El juez rechaza el recurso de García Fuster y mantiene su imputación en Taula

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso Imelsa, rechazó ayer el recurso de reforma interpuesto por la exsecretaria del PP del Ayuntamiento de Valencia Carmen García Fuster contra su imputación por delito electoral.

Por otro lado, el magistrado Víctor Gómez ha citado a declarar a la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, a su exasesor Pedro Aracil, al exgerente de Imelsa Marcos Benavent y al empresario José Adolfo Vedri para que comparezcan como investigados en la pieza separada que investiga el supuesto amaño de contratos en el área de Cultura del Consistorio valenciano a cambio de comisiones ilegales.

Respecto García Fuster, cajera del grupo municipal del PP, el juez, que también investiga en la pieza separada sobre delito electoral un delito de blanqueo de capitales, rechaza los argumentos de la imputada y mantiene que el hecho de que no fuera administradora electoral de las candidaturas en los comicios de 2011 y 2015 «no impide que pueda ser investigada como posible cooperadora necesaria».

Según informó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el auto notificado ayer a las partes el juez precisa, no obstante, que tal delito «no se le está atribuyendo de modo definitivo, sino que se está abriendo la investigación, que le afecta, y por eso es llamada a declarar en calidad de investigada».

Por otro lado, el juez Gómez ha citado a declarar como investigados el 22 de septiembre a la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, a su exasesor Pedro Aracil, al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, y al empresario José Adolfo Vedri.

En la pieza separada en la que se investiga el supuesto amaño de contratos en el área de Cultura del consistorio a cambio de comisiones ilegales, deberán comparecer ante el juez el día 23 otros tres empresarios imputados, adjudicatarios de los contratos de mantenimiento de La Lonja y de las Torres de Quart.

En las diligencias del caso Imelsa se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en administraciones de la Comunitat: Diputación (a través de la empresa Imelsa), Ayuntamiento (a través de la conselleria de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa).