Las Provincias

El Consell choca con la ley al intentar que los interinos sean funcionarios

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo. :: efe / manuel bruque
La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo. :: efe / manuel bruque
  • La Generalitat señala que la dirección de Función Pública estudiará la manera de actuar en cada caso sin el método de oposición abierta

valencia. El informe sobre la situación de la Función Pública Valenciana presentado el pasado miércoles por una comisión de expertos ha abierto el debate acerca de la situación de los empleados interinos en la Administración autonómica. ¿Cómo convertirlos en funcionarios fijos? Es la pregunta que ronda en la cabeza del Consell, que ya busca alternativas que podrían vulnerar la ley del Estatuto Básico del Empleado Público y los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad recogidos en la Constitución, tal como señalan las fuentes jurídicas consultadas y varios sindicatos.

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, afirmó ayer que el Consell agotará todas las opciones posibles para regularizar la situación de los más de 5.000 interinos que están empleados actualmente en la Administración. «Tenemos que hacerlo bien para evitar que los tribunales se lo carguen», fueron sus palabras. Desde su departamento aseguran que la oposición abierta no es la única vía para conseguirlo y puntualizan que no existe sólo un mecanismo homogéneo para aplicar en todas las situaciones. La Dirección de Función Pública estudiará la manera de actuar cada vez que haya que sacar a concurso plazas ocupadas por funcionarios. En cada caso.

Pero como señalaron fuentes legales a este periódico, el acceso normal que establece la legislación y que refrenda el Tribunal Constitucional es una oposición abierta a todo el mundo. Es cierto que en ocasiones se han admitido procesos de funcionarización cuando las comunidades autónomas aprobaron sus leyes de Función Pública y asumieron los funcionarios del Estado, pero se trata de «situaciones muy excepcionales». Esos procedimientos estaban dirigidos a personal laboral o interinos con la finalidad de que pudieran acceder a la condición de funcionarios y, de alguna manera, ya vulneraban el principio de igualdad que consagra la Constitución. Los expertos consultados aseguran que cualquier planteamiento distinto sería ilegal.

Los juristas ponen los cursos de capacitación para interinos que «en algunas ocasiones» ha llevado a cabo la Generalitat Valenciana, como un ejemplo de medida que iría en contra de la legislación vigente y, por lo tanto, «sería censurable», ya que «impide que gente externa pueda acceder al concurso-oposición en las mismas condiciones que presentan los empleados públicos temporales».

Este punto de vista lo comparten en la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT. Su responsable de Administración Autonómica y Justicia, Gonzalo Fernández, reconoce, como detalla el informe elaborado por los expertos sobre la situación de los funcionarios de la Generalitat, que «la tasa de temporalidad de los mismos es muy alta», pero subraya que se debe respetar «la disposición cuarta de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público». Esta da luz verde a los procedimientos de consolidación de puestos en la Administración «siempre y cuando exista un estricto y escrupuloso cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad». Y, añade, eso «sólo se puede hacer mediante una convocatoria abierta y que, posteriormente, se valore el tiempo en que ese interino haya prestado servicio». «Esa es la única vía que puede contemplar la Generalitat para consolidar las plazas», indican.

Desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) recuerdan que en el Plan de Estabilidad aprobado en 2004 por la Generalitat se contempla la posibilidad de realizar un concurso de oposición especial como vía extraordinaria para regularizar la condición de los empleados interinos de la Administración autonómica. Sin embargo, aseguran que tienen «serias dudas sobre si ese acceso restringido cumple con la ley».

El Consell debe decidir

En el CSIF indican que también están de acuerdo con que hay que acabar con el alto porcentaje de temporalidad en la Administración autonómica y advierten de que la pelota está en el tejado del Consell: «Es el Ejecutivo valenciano el único que tiene que buscar una solución a este asunto para que después sea abordada por los sindicatos». «Es un problema que creó la Generalitat y ahora es ella la única en quien recae la responsabilidad de enmendar este panorama».

Por otra parte, STEPV-Intersidical Valenciana es el único de los sindicatos consultados por este periódico que apuesta por una vía que tampoco garantiza el cumplimiento de los requisitos legales. Se trata del acceso diferenciado, una cuestión que vienen defendiendo «desde hace más de 15 años, con el gobierno pasado del PP y con el actual».

El objeto de esta opción, señalan, es poder «dar salida al personal interino garantizándole el 50 por ciento de las plazas sacadas a concurso público a los interinos y el otro 50 por ciento a las personas externas». Además, agregan, «los empleados temporales de la Administración competirían sólo entre ellos y las personas que opten a la plaza desde fuera también lo harían así».

Para que el acceso diferenciado fuera legal «habría que modificar una normativa básica estatal y autonómica», un hecho, concluyen, que «todavía no se ha dado».