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Alfonso Rus, hoy a su llegada a la Ciudad de la Justicia. / EFE

Alfonso Rus: «No sé qué hago aquí. Pasé dos noches en el calabozo y Benavent, que cobró comisiones, ni una»

  • El expresidente de la Diputación ironiza a su llegada a los juzgados con que se repartían comisiones «en el coche y en el avión»

El paseíllo por la Ciudad de la Justicia mostró ayer al peculiar Marcos Benavent y hoy le ha tocado el turno a Alfonso Rus. En su declaración a preguntas de su abogado, el exalcalde de Xàtiva ha asegurado que se hubiera enfadado "de saber que existían las contrataciones ficticias. El empresario ha insistido en que Presidencia de la Diputación desconocía este tipo de irregularidades.

Antes de entrar a declarar, se ha referido a las palabras de Marcos Benavent del día anterior, que aseguró que daba las comisiones en el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación. Rus ha ironizadosobre este aspecto: "Sí, también hemos repartido comisiones en el coche y en el avión". Tras esto se ha encaminado hacia el interior de las dependencias judiciales.

Y es que ayer Marcos Benavent volvió a representar su papel de simpático corrupto arrepentido. Disparó varios dardos -Alfonso Rus, Vicente Betoret y Rita Barberá- e insistió en el cobro de comisiones por adjudicaciones. «Había caja B en todos los sitios». No especificó las administraciones o empresas públicas que llevaba esa contabilidad con dinero de origen ilegal. Sí confirmó, no obstante, que la controlaban los dirigentes del partido. «Llevaba el dinero al PP y ellos lo distribuían», añadió. En este sentido, apuntó que sería «lógico» que Barberá estuviera imputada.

El reparto del dinero ofrecía múltiples variantes. «En los despachos de la Diputación y el Ayuntamiento, en los coches o en restaurantes». Esta última era una de las vías preferidas y a menudo repetían en el mismo establecimiento. Las comisiones, según Benavent, eran de entre el 2% y el 3%. Él también se quedaba un pellizco. También fue preguntado por el eurodiputado del PP Esteban González Pons y su conocimiento de la trama. «Lo desconozco», respondió.

«Betoret estaba en la cocina de muchas cosas»

Estas declaraciones, en su mayor parte, se refieren a la pieza del caso Imelsa que todavía continúa bajo secreto; el grueso de las pesquisas efectuadas por los especialistas de la Guardia Civil. Benavent estaba citado ayer para ratificar su testimonio durante la fase inicial del asunto: el hecho de que se abonara una nómina a personas sin acudir a trabajar. «Se contrataba al libre albedrío. Eran favores a familiares y amigos», resumió. «Se asumían y se pagaban». No sólo apuntó al PP en este aspecto. Todos obtenían una buena tajada.

Alfonso Rus era uno de los que imponían las contrataciones. Según Benavent, indicó que esa orden se produjo en los casos de Ángel Sanchis -«Rus me dijo que no iba a ir a trabajar»-, Juan Antonio Sanz (Nuevas Generaciones) y Eva Sarrión. En este último caso su padre era amigo de Rus. Más evidente resultaba el caso de Mullor, el futbolista del Olimpic de Xàtiva que pagaba la empresa pública.

También Emilio Llopis intermediaba en esta práctica, aunque este, al parecer, tramitaba las peticiones de otros partidos como el PSPV. Y es que todas las formaciones se beneficiaron de estos contactos. Incluso a Rosa Pérez, la denunciante de EU, se le contrató un asesor, pero que sí que iba a trabajar, según el exgerente de Imelsa. No obstante, prefirió reservarse más datos acerca de Rosa Pérez para más adelante.

100.000 euros

Describió Benavent cómo se pactó la salida del histórico sindicalista de UGT, Honorio Estornell. El exgerente negó que fuera despedido y sostuvo otro relato. Fue el trabajador quien propuso su marcha. A cambio, pedía 100.000 euros -según la UCO más de lo que le correspondía-, que su hijo tomara el mando de la sección sindical y que se pactaran entre dos y tres contrataciones elegidas por él. Y así se hizo, según el ahora colaborador de la Fiscalía Anticorrupción. De igual modo, añadió que las prácticas irregulares continuaron con el sucesor. Su hijo «imponía contrataciones para llegar a acuerdos en la empresa», manifestó el declarante.

José Vedri, dueño de la agencia de comunicación Engloba, también se encuentra imputado en este asunto. Dos trabajadores de su empresa cobraban la nómina de fondos públicos de Imelsa. Vedri acudió ayer a declarar al juzgado y se acogió a su derecho a guardar silencio. Benavent unos minutos antes había confirmado que se le hizo este favor por una cuestión de amistad. La firma de Vedri atravesaba un mal momento económico y el exgerente quiso compensarle desde su puesto.

Ambos mantienen una buena relación, según ha quedado demostrado en los pinchazos telefónicos al empresario. De las mismas conversaciones se puede interpretar que Vedri desconocía los tejemanejes de la concejal de Cultura y Benavent. Tampoco la investigación judicial ha encontrado indicios de que Vedri llegara a pagar por explotar el centro cultural de La Rambleta, circunstancia que sí se sugiere en los audios intervenidos a la pareja de comisionistas.

Completó la jornada de comparecencias la entonces directora de Recursos Humanos de Imelsa, María Escrihuela, también imputada en esta pieza de la macrocausa. Quiso desligarse de cualquier irregularidad. Ella sólo se encargaba de los trabajadores que ya estaban en la empresa antes de su llegada. La empresa, en un informe enviado al juzgado de Instrucción 18, reveló en su día que al menos una decena de nóminas, que incluyen las de los dos principales investigados de la trama en la sociedad, se hacían al margen del departamento de Recursos Humanos. La orden supuestamente la dio Escrihuela.

El resto del caso

La responsable ha denunciado en otras piezas graves irregularidades en Imelsa. Por ejemplo, en el famoso call center amañado. Exigió que se penalizara a la empresa por incumplir el contrato al dejarse de atender 11.000 llamadas. Los principales imputados se negaron a sancionar a la mercantil beneficiada.

Un buen número de imputados solicitaron el archivo de esta causa recientemente. El juez lo rechazó a la espera del contenido de la declaración de Benavent. Ahora deberá tomar una decisión respecto a estas solicitudes. En algún caso, el magistrado ya adelantó que la petición estaba fundamentada.

Esta instrucción se encuentra ya muy avanzada. Se trata de una de las cuatro piezas separadas del tronco central de la investigación. El resto de sumarios analizan el blanqueo y delito electoral del PP, los amaños en el Ayuntamiento y las irregularidades en la adjudicación del centro de atención telefónica de la Diputación.