la adjudicación por el 50 % del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, que es lo que ha hecho la Generalitat. Este importe viene a reparar parte de la responsabilidad civil incurrida por los condenados, sin que la administración tenga que realizar un desembolso efectivo significativo.

Con este movimiento, el único dinero que ha tenido que abonar el Consell en esta operación es el de las cargas pendientes que recaían sobre los inmuebles, en concreto, el IBI al Ayuntamiento de Valencia (10.521 euros) y las deudas con la comunidad de propietarios (17.695 euros). El Servicio de Gestión Inmobiliaria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico ha calculado el valor actual de mercado de estos tres inmuebles y ha comprobado que alcanzan los 830.000 euros.