Las Provincias

Mari Carmen García Fuster y su abogado, ayer, a su llegada a los juzgados. :: jesús signes
Mari Carmen García Fuster y su abogado, ayer, a su llegada a los juzgados. :: jesús signes

García Fuster asegura que el PP provincial conocía la cuenta opaca

  • La cajera del partido dice que se hacían transferencias de 1.500 euros a la dirección, aunque la administradora electoral niega los traspasos y que supiera de la libreta

Las comparecencias judiciales de la exsecretaria del Grupo Municipal del PP Mari Carmen García Fuster y la administradora de la candidatura electoral Montserrat Tello -ambas figuran como investigadas por la financiación ilegal- evidenciaron el enfrentamiento existente en el Partido Popular.

Tello, que representa la línea oficial del partido, quiso mantener el cordón sanitario respecto a sus compañeros de Valencia, manchados por la sospecha del blanqueo de 50.000 euros y el posible delito electoral. Lo negó todo. La existencia de la cuenta del Grupo Municipal fue una monumental sorpresa para la dirección provincial del partido. Idéntica reacción generó la posibilidad de que desde ese depósito se abonaran gastos electorales.

La versión de García Fuster resultó completamente diferente. La investigada aseguró ayer que el PP provincial, dirigido entonces por Alfonso Rus, conocía la existencia de esa cuenta. De hecho, añadió que todos los meses recibían transferencias desde esa cuenta investigada (la del Sabadell) a otra del PP provincial (Banco Popular). Comprobar la veracidad de esta afirmación no parece complicado. De hecho, un informe solicitado por la defensa de la propia investigada -y que ya consta en la causa- recoge esos traspasos de 1.500 euros mensuales, según fuentes judiciales.

Esta mecánica varió en la última etapa, con Alfonso Novo ya al frente del PP de Valencia. Entonces se decidió que ese dinero se repartiera entre las diferentes juntas de distrito de la formación en la capital. De ahí, determinadas anotaciones en los cuadernos de Fuster respecto a Tránsitos y Abastos.

La responsable del Grupo Municipal añadió que también se pasaban las facturas, un indicio más de que la dirección provincial debía conocer esa libreta. Esta documentación se enviaba a la calle Quart, según la declarante.

La disparidad en las versiones continuó al negar Tello que se produjeran esas transferencias. Aseguró que únicamente recibía dinero del grupo de la Diputación de Valencia. En un momento de su comparecencia llegó a definir este asunto como «ciencia ficción política».

Fuster también ofreció explicaciones acerca de la campaña electoral de 2011. El juez sostiene en el auto de imputación que los hechos constituyen un delito electoral continuado (2011 y 2015). La responsable del Grupo recordó que la campaña de 2011 fue negociada por el entonces vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. Se contrató con la agencia Trasgos por un importe de cerca de 170.000 euros. Y también se dio traslado de la documentación.

La situación cambió en el último periodo. En 2015, García Fuster ya no realiza directamente los pagos, según indicó al juez. Se aparta de esta responsabilidad tras sufrir la pérdida de un familiar. Es María José Pi, su colaboradora que también está investigada, la que, al parecer, ordenaba los pagos cuando se lo indicaban los concejales.

La cajera del PP únicamente decidió responder a las preguntas de su letrado, lo que muestra un cambio de estrategia respecto a su última comparecencia. Entonces también aceptó las cuestiones del juez. Negó que se cometiera delito al no superar nunca el máximo de gasto electoral.

Tello únicamente admitió una reunión con García Fuster. Reconoció que organizó otro encuentro con responsables electorales del PP de ámbito local para transmitirles instrucciones de pagos en campaña. Indicó que se recordó la prohibición de realizar gastos al margen del control del partido. Allí no estaba la secretaria del Grupo.

Autorizados en la cuenta

De momento, sólo estas dos personas se encuentran investigadas por estos hechos. No obstante, la citación de Alfonso Grau se baraja como una opción probable, tal y como ya informó LAS PROVINCIAS. Llegó a figurar como autorizado en la cuenta sospechosa y, además, participó en la contratación de las campañas.

La libreta investigada es la misma en la que los cargos afines al PP colaboraron con 1.000 euros en la última campaña electoral. Los investigadores sostienen, en cambio, que esa cantidad se devolvía posteriormente en dos billetes de 500 euros. Cerca de medio centenar de personas se encuentran imputadas por un delito de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil concluye que el Partido Popular de Valencia usaba una de las cuentas del Grupo Municipal -la que escapaba supuestamente al control de la dirección y del Tribunal de Cuentas- para costear sus gastos electorales. El informe de la Guardia Civil apuntalaba los indicios del delito electoral, nombre técnico de la financiación ilegal de los partidos políticos.

Los agentes pidieron que se ampliaran las pesquisas a los miembros del Comité Ejecutivo del PP de Valencia del que forman parte los concejales investigados ya por blanqueo y algunos asesores, pero no García Fuster. Todavía no se ha acordado la comparecencia de estas decenas de responsables. Se ignora si lo harán como testigos o investigados.