El exdirector financiero de Imelsa, investigado también en la denuncia de Rus

Los problemas judiciales del que fuera director financiero de Imelsa José Enrique Montblanch se multiplican. No sólo figura como investigado en las piezas de las contrataciones irregulares de la empresa pública y la del famoso contrato del call center.

Ahora, el juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, el órgano que investiga la denuncia que en su día presentó la empresa por orden de Alfonso Rus contra Marcos Benavent por la presunta desaparición de unos 40.000 euros, también ha decidido que declare como investigado. Esta causa -la de menor volumen económico de todas las que afectan a la empresa de la Diputación- arrancó como un intento de distracción del propio presidente de Rus. El político, presionado desde diferentes frentes para que diera explicaciones, decidió presentar una denuncia en el juzgado.

La investigación de esta pieza ha permitido conocer el absoluto descontrol de los gastos con los cheques de caja. Pese a esta grave irregularidad y ser él uno de los responsables de las finanzas de la institución, admitió que no hizo constar por escrito las deficiencias en la contabilidad por miedo a ser despedido. De esta forma, se pudo registrar el cuantioso agujero de 20.000 euros en taxis y comidas sin justificar. Montblanch comparecerá como imputado por estos hechos.

Estas diligencias se encuentran en la fase final de la instrucción. El titular del juzgado ha decidido rechazar la petición de que se acumule esta causa al asunto principal, el que se sigue en el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia porque no existe conexidad entre los hechos investigados en ambos órganos judiciales.

La empresa pública también sospechaba de irregularidades en las nóminas de este directivo. Por ejemplo, en un informe se recoge cómo cobró en cuatro años más de 28.000 euros en dietas sin justificar o el repentino aumento del concepto de productividad justo unos meses antes de abandonar la sociedad pública.

La incorporación de los pinchazos telefónicos de José Adolfo Vedri a la investigación de los contratos del Ayuntamiento de Valencia, por otra parte, ha permitido conocer que la Guardia Civil también trató de controlar el teléfono del padre del exgerente de Imelsa y ahora principal colaborador de la Fiscalía, Marcos Benavent. Sin embargo, el juez denegó la intervención telefónica, según consta en la causa. Los investigadores habían solicitado las escuchas de dos números vinculados a Benavent pero finalmente se comprobó que ya no estaban en funcionamiento.

Las conversaciones telefónicas es uno de los asuntos que más preocupa al Partido Popular por las consecuencias políticas que puede tener la masiva difusión de esos audios. Se sospecha que los principales cabecillas de la trama tenían sus móviles intervenidos desde los primeros compases de las pesquisas.

Los audios interceptados al empresario, dueño de la agencia de comunicación Engloba, no resultan especialmente perjudiciales para su defensa. Sostiene que nunca pagó a Benavent, aunque no recuerda si pudo haber alguna conversación en la que se dejara querer, tal y como informó LAS PROVINCIAS. De hecho, se muestra sorprendido tras conocer los supuestos enredos en los que estaba inmersa la concejal Alcón. «De cultura ni idea, pero una fenómena para otras cosas», dice en una de las charlas grabadas.

Actualmente, la causa de Imelsa tiene cuatro piezas separadas. Por un lado, la investigación al Grupo Municipal del PP por el blanqueo de 50.000 euros, las contrataciones irregulares en Imelsa, el amaño del centro de atención telefónica de la Diputación y el cobro de comisiones por adjudicaciones en el Ayuntamiento de Valencia. La mayor parte del asunto, no obstante, sigue bajo secreto.

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