Las Provincias

Anticorrupción también pide apartar a dos magistrados de la visita del Papa

  • La fiscalía se suma a la recusación del PSPV y la Generalitat sobre López y Espejel por su estrecha relación con el PP

valencia. La Fiscalía Anticorrupción también ha pedido apartar a los magistrados Enrique López y Concepción Espejel de la pieza del caso Gürtel sobre la visita del Papa a Valencia, una vez se les recusó ya de una de las piezas principales de la trama y de la relativa a la caja B del PP.

Anticorrupción presentó un incidente de recusación sobre estos dos magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar la causa. La fiscalía se une así a la reclamación en el mismo sentido que han hecho el PSPV y la Abogacía de la Generalitat, que ejercen la acusación en esta pieza de Gürtel, al entender que sus relaciones con el PP pueden influir en su enjuiciamiento del caso.

Las tres acusaciones reclaman el nombramiento de nuevos jueces que por turno de reparto correspondan para el enjuiciamiento de esta causa, tal y como ya pasó con la pieza de la primera época de Gürtel que se juzgará en octubre y con la relativa a la caja B del PP que llevaba Luis Bárcenas, para la que aún no hay fecha de juicio.

En la causa relativa a la visita el Papa figuran como procesados, entre otros, el expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino, el ex director general de la televisión pública valenciana (RTVV) Pedro García o el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa.

El juez De la Mata dictó en mayo un auto en el que acordó sentar en el banquillo a 23 personas físicas y 13 jurídicas como responsables civiles por esta pieza de Gürtel en la que se investiga la contratación de la red liderada por Correa para instalar las pantallas y la megafonía que cubriría el recorrido del Papa por la capital del Turia. El Ministerio Público considera a Cotino como «elemento nuclear» en la toma de decisiones en la organización de la visita papal en 2006 y en su escrito de acusación le pide 11 años de cárcel por impulsar «activamente» la contratación de los dispositivos.